Ruegan ante el Senado un aumento presupuestal para cumplir con las tareas más básicas.

El Poder Judicial y los organismos de contralor del Estado juegan su última carta ante el Senado para modificar la Rendición de Cuentas y lograr recursos adicionales que les permita llegar a fin de año y cumplir con las necesidades y objetivos más básicos. En todos los casos, la falta de presupuesto está resintiendo su labor y no hay dinero para fotocopias, lavar autos, hacer una mudanza o contratar técnicos para fiscalizar, por ejemplo, el manejo de las finanzas de los partidos políticos.

La Junta Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Suprema Corte de Justicia pasan penurias así lo han planteado ante las comisiones que estudian la Rendición de Cuentas.

El programa de recortes en que está embarcado el Poder Ejecutivo para cubrir el déficit en las cuentas públicas, que se prevé que será del 4,3% del Producto Bruto Interno (PIB) a fines de 2016, y que incluye un ajuste fiscal en la propia Rendición, paradójicamente ha atado de manos a los organismos encargados del contralor de los recursos públicos.

El Poder Judicial solicitó al Ministerio de Economía una partida de $ 26 millones para llegar al 31 de diciembre. Todavía no ha sido aprobada. Ni siquiera hay dinero para enviar los autos a lavar y se fraccionan las hojas para fotocopias, hay facturas impagas y el Día del Patrimonio no abrirá el Palacio Piria, sede de la Suprema Corte, porque no hay dinero para viáticos ni horas extras, admitió a El País el presidente de la corporación, Ricardo Pérez Manrique. "Tenemos un presupuesto que no alcanza para llegar a fin de año en el rubro gastos, inversiones y servicios públicos. Se está reduciendo por todos lados, se trabaja con los pocos recursos que van quedando", reconoció.

El Poder Judicial, que tuvo un duro enfrentamiento con el anterior gobierno por la declaración de inconstitucionalidad de diversas leyes, no tuvo incrementos presupuestales en las últimas dos Rendiciones de Cuentas del gobierno de José Mujica, ni en el Presupuesto diseñado por la actual Administración ni en esta instancia de Rendición de Cuentas. "Nos manejamos con valores de 2010 y es obvio que los fondos son absolutamente insuficientes para mantener un servicio normal", agregó Pérez Manrique.

El Tribunal de Cuentas, encargado de verificar la legalidad de todos los gastos y procedimientos de contratación en el Estado, no puede instalarse en las nuevas oficinas porque carece del dinero para pagar la mudanza y afrontar mayores gastos por luz, agua, teléfono, mantenimiento, limpieza, etc. En consecuencia, debe trabajar en oficinas que limitan la calidad de su servicio. En el Tribunal trabajan 382 personas y el presupuesto asignado en 2015 llegó a US$ 19,2 millones.

El Tribunal no tiene recursos para llegar holgado a fin de 2016. En consecuencia, solicitó a Economía una partida adicional de $ 12,5 millones (US$ 430.000), pero solo le aprobaron $ 9,3 millones.

"Todos los años estamos en esa búsqueda de soluciones con el Ministerio (de Economía) para poder sobrevivir razonable y mínimamente durante el período anual", dijo ante el Senado el presidente del Tribunal, Siegbert Rippe.

Uno de los casos más acuciantes es el de la Junta Anticorrupción. Es asesora de la Justicia en materia de corrupción en la órbita pública y encargada de recepcionar las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos.

En la Junta trabajan 20 funcionarios: ocho presupuestados y 12 que están en comisión de otros organismos. El crédito otorgado para gastar en 2015 fue de US$ 724.402, según la Rendición de Cuentas.

El jueves 18, las autoridades de la Junta solicitaron en la comisión del Senado un incremento del 50% de su presupuesto anual y cinco funcionarios en pases en comisión (no generan un costo adicional) para poder cumplir con sus cometidos más básicos. En dinero representa $ 27.000 más por día, claves para el cabal cumplimiento de sus cometidos. El gobierno no le otorgó recursos en esta Rendición de Cuentas. Algunos aspectos importantes en la labor de la Junta, como su participación en eventos internacionales, están en riesgo.

Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, reconoció en la comisión de Presupuesto del Senado que es urgente la necesidad de contar con recursos que garanticen la protección al Registro Cívico Nacional. Además, dijo que se necesitan fondos para cumplir a cabalidad con el contralor de las finanzas de los partidos políticos. El Poder Ejecutivo desestimó el mensaje presupuestal que elaboró el organismo.

Penco explicó tienen un déficit presupuestal en gastos de funcionamiento. Destacó que "esos recursos no se incrementan desde hace más de diez años y los gastos han aumentado". La Corte necesita más dinero para algo tan básico como fundamental: la protección del Registro Cívico. "Estos sistemas, que son electrónicos y han sido puestos en marcha, requieren de los recursos necesarios para su mantenimiento", precisó.

También necesita más auditores para analizar el manejo de las finanzas de los partidos políticos. La Corte Electoral cuenta con tres contadores que se encargan de la gestión contable del organismo de modo cotidiano y en cada proceso electoral. "Esos tres contadores son absolutamente insuficientes para poder profundizar en la auditoría de los partidos políticos", puntualizó Penco.

Corte Electoral: una función clave que no pueden cumplir a cabalidad.

La ley dio a la Corte Electoral la potestad de recibir las rendiciones de cuentas de los partidos políticos en campaña. Sin embargo, no puede controlar por falta de recursos y personal si lo que allí se detalla como donaciones particulares, financiamiento público y montos recaudados en eventos organizados por los partidos es verdad.

Tribunal de Cuentas: un órgano clave que parece invisible.

Observa una de cada dos compras y licitaciones en el Estado. La mayoría de las veces, los ordenadores del gasto no atienden sus resoluciones. Tiene cada vez menos funcionarios, que trabajan en habitaciones mal iluminadas, en un régimen de dos por escritorio y hasta en distinto horario por problemas de espacio.

Junta Anticorrupción: ruega por $ 27.000 más por día para trabajar.

La Junta Anticorrupción tiene un presupuesto anual que apenas supera los $ 650.000. En la Rendición de Cuentas pidió al Parlamento que le apruebe un refuerzo que implica unos $ 27.000 más por día. Sin embargo, parece difícil que le sea concedido. La participación del organismo en eventos internacionales está en riesgo.

El Servicio de Justicia resentido: no hay plata ni para lavar los autos.

El Poder Judicial comenzó a dar señales preocupantes. Suprimió trece juzgados de paz por falta de recursos y fracciona las hojas para hacer fotocopias y no envía los autos al lavadero. El presidente de la corporación, Ricardo Pérez Manrique, dijo a El País que el servicio de justicia se está resintiendo. Pidió recursos adicionales pero aún no lo recibió.

El presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, admitió que "el servicio de Justicia se está resintiendo por falta de recursos". Dijo a El País que hay problemas hasta para sacar fotocopias. Además, señaló que hay programas de desarrollo informático que están detenidos porque no hay dinero. "No llegamos, estamos luchando para mantener el servicio con los recursos que hay", indicó.

Lamentó que la falta de recursos impida cumplir con compromisos elementales. "Es una pena que con un presupuesto de 4.000 millones de pesos no podemos hacer la jornada del Patrimonio porque no hay dinero para horas extras y viáticos, el problema es que esos rubros están absolutamente exhaustos".

En enero, La Suprema Corte de Justicia creó un comité de crisis con el cometido de resolver, en función de las necesidades del servicio, los temas que son prioritarios y para los que necesariamente se debe destinar crédito presupuestal, así como los que se postergan o no se pueden realizar hasta tanto se disponga de un refuerzo del presupuesto 2016.

Los organismos que se encargan de controlar la gestión en el Estado reciben al año un presupuesto total de US$ 67 millones.

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó los casos de corrupción en la Armada que derivaron en una denuncia penal con el procesamiento de oficiales y proveedores por compras simuladas. La falta de recursos impide aumentar las auditorías sobre diferentes reparticiones del Estado.

Con más recursos y la potestad correspondiente podría iniciar investigaciones de oficio y abrir, de forma aleatoria, declaraciones juradas como forma de disuadir conductas inapropiadas en la gestión pública.

No tiene recursos para verificar que lo que los partidos políticos declaran como aportes para las campañas electorales sea verdad.

Carece de recursos apropiados, tiene cada vez menos personal y malas instalaciones. Sus fallos casi nunca se respetan.

CUANDO EL DINERO FALTADANIEL ISGLEAS