TRAS POLÉMICO FALLO

OSE calificó de "disparate" sentencia que prohíbe corte del servicio

Milton Machado, presidente de OSE, indicó que el organismo se financia de lo que recauda de las tarifas de todos los usuarios.

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Milton Machado, presidente de OSE. Foto: Archivo de El País.

El presidente de OSE, Milton Machado, calificó este miércoles de "disparatada" la sentencia emitida por la Justicia que impide al ente cortar el servicio de agua potable por tratarse de una necesidad básica para la vida, informó Subrayado. 

"La sentencia nos parece un disparate, porque tenemos que recordarle a toda la población que el organismo se financia de lo que se recauda por tarifa a todos los usuarios en todo el país", indicó el presidente de OSE.

Si bien Machado acepta que el artículo 47 de la Constitución reconoce como un derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento, indicó que “nada habla de la gratuidad del servicio”, expresó. 

"Es muy distinto que el acceso sea un derecho humano, y OSE trabaja para poner en marcha y cumplir con ese mandato, a que a una persona que no paga la factura no se le pueda cortar el servicio", explicó y agregó "eso compromete a OSE en toda su gestión, dependemos de lo que se cobra por esa tarifa".

La sentencia se dictó luego de que una mujer presentara una demanda a la Justicia por el elevado monto que le había llegado en una factura y que no correspondía con su consumo habitual. 

La jueza de Paz, Susana Cardoso de Nicola, sentenció al ente a pagarle a la demandante más de $ 100.000 por lucro cesante, gastos y daño moral.

El fallo de Cardoso Nicola indicó que "de reiterarse en el futuro una situación similar a la ahora planteada, se dispondrá que la administración se abstenga de interrumpir el suministro de agua potable, debiendo recurrir a otras vías para satisfacer cualquier crédito que tuviera contra la parte actora".

Si bien la sentencia es aplicable al caso puntual y no se puede generalizar a todos los usuarios en la misma situación, sienta jurisprudencia y abre una puerta a futuras demandas.

De generalizarse, significaría además un cambio radical en la concepción de los servicios de agua potable y de saneamiento tal como se conciben a la fecha, y tendría lugar una interpretación al amparo de la norma constitucional (Artículo 47) de que tales servicios deberían ser igualmente prestados a todos aquellos que incurran en impago, cualquiera sea su causal, lo que podría llegar a suponer un subsidio por parte del gobierno para mantener las prestaciones.

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