El fiscal de Corte Jorge Díaz pidió tiempo hasta noviembre al Parlamento.

Para los jueces y fiscales si se quiere modificar el Código del Proceso Penal se necesita una prórroga que evite su entrada en vigencia en dos meses. En la vereda de enfrente, el sistema político es reticente a seguir aplazando la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio.

El tema está planteado a partir de un proyecto de ley con modificaciones al proyecto aprobado en 2014. El texto fue presentado por el fiscal de Corte Jorge Díaz al Parlamento, quien pidió una prórroga hasta noviembre para la aplicación. Los cambios apuntan a "plasmar un sistema verdaderamente acusatorio", donde el fiscal dirija la investigación, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.

La iniciativa supone la derogación de la libertad condicional y plantea la necesidad del doble juez para cada proceso (uno para la apertura y otro para definir la condena) como forma de dar mayores garantías a los acusados. Este es el punto que genera más dudas, porque supone costos extras que no están contemplados en los US$ 15 millones otorgados por el gobierno al Poder Judicial para la implementación del Código.

Para evitar gastos que no fueron calculados, el Frente Amplio no está dispuesto a volver al sistema de dos jueces que plantea esta nueva iniciativa. Fuentes de la bancada indicaron a El País que la modificación propuesta por la Fiscalía de Corte "no parece lógica". Esto, porque preparar a magistrados requiere "sí o sí" de un refuerzo presupuestal.

El oficialismo es reacio a dar más plazo, pero "si no queda otra opción se podría conceder una nueva prórroga" para la aplicación del Código del Proceso Penal, "siempre y cuando fuera la última", señalaron a El País fuentes políticas. La decisión formal se adoptará en los próximos días.

En la misma línea que el Frente Amplio se ubican los partidos de la oposición. El senador Luis Alberto Heber dijo a El País que el Partido Nacional no está dispuesto a prorrogar la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal. "No queremos seguir aplazando, pero veremos qué se nos plantea como objeciones a ver si podemos votarlo rápido", subrayó.

En tanto, la senadora Cecilia Eguiluz (Partido Colorado) señaló a El País que está de acuerdo con modificar lo referido a la libertad condicional, pero no dispuesta a aplazar nuevamente la entrada en vigencia del código. "Entendemos que no se debe postergar, porque no es la señal adecuada", argumentó.

A su vez, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) se inclina por tener un "criterio restrictivo" con las postergaciones, aunque admitió que "hay que tomar en cuenta los nuevos planteos". "No tenemos una definición, fuimos impulsores de la entrada en vigencia del código en la comisión multipartidaria y obviamente nos importa avanzar lo antes posible", opinó en diálogo con El País.

Según explicó, lo que es "inminente" tiene que ver con el hecho de que el proceso infraccional adolescente queda desfasado en relación al proceso penal de los adultos. "Esto debería haberse puesto arriba de la mesa porque es un tema relevante; que aparezca ahora de una manera repentina nos preocupa y nos sorprende", reconoció Mieres.

"En definitiva nosotros no somos necios, no vamos a impedir si hay un criterio de que se necesita un tiempo más para poner en práctica al nuevo código, pero tienen que explicar bien por qué razón", afirmó. En tanto, reconoció que al ser un proyecto "tan extenso", el remitido por Díaz, resulta "más difícil" su rápida aprobación en el Parlamento.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo a El País que "es difícil sostener que entre en vigencia el Código del Proceso sin que se aclaren algunos puntos en forma rápida". Como ejemplo mencionó el criterio de doble juez contenido en el proyecto que remitió Díaz a la Cámara de Senadores.

"Hay una serie de cosas gruesas con las que estamos de acuerdo y hay también matices con este proyecto. Básicamente lo que preocupa es que se vuelva a la necesidad del doble juez para cada proceso, cuando eso se había dejado de lado por razones más bien presupuestales. Habrá que ver si es posible dar respuesta con los recursos que se estimaron por la Corte", indicó Reyes. En su opinión, este aspecto "puede ser una complicación" porque cambia "bastante" el diseño de la capacitación requerida para la implementación del nuevo código. Reyes comentó que la Asociación de Magistrados está analizando el nuevo texto y formalmente no se ha expedido.

En una situación similar se encuentra la Asociación de Magistrados Fiscales, que no tomó aún resolución formal sobre el tema, pero se inclina también por aplazar la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal. Las razones son diferentes y obedecen a las dificultades para la aplicación de algunos de los cambios propuestos.

El Observador informó que en una Asamblea de Fiscales se plantearon dudas sobre "detalles prácticos" sobre cómo van a trabajar los fiscales a partir del 16 de julio. Hay inquietudes por la instrumentación de las audiencias orales, sobre las cuales los fiscales no recibieron capacitación.

Asimismo genera preocupación que se disponga un solo fiscal de turno (con su equipo) para todo Montevideo durante la noche, lo cual es considerado "insuficiente".

El próximo martes, la comisión de Constitución del Senado se reunirá para tratar el proyecto de ley que deroga el delito de abuso de funciones. La iniciativa que fue presentada por el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y algunos legisladores de la oposición, ya tiene los votos para ser aprobada.

El Partido Colorado ya decidió que no votará.

La senadora colorada Cecilia Eguiluz dijo a El País que la derogación "tiene nombre y apellido" en referencia al exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia.

En tanto, el Partido Nacional todavía no fijó posición, ya que hay posturas encontradas sobre el tema. En principio pedirían una prórroga para no votar el martes.

VALERIA GIL

FISCAL DE CORTE SORPRENDIÓ AL PARLAMENTOVALERIA GIL