LA PLANTA REGASIFICADORA, UN DOLOR DE CABEZA

Piden citar a Vázquez, Mujica y Sendic por la regasificadora

Frustrado proyecto en Puntas de Sayago capitalizado con US$ 42 millones.

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Tabaré Vázquez, Raúl Sendic y José Mujica. Foto: El País

El presidente Tabaré Vázquez, el vicepresidente Raúl Sendic y el exmandatario José Mujica podrían ser citados a declarar en dos causas judiciales a pedido del abogado Gustavo Salle, quien llevó a los estrados dos causas con "apariencia delictiva": el proyecto de la planta regasificadora y la planta de etanol de Ancap. En estos casos el abogado propone y fundamenta la situación, lo que no obliga al fiscal ni a la jueza del caso a tomar ese camino en la investigación, explicó una fuente jurídica.

Según el denunciante, la gestión de la planta regasificadora "involucra la gestión de Sendic al frente del Directorio de Ancap, porque Gas Sayago es una sociedad constituida por Ancap y UTE".

Salle presentó originalmente una denuncia contra Sendic por la construcción de la planta en el año 2013, y también lo ha denunciado en su condición de presidente de Ancap por la planta de etanol de Paysandú. Y recordó que cuando hace pocos días el vicepresidente concurrió a una inauguración, declaró que todo lo hecho por él al frente de Ancap tenía el aval de Vázquez y Mujica.

"Esas obras tienen apariencia delictiva. En base a eso pido que se investigue a Vázquez, Mujica y también a Sendic", dijo Salle a El País.

"Durante el período que estuve en Ancap tuve siempre el respaldo de los dos presidentes con los que me tocó actuar. Nunca hice las cosas solo", dijo el vicepresidente en Pando luego de una visita a la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos.

Sendic indicó que también contó con el respaldo del Ministerio de Industria, el de Economía y de "todo el gabinete", que estaban en conocimiento de lo que se estaba haciendo en la gestión del ente petrolero.

"Estaban tranquilos de que la gestión que se estaba haciendo era necesaria en una empresa que hacía por lo menos treinta años que no tenía inversiones", enfatizó.

Acerca de la posible citación que recaerá sobre él, Sendic sostuvo que "sé que voy a ser citado y voy a ir con mucho gusto porque no tengo absolutamente nada para ocultar".

Añadió al respecto que "Ancap tiene una historia en blanco y negro y una novela en colores generada fundamentalmente desde la oposición para desvirtuar una gestión".

Esta semana, el Directorio de UTE encabezado por Gonzalo Casaravilla, presidente de la institución, concurrió a la comisión investigadora de Diputados sobre la frustrada planta de Puntas de Sayago. Y se espera que la semana próxima comparezcan las autoridades de Gas Sayago.

En la reunión, Casaravilla informó que el pasado 7 de marzo el Directorio que preside aprobó el balance de Gas Sayago. En el mismo, Casaravilla sostuvo que lo auditó una organización independiente. "Lo que arroja el balance de Gas Sayago es una capitalización del orden de $ 1.259 millones, aproximadamente US$ 42 millones. Si queremos hacer una cuenta rápida por todo concepto, hemos puesto aproximadamente el 80% de eso como aporte de UTE a Gas Sayago, es decir US$ 30 millones. El balance también informa que el estado de situación patrimonial, teniendo en cuenta los activos y los pasivos, y dentro de los pasivos también las deudas, es del orden de los US$ 15 millones".

De ese dinero, según Casaravilla, hay US$ 40 millones "que sabemos dónde están: los tiene el Estado. Alguien podrá decir que eso terminó siendo una transferencia. Desde el punto de vista técnico, al final termina siendo una transferencia entre UTE y Ancap al puerto, al Estado. El Estado tiene esa plata para futuras necesidades de estudio del puerto, etcétera", indicó en la reunión con los legisladores.

Consultorías.

En el mismo ámbito, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que "los trabajos de consultoría han tenido un costo muy alto. Por ejemplo, tengo la información —que cotejaré con Gas Sayago la semana que viene— de que el costo de los estudios geofísicos y de geotecnia (suelos y fondos marinos) que se encargaron un poco retrasadamente, a inicios de 2016, cuando la obra ya hacía un año que estaba detenida, y el del proyecto de ingeniería para lo cual fueron contratadas dos consultoras españolas, fue de US$ 10 millones".

Abdala apuntó que "lo lógico es que esos estudios se hubieran hecho antes, en 2012. Porque se comenzaron los trabajos de dragado sin esa información y eso hizo que se encontraran rocas no previstas, lo que trancó el trabajo de la apertura del canal de acceso a la terminal".

Una de las preguntas que le formularon los legisladores a Casaravilla fue si el hecho de no contar con la planta regasificadora podría modificar en algo la garantía de suministro de la demanda a los clientes de UTE. "No", respondió tajantemente. "La demanda está garantizada. La única diferencia entre tener la regasificadora y gas, y tener que hacerlo con gasoil, es que el gasoil es más caro".

Casaravilla: “Una fuerte reestructura está en proceso en Gas Sayago”

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, habló en la comisión investigadora del Parlamento sobre la reestructura encaminada en Gas Sayago. “Estamos en un proceso de fuerte reestructura, precisamente ajustándonos a la necesidad del proyecto”, explicó el jerarca a los legisladores de todos los partidos.

Un ingeniero y dos administrativos despedidos. Esa es la primera consecuencia del abandono del proyecto de la planta regasificadora en Puntas de Sayago por parte del gobierno, luego de una evaluación de la actividad de la empresa, parte propiedad de UTE y parte de Ancap.

Gas Sayago tiene un total de 22 empleados, de los cuales tres acaban de ser despedidos, confirmaron a El País fuentes políticas. La razón esgrimida para los despidos estaba cantada: reducción de costos. Gas Sayago tiene un costo anual de funcionamiento de US$ 4 millones, la mitad de los cuales (US$ 2 millones) se va en salarios.

Los despidos de funcionarios de Gas Sayago van a continuar porque la situación económico-financiera de las empresas socias, especialmente Ancap, no es la mejor y habrá envíos al seguro de paro.

La empresa “está siendo mantenida artificialmente. No tiene razón de ser”, dijo en su momento a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala, a instancias de quien se formó la comisión investigadora en el Parlamento.

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