ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Penas más duras contra el narcotráfico

En Diputados votan el proyecto surgido del acuerdo multipartidario por seguridad.

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La ley es fruto del acuerdo de Vázquez con todos los partidos. Foto: G. Pérez

El Parlamento aprobará mañana martes un nuevo proyecto de ley que aumenta las penas para los delitos asociados con el narcotráfico. La iniciativa surgió en el acuerdo multipartidario convocado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el año pasado.

Se trata de la nueva ley de narcotráfico que hace que los delitos vinculados a esa práctica se conviertan en inexcarcelables.

Esto ocurre porque a todas las figuras de delito asociadas con el narcotráfico, desde la producción hasta la financiación, tránsito y comercio, se suben las penas mínimas para que los delitos vuelvan a ser inexcarcelables.

La vieja ley de narcotráfico es de 1974. Luego, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1998, se realizaron modificaciones llevando las penas mínimas por debajo de los dos años.

El proyecto establece que la pena mínima para los delitos de producción de sustancias psicoactivas será de dos años de penitenciaría, como mínima, y 10 años como máxima. De esa forma el delito se convierte en inexcarcelable.

El proyecto hace una excepción con el cannabis. El Poder Ejecutivo solicitó mantener un diferencial de penas con la producción y tráfico de marihuana, ya que en paralelo el Estado está avanzando en la legalización de la producción y consumo de marihuana.

Por eso el proyecto aclara que para los delitos asociados con el cannabis la pena mínima se establece en 20 meses y la máxima en 10 años de penitenciaría. Por este motivo puede lograrse la excarcelación.

"Es una de las cuatro leyes que salió del acuerdo multipartidario. Todo esto se procesó con bastante más lentitud de la que nosotros esperábamos. Hace más de un año que terminaron las negociaciones en Torre Ejecutiva y recién ahora estamos aprobando la tercera norma. Aún queda una más que está a estudio del Senado y también está algo lenta", dijo a El País el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

El proyecto ya fue votado en la Cámara de Senadores y no recibió modificaciones en la comisión de la Cámara de Representantes donde fue tratada, por lo que una vez sancionada en Diputados se convertirá en ley.

La iniciativa cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Sin embargo, en algunos sectores frenteamplistas el tema del aumento de penas como medida para combatir la inseguridad es cuestionado. Uno de los sectores que más ha planteado resistencia es el grupo de la senadora Constanza Moreira, Casa Grande.

Cuando el proyecto fue discutido y aprobado en la Cámara de Senadores, las senadoras Moreira y Daisy Tourné —del Partido Socialista y exministra del Interior— dijeron que votaban el proyecto a "disgusto" y aclararon que lo hacían "con más dudas que certezas", pero estaban respetando el acuerdo multipartidario encabezado por el presidente Vázquez.

En la misma línea argumentó la senadora Daniela Paysée, integrante del grupo del ministro de Economía Danilo Astori, Asamblea Uruguay, quien explicó que con solo aumentar las penas no se resuelve el problema de fondo.

"Aumentar las penas per se no soluciona le problema, y esa no es la política del Frente Amplio", aclaró.

A pesar de esto, la iniciativa legislativa contará con todos los votos del partido de gobierno para sancionar el proyecto.

Más cámaras para vigilar

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que avanzarán con el sistema de videovigilancia como política para luchar contra la inseguridad, y adelantó que a partir del 15 de octubre se colocarán en el área metropolitana 15 cámaras por día.

Actualmente hay instaladas 1.855 cámaras en todo el país y se proyecta colocar otras 4.095 en el plazo de un año.

Acciones en los pasos de frontera

El proyecto de ley plantea una coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en el sentido de "contemplar y brindar soluciones de tipo social para la mejora cualitativa de la lucha contra el narcotráfico".

Para este punto se decidió crear la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, y el Comité de Seguridad de los Pasos de Frontera que orbitarán en el Poder Ejecutivo y estarán integrados por el prosecretario de la Presidencia y los subsecretarios de Interior, Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, un representante del Banco Central y de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La comisión elaborará directivas y acciones integradas en un plan de combate al narcotráfico, que serán desarrolladas por los organismos integrantes de la nueva institucionalidad.

Por otra parte, el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera coordinará las actuaciones en materia de migración, aduana, represión del tráfico ilícito de drogas y el control de seguridad en puertos, aeropuertos y pasos de frontera.

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