También declararán Juan Pedro Damiani y Ricardo Alarcón.

El 18 de diciembre del año pasado, el diputado del sector Todos del Partido Nacional, Jaime Trobo, llamó al gobierno a que aclarase si, durante la administración de José Mujica, existió o no una intervención estatal en las negociaciones entre Nacional y Peñarol y la empresa Tenfield para que los clubes no se opusieran a firmar la extensión del contrato entre ese grupo y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

Dos días antes, el expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón (2006-2012), había dicho a El Observador TV que Mujica presionó a los dos clubes para que apoyaran la propuesta de Tenfield. "Hasta el Estado, el gobierno, presionó a Nacional y a Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos" de televisación, dijo.

Mujica desmintió los dichos de Alarcón. "Jamás le metí el dedo a nadie ni el poncho a nadie", sostuvo.

El expediente judicial sobre supuestas irregularidades en las negociaciones por los derechos de televisación del fútbol uruguayo estaba archivado. El abogado penalista Gustavo Salle solicitó la reapertura de la causa y presentó las declaraciones de Alarcón. "El fútbol es un espectáculo privado. Mujica sacó a policías de los estadios para sabotear la presidencia de (Sebastián) Bauzá en la AUF. Incidió en la negociación con Tenfield por derechos de televisación", dice la denuncia de Salle.

El abogado penalista solicitó a la Justicia que cite a declarar a Mujica, al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, a Alarcón y al dirigente de Defensor, Diego Franzini. El viernes 9, a pedido del fiscal especializado, Carlos Negro, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu, resolvió citar a Damiani y a Alarcón. Ambos concurrirán al juzgado el próximo 19 de julio para que testifiquen si hubo o no presión de Mujica durante las negociaciones por derechos de televisación del fútbol uruguayo.

La AUF aguarda con expectativa que la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, María Elena Mainard, libere los fondos congelados (US$ 3 millones) por la Justicia a Full Play, quien posee los derechos de televisación de la Selección Uruguaya. El fiscal especializado Luis Pacheco ya dio el visto bueno para ello. En dicha sede, la AUF alegó que necesitaba, en forma urgente, recursos económicos para poder cumplir sus obligaciones con el cuerpo técnico de la selección, futbolistas y funcionarios. La Asociación había vendido a Full Play los derechos sobre los partidos que Uruguay jugara de local en las Eliminatorias. A cambio, la empresa argentina se comprometió a pagar US$ 6 millones y ceder a la AUF los otros 81 partidos del clasificatorio sudamericano. A su vez, la AUF vendió a Tenfield por US$ 12 millones esos 81 encuentros para transmitir en Uruguay. A fines de agosto de 2015, la AUF resolvió rescindir de forma unilateral el contrato con Full Play.

La empresa recurrió a la Justicia y, a cambio de depositar US$ 1.700.000, que fueron congelados, logró mantener el contrato en pie. Cuando en mayo de 2015 estalló el escándalo que involucró a las máximas jerarquías de la FIFA y terminó con el uruguayo Eugenio Figueredo procesado, los empresarios Hugo y Mariano Jinkins, dueños de Full Play, quedaron en el centro de la polémica. Fueron acusados de pagar coimas a dirigentes de la Conmebol.

EL FÚTBOL EN LA MIRA