El acuerdo incorpora un capítulo inédito de género para apuntalar participación comercial femenina.

El acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Chile llevó solamente ocho meses de negociación y se discutió con un perfil muy bajo pese a lo cual, con 19 capítulos, consolidará (si lo aprueba el Parlamento) un marco para la relación bilateral que ya era firme en virtud de acuerdos previos entre ambos países vinculados con la protección de inversiones, la desgravación arancelaria, la eliminación de la doble tributación y las compras gubernamentales.

Estas son algunas de las principales novedades que aporta.

Se crea un comité que trabajará en todo lo vinculado a la eliminación de las barreras técnicas al comercio. Marcos Soto, senior manager en Uruguay de Pricewaterhouse Coopers, explicó a El País, que al no existir ya barreras arancelarias entre ambos países podrían cobrar relevancia las barreras fitosanitarias o los denominados "obstáculos técnicos al comercio" como podría ser, por ejemplo, que las botellas de agua que eventualmente Uruguay pudiera exportar a Chile tengan determinado tamaño. El comité trabajará en la identificación y remoción de estas eventuales trabas y en la implementación de despachos aduaneros automatizados y en la documentación electrónica.

El capítulo 10 del acuerdo regula todo lo vinculado a la propiedad intelectual y ha generado preocupación en laboratorios uruguayos debido a que ambos países se comprometen a intentar rubricar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes lo que, según las empresas, podría resultar en el encarecimiento de medicamentos si hubiese que pagar "royalties" por ellos. Soto cree que los capítulos de propiedad intelectual pueden llegar a ser un "asimetría relevante" en los acuerdos que Uruguay firme debido a que en el país el nivel de patentamiento es relativamente bajo. "Hay que analizarlo a fondo. No hay que decir "no" por esto. Hay que leer la letra chica de los acuerdos. Siempre se establecen limitaciones vinculadas al interés público", destacó Soto. El punto 2 del artículo 10.5 establece, precisamente, que "podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual", apunta el especialista.

El acuerdo protege los derechos de autor, las marcas de fábrica, las indicaciones geográficas, las patentes, etcétera.

Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, explicó que "hay una corriente que entiende que los mayores niveles de protección en propiedad intelectual afectan el desarrollo, las políticas de salud pública por el aumento de los precios de los medicamentos y el aumento de la disparidad social; otros entienden que n fomentan la innovación y las buenas prácticas en algunos sectores y terminan impactando positivamente en el consumidor".

El experto advierte que "de pretenderse iniciar un proceso profundo de apertura y para obtener beneficios amplios en acceso en bienes y servicios, el país deberá progresivamente asumir la incorporación de mayores niveles de protección en este capítulo, ya que es el más sensible para las economías desarrolladas".

Ninguna parte podrá permitir que existan obstáculos al comercio por medios electrónicos. Las transmisiones electrónicas no pagarán derechos aduaneros. "Acá hay una desgravación expresa a lo que puede ser el comercio de software. Se genera un combo interesante para la exportación de software de Uruguay a Chile", considera Soto.

Bartesaghi destaca que "el comercio electrónico es una nueva forma de comercializar que crece por encima del de bienes y crecerá al 60% anual a partir del 2018, según la consultora McKinsey".

"Naturalmente que un país pequeño como Uruguay tiene que seguir estos temas con interés, especialmente porque no contamos con mayores restricciones y porque son enormes las potencialidades de crecimiento. Si bien es un tema que aún parece lejano, tiene especial relevancia en el comercio internacional actual y será uno de los temas centrales en los próximos años", sostuvo.

Soto cree que el acuerdo puede reforzar a Uruguay como "hub" logístico en la región. Las empresas internacionales podrían concentrar stock en Uruguay y exportar a la región y a Chile que está a 96 horas por vía terrestre.

Uruguay también podría participar de "cadenas de valor", es decir producir algún componente para la industria chilena. El componente entraría a Chile sin pagar aranceles y desde allí podría ser reexportado a otro país como producto terminado "aprovechando la red de tratados" del país trasandino, entiende Soto.

El acuerdo incorpora también un capítulo inédito sobre género que apunta a apuntalar la participación femenina en el comercio bilateral y otro que apunta a fomentar la cooperación entre las pequeñas y micro empresas.

Bartesaghi cree que "los impactos de los acuerdos en la actualidad ya no pueden ser analizados desde la visión clásica del comercio internacional, como por ejemplo la baja o eliminación de los aranceles, sino por el impacto positivo que en el entorno de negocios puede generar la armonización de normas en capítulos muy variados, que pueden tener efectos positivos en la concreción de negocios y en los encadenamientos en bienes y servicios".

"En definitiva, estamos en un mundo de reglas, donde el comercio de bienes, la inversión, los servicios, las transacciones financieras y el movimiento de personas, ya no pueden ser analizados por separado", comentó el experto.

Marcos Soto, senior manager en Uruguay de Pricewaterhouse Coopers considera que el acuerdo de liberalización de servicios es un bosquejo de lo que podría haber sido el TISA, de cuya negociación el gobierno uruguayo se bajó.

"Se liberan la inmensa mayoría de los servicios. Se da trato nacional e igualitario. Se exceptúan los servicios financieros y los de telecomunicaciones para no afectar a Ante.

Las empresas pueden prestar y contratar servicios libremente y por ejemplo una empresa chilena podría traer temporalmente personal de esa nacionalidad. Nos comprometemos a reconocer habilidades técnicas de ciertos profesionales a través de una licencia limitada", explicó Soto. De todas formas, algunas profesionales quedarán exceptuadas como los escribanos. La liberalización en este aspecto podría habilitar la realización de tareas de telemedicina desde Uruguay (si se cumplen con los permisos y reválidas correspondientes), explicó Soto. Y se podrían dar exámenes de reválidas de carreras vía electrónica.

"Hay que garantizar exámenes abiertos a la otra parte", señala el experto.

El tratado de libre comercio con Chile que se firmó la principios de mes en Montevideo establece la necesidad de que Uruguay adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y los laboratorios nacionales advirtieron que estas nuevas reglas facilitarán el monopolio, afectarán la competencia e implicarán a largo plazo un incremento en el precio de los medicamentos de alto costo, lo que dificultará su accesibilidad y perjudicaría al Sistema Nacional Integrado de Salud (Snis).

El presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, Alfredo Antía, dijo a El País que el hecho de que Uruguay adhiera a un tratado como este implica que aumente la cantidad de productos farmacéuticos patentados. Por ende, "la liberalización del patentamiento genera el monopolio y el monopolio el precio impagable".

"Hay que ser muy cautelosos a la hora de estudiar estos asuntos, porque está la salud de la población en juego", sostuvo Antía.

PORMENORES DEL ACUERDO