CONTRA RELOJ

Oposición ve varios cabos sueltos en nuevo código

Discusión de los cambios del proceso penal evidencia diferencias en el FA.

El nuevo Código Penal debió entrar en vigencia en junio pasado. Foto: G. Perez
El nuevo Código Penal debió entrar en vigencia en junio pasado. Foto: G. Perez

Se supone que el próximo 1° de noviembre tiene que entrar en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal y no hay ambiente para una nueva prórroga (la última se decidió en julio), pero en la oposición advierten que se está teniendo que legislar a las apuradas y dejando muchos cabos sueltos.

De hecho, recientemente el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, el colorado Ope Pasquet, planteó que se sondeara en las distintas bancadas la posibilidad de una nueva postergación. "No había ningún ambiente así que seguiremos y las cosas saldrán como saldrán", dijo Pasquet a El País.

El Partido Nacional "está comprometido con la fecha del 1° de noviembre más allá de que a poco que esto comience a andar van a surgir defectos que no habíamos advertido o insuficiencias de distinto tipo, pero hay que empezar y si hay que corregir algo después del 1° de noviembre se corregirá", comentó por su lado el diputado Pablo Abdala.

Sin embargo, hay aspectos claves a precisar en los que se insinúan matices dentro del propio gobierno. Hoy la prisión preventiva puede ser como máximo de un año para los mayores y esto en principio se aplicaría también para los menores cuando cometan delitos graves. Sin embargo, una delegación del Consejo Consultivo de Derechos del Niño, encabezada por la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, planteó en la última reunión de la Comisión que eso sería un enorme retroceso porque los 90 días actuales son un plazo adecuado para que el juez decida la libertad, o medidas sustitutivas o un plan socioeducativo con privación de libertad.

"El Poder Ejecutivo tiene dos caras. Por un lado, el Poder Ejecutivo que negocia las reformas del Código del Proceso Penal o que trabaja en la reforma del código y por otro el Poder Ejecutivo que desarrolla las políticas de los menores que está en contra de las modificaciones que se aprueban. Ahí está la mano del Ministerio del Interior y hay falta de sintonía con el Mides, el Inisa y el Inau", señaló Abdala.

Pasquet marcó otro aspecto que debería modificarse en la discusión. "Para los mayores en ningún caso será preceptiva la prisión preventiva, pero para los menores, si se les imputan tales delitos, tiene que haber prisión preventiva de por lo menos un año. Esa disparidad de criterios en perjuicio de los menores me parece que la vamos a tener que corregir", consideró Pasquet, que ve "una falta de coordinación brutal", en el seno del gobierno en este tema "y que eso complica más la tarea".

Los plazos.

A Pasquet le preocupan mucho los plazos que tiene el Parlamento para aprobar las modificaciones.

"El Senado aprobó también otro proyecto con más de 30 modificaciones al CPP que nos va a venir a nosotros y estamos a menos de un mes. No están las normas del código, falta la ley completa, la estamos modificando a las corridas, contra reloj. Y tampoco le estamos dando tiempo a los operadores para que se familiaricen con esto. Los abogados defensores, ¿cuándo se van a juntar con el código completo para leerlo tranquilos, estudiarlo y disponer todo lo necesario para que esto funcione bien?", se preguntó.

"La preocupación política que compartimos es que se ha venido legislando de manera un poco desordenada, por parches", comentó Abdala.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a El País, por su parte, que "si en Diputados no hay cambios, cerramos el tema (...) El objetivo es llegar y en eso estamos".

El nuevo código establece un sistema que será oral, público y acusatorio en el que los fiscales deberán llevar adelante las investigaciones y ya no lo harán los jueces, que fallarán.

Ya se acordó la eliminación de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena. Se definió un régimen de transición para las causas que están en trámite ya que se estableció que los procesos que comenzaron antes de la vigencia del nuevo código se van a seguir rigiendo por el anterior.

También se modificaron las competencia de los jueces de Ejecución y Vigilancia que están a cargo de la ejecución de las sentencias.

Abdala explicó que "el Ministerio del Interior quería en algún sentido recortar las facultades del juez y aumentar las facultades de la autoridad carcelaria, pero llegamos a un acuerdo y el juez va a seguir controlando los traslados y las salidas transitorias", explicó Abdala.

Dudas.

Pasquet entiende que hay otros aspectos a aclarar. "En el viejo código las personas tienen derecho a la libertad condicional y eventualmente a la suspensión condicional de la pena. El proyecto que votamos el martes elimina de raíz la competencia de los jueces para otorgar la libertad condicional y la suspensión provisional de la pena. Lo que yo pregunté es: si eliminamos la competencia de los jueces y una persona está en situación de recibir la libertad condicional porque fue procesada el mes pasado y la solicita; ¿quién decide si no hay juez para hacerlo?", señaló.

"O inclusive si la persona es puesta en libertad condicional después del 1° de noviembre y ya con la vigencia del nuevo código comete un nuevo delito ¿corresponde revocar la libertad condicional que se le otorgó y disponer que vuelva a la cárcel a cumplir el saldo de pena que le queda? ¿Quién lo dispone si eliminamos la competencia de los jueces para hacerlo?", preguntó Pasquet. "Todo esto no está resuelto", avisó.

Cientos de expedientes cambian de juzgados.

Centenares de expedientes se agrupan en cajas en las salas de espera de los juzgados. El Poder Judicial resolvió el cierre de algunas sedes y sus jueces pasarán a ser titulares de juzgados que funcionarán con el nuevo Código del Proceso Penal, cuya vigencia está prevista para noviembre de este año. Abogados se quejan que, desde hace un mes, los casos de sus clientes no pueden ser atendidos debidamente. La Suprema Corte ya anunció que está lista para operar con el nuevo Código del Proceso Penal.

CPP

Sindicato podría obstaculizar la entrada en vigencia

Otra nube se cierne sobre la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que hace años reclama una millonaria deuda del Estado con los trabajadores judiciales, tiene una batería de medidas a estudio entre las que está el bloqueo de la aplicación del nuevo código. De todas formas, esa no es la primera opción a estudio, aunque no se la descarta, dijo a El País el secretario general del gremio, Richard Auzcarrain.

La primera opción que baraja el sindicato es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas que habilitó al Estado a postergar el pago de las sentencias favorables con que ya cuentan los trabajadores. "Lo vamos a llevar a la asamblea (el 11 de octubre) y estamos coordinando con la Asociación de Actuarios que hicieron juicio al igual que nosotros. Tenemos prácticamente terminado el escrito. Yo no tengo dudas que se va a aprobar esto", señaló Auzcarrain. El sindicato cree que en ocho o nueve meses la Suprema Corte podría declarar inconstitucional el artículo cuestionado. Aun así, el recurso de inconstitucionalidad "no excluye" otras posibles medidas como podría ser obstaculizar la aplicación del nuevo código, señaló. El sindicato mantuvo un contacto informal con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para destrabar la situación.

Por otra parte, en el Senado la oficialista Constanza Moreira no logró introducir modificaciones que hicieran más benévolo el tratamiento penal de los menores. La oposición cree que el grupo IR, que responde a Moreira, podría proponer modificaciones en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes donde está representada por el diputado Martín Couto. Esa comisión volverá a reunirse el martes próximo. Si no hace muchos cambios a los proyectos que le envió el Senado, el código, tan postergado, comenzaría su vigencia.

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