Expresidente de la empresa explicó que fue un convenio entre gobiernos

La oposición cuestiona el empleo de técnicos cubanos en ALUR

Los contratos, las remuneraciones y las fechas en que trabajaron en Alcoholes del Uruguay (ALUR) una veintena de técnicos cubanos, es la información solicitada por senadores de la oposición a Ancap en la reunión que el jueves 26 celebrara la comisión investigadora del Senado sobre la petrolera estatal.

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La comisión intenta aclarar la magnitud y la razón de los negocios de Ancap.

ALUR es en un 90% propiedad de Ancap y un 10% de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Los senadores Álvaro Delgado y Pedro Bordaberry formularon una serie de preguntas al expresidente de ALUR, el actual senador de la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, Leonardo De León. El legislador oficialista explicó a los senadores que en 2006, "en el marco de la cooperación entre gobiernos, entre varios aspectos como el tema oftalmológico, se estableció que existiría cooperación porque estábamos entrando en lo que implicaría la transformación del complejo azucarero en un complejo agroenergético".

Relató que en el marco de ese convenio, ALUR tuvo apoyo del entonces Ministerio del Azúcar de Cuba —ahora Azcuba, una empresa—, del Instituto de Ciencia Animal, del Instituto de Investigaciones de Caña de AzúcarInica, entre otros".

Según él, la cooperación ha dado resultados. "Ha habido una mejora en el rendimiento, así que mucho tiene que ver la cooperación cubana". La información sobre el número de técnicos que han estado tanto en la parte industrial como en la agrícola será enviada a la comisión investigadora, prometió De León.

Bordaberry preguntó si estaban contratados, es decir con un sueldo, o la cooperación era sin costo. Delgado sostuvo que tiene información de que los técnicos eran una veintena y que tenían "remuneraciones muy elevadas".

"Hay contratos", respondió De León, "pero no sé si al final el técnico tiene remuneración, no conozco los mecanismos que tiene Cuba para resolver en la interna ese tema. Los contratos no eran entre las personas y ALUR, sino entre las instituciones cubanas y ALUR", agregó.

Periféricos.

A su vez, Delgado preguntó por lo que consideró un costo "elevado" en gastos administrativos derivados de la instalación de los periféricos de la planta de Bioetanol de Paysandú. Los costos de los periféricos a la planta fueron casi el 70% del total de la obra, cuyo valor final ascendió a US$ 147 millones.

Para instalar los periféricos a la planta de etanol —silos, depósitos y otras obras que costaron casi US$ 60 millones— a lo largo de un año y medio, Ancap pagó US$ 4,3 millones por gastos de administración.

Según el gerente general de ALUR, Manuel González, "tuvimos que crear un equipo de unas veinte personas que llevara adelante la ingeniería y la contratación de todas las empresas —más de veinte— que participaron en los periféricos. Para eso hubo que alquilar una oficina, contratar a profesionales que llevaran adelante la ingeniería, la contratación, la selección, el control de la obra, contratar a prevencionistas para los temas de seguridad". Era, para él, "el equipo necesario". Bordaberry dijo que según sus cálculos, si fuera un año de trabajo, da un sueldo promedio de US$ 18.000 por cada uno de los veinte contratos.

ALUR.

En la reunión, De León explicó que la inversión de Ancap en los cuatro proyectos de ALUR fue de US$ 247 millones. Esos proyectos son: las transformaciones de la planta de la ex Calnu en Bella Unión, las dos plantas de biodiésel y la planta de bioetanol de Paysandú.

Otra objeción al funcionamiento de la planta de Paysandú provino del senador nacionalista Jorge Saravia, quien dijo que la producción anual de 70 millones de litros al año divididos por los US$ 147 millones que costó la planta, da un valor de US$ 2,10 por litro producido. Y recordó que tanto el ministro de Economía Danilo Astori, como el anterior jerarca de la cartera, Fernando Lorenzo, habían advertido sobre lo elevado de los costos, bastante por encima de los precios internacionales del producto.

Mieres: "Claramente es clientelismo político".

nEl 26 de octubre de 2014 la lancha de tráfico marítimo "Keninek" partió raudamente hacia la Zona Delta, a unas 60 millas náuticas del puerto de Montevideo. Por orden de Ancap, ese día en que se celebraban las elecciones nacionales, la empresa estatal arrendó la embarcación para que fuera a buscar a siete operarios y los trajera a Montevideo a votar. Tras cumplir con el voto, la lancha los volvió a llevar a altamar.

La situación fue planteada ayer en la comisión investigadora del Senado sobre Ancap por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, quien pidió información a la Prefectura Nacional Naval (PNN) sobre el episodio.

En particular, quiere confirmación del movimiento de la lancha "Keninek" en el día de las elecciones nacionales. "Es claramente un caso de clientelismo político", dijo en la reunión.

Según la información en poder de Mieres, Ancap pagó por el alquiler de la embarcación entre US$ 12.000 y US$ 25.000. El patrón del buque Bluefin, que se encontraba en la zona, se negó a traer a los operarios, contó el senador en la reunión.

La comisión investigadora continuará trabajando hasta el 18 de diciembre, según se acordó en la reunión de ayer. La decisión se oficializará el lunes 30, durante la sesión del Senado donde se comenzará a analizar el proyecto de ley del Presupuesto quinquenal.

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