Están acusados de atentados contra la sede del Congreso.

La Fiscalía paraguaya solicitó el viernes a las instancias judiciales pedir a Uruguay la extradición de dos jóvenes opositores que pidieron asilo en el país, tras haber sido imputados por participar en los disturbios de marzo pasado en Asunción por la polémica aprobación del Senado de la reelección presidencial.

El documento insta al Juzgado Penal de Garantías librar un exhorto para proceder a la extradición de Luis Osvaldo Sánchez y Brian Martínez, quienes a mediados de este mes solicitaron asilo en Montevideo junto a Ruben Moisés Galeano y Daniel Aquino, todos ellos de las Juventudes del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

La Fiscalía informó en un comunicado que ese oficio deberá ser enviado también a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia para ser remitido a Uruguay a través de la Cancillería y de la embajada de Paraguay en el vecino país.

De acuerdo con la Fiscalía, Brian Martínez habría ingresado con varias botellas inflamables en la sede del Partido Liberal el pasado 31 de marzo, cuando grupos de manifestantes quemaron parte del edificio del Congreso como respuesta a la aprobación fuera de sesión del Senado del proyecto de reelección.

La Fiscalía añadió que Luis Osvaldo Sánchez habría elaborado bombas incendiarias de fabricación casera y permanecido con ellas en la sede de ese partido durante la noche del 31 de marzo y madrugada del 1° de abril.

Ambos fueron imputados por los hechos punibles de fabricación ilícita y hechos punibles y declarados en rebeldía.

La jornada de violencia del 31 de marzo en Asunción culminó la madrugada siguiente con la muerte del militante del Partido Liberal Rodrigo Quintana, de 25 años, por los disparos de un policía que ingresó por la fuerza en la sede partidaria. A principios de abril, la Fiscalía imputó a un total de 24 personas por los disturbios del 31 de marzo, que se registraron después de que un grupo de 25 senadores aprobara una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.

Extradición