Presidente de la Corte dice que no hay condiciones para aplicar el nuevo proceso penal.

El acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos para limitar las libertades anticipadas y la aplicación del nuevo proceso penal, fue recibido ayer con cautela por operadores judiciales, que en principio no ven que estas medidas por sí solas vayan a mejorar la seguridad pública.

El gobierno y la oposición acordaron que quienes hayan recibido sentencia y reincidan cometiendo un delito grave perderán la posibilidad de acogerse al beneficio de la libertad anticipada. Estos delitos serán: homicidio, narcotráfico, lesiones graves y gravísimas, rapiñas, copamientos, secuestros, violaciones y hurtos especialmente agravados. Los partidos políticos con representación parlamentaria también acordaron que en 2017 se aplicará el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en dos etapas (una en febrero y otra en julio) y que se comenzará con los procesos abreviados en caso de delitos considerados no graves.

El ámbito multipartidario abordará ahora cambios en las salidas transitorias y algunas ideas del Partido Nacional que apuntan a endurecer las penas para los delitos vinculados al narcotráfico (para que sean inexcarcelables) y a modificar el Código de la Niñez y de la Adolescencia para aumentar su severidad con los menores que hayan cometido violación, rapiña u homicidios.

En las negociaciones con el gobierno, el Partido Nacional logró incorporar algunos delitos en la lista de los que se limitarán las libertades anticipadas en caso de reincidencia, como el de lesiones graves y gravísimas y el tráfico de pasta base.

Según el anuario estadístico del Poder Judicial, a diciembre de 2014 de los casi 10.000 presos que hay en Uruguay el 52% se encontraba sin sentencia. El 56% de los presos en Montevideo tenía sentencia dictada, mientras que en el interior era del 40%.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ratificó la posición del Frente Amplio de no aumentar las penas a los delincuentes, como plantean sectores de la oposición. "No se trataba de incluir aumento de penas como receta", dijo Bonomi luego de participar de un evento de Somos Uruguay.

Si no puede ver la gráfica haga click aquí

"Hay una cantidad de delitos que tienen penas adecuadas pero no se cumplen nunca. Más que aumentar las penas, por ejemplo en rapiña de 16 a 20 años cuando hay gente que está saliendo en meses, hay que hacer que se cumpla la pena prevista", indicó.

El ministro agregó que para la rehabilitación no bastan cinco o seis meses en la cárcel.

Bonomi explicó que jurídicamente un reincidente es aquel que vuelve a delinquir una vez que fue penado. "Nosotros conocemos casos en que estuvieron siete veces procesadas con prisión por un delito especialmente agravado y nunca son reincidentes porque son liberados antes de ser penados", indicó.

El ministro dijo que esto no significa aumentar las penas, sino "asegurar que se cumpla la prevista".

Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo ayer al programa Arriba Gente de canal 10 que no será posible aplicar el nuevo Código del Proceso Penal a partir de febrero de 2017. "En estas circunstancias no estamos en condiciones de poner en marcha nada. Necesitamos más jueces, reforzar el sistema de defensa público", señaló.

Pérez Manrique indicó que "tiene que haber una concientización de la gente de cómo va a cambiar el sistema penal porque el indagado tiene derecho a esperar la sentencia en libertad, salvo circunstancias excepcionales".

"Nosotros no nos animamos a decir que la gente va a estar más segura a partir de la aplicación del este sistema. Nos preocupa que si no se aplica en las condiciones necesarias, termine perdiendo legitimidad ante la gente", añadió.

El fiscal penal Gustavo Zubía dijo ayer a El País que está de acuerdo con recortar las libertades anticipadas a los reincidentes. "Creo que hay que recortar mucho más las libertades de los presos que reinciden. También hay que recortar la libertad condicional (porque recibe la sentencia en libertad) y la suspensión condicional de la pena", sostuvo.

"El Ministerio del Interior utilizó el criterio de no darle ventajas de libertad anticipada a los reincidentes. Se constató que hay un alto grado de presos reincidentes. Considero que estos no pueden tener ventajas de libertades anticipadas, libertades condicionales ni suspensión condicional de la pena. Hay otro tipo de salidas transitorias, educativas, familiares o laborales que también hay que limitar, ya que al día de hoy por transitorias se puede gozar de varios días de licencia a la semana. Hay casos de delincuentes que delinquen en las transitorias", dijo Zubía.

Por su parte, el juez penal Ricardo Míguez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, puso en duda la efectividad de la prohibición de la libertad anticipada a los reincidentes de delitos graves, y dijo que la Suprema Corte de Justicia ha aplicado con prudencia este beneficio.

"La situación de los delitos no proviene por el mayor o menor tiempo de reclusión por parte de un individuo. Es mentira que cuanto más tiempo esté en prisión el problema se soluciona. Muchas veces no se cumple la profilaxis del delito y el interno reincide. A veces es difícil que se recupere porque no consigue trabajo afuera. En otras ocasiones tiene una familia que lo contiene y sale adelante", indicó el juez a El País.

Para Míguez, la solución pasa por la "prevención y la rehabilitación de los presos". "A veces no hay medios necesarios en las cárceles para rehabilitar a los internos. En el imaginario colectivo se habla de que las cárceles son una escuela del delito. A veces hay que darle la razón a ese imaginario", sostuvo.

Ayer, entrevistado por El País TV, el líder de la Concertación, Edgardo Novick, consideró "muy importante" para los partidos políticos el ámbito de diálogo que abrió el presidente Tabaré Vázquez. "Ayer (por el martes) casi en un 90% estuvimos de acuerdo todos", dijo Novick, para quien la seguridad pública "no es un tema de derecha o de izquierda".

"El presidente nos convocó y tratamos de dar herramientas porque ellos dicen que esto va a ayudar a la policía. Ahora la pelota está en la cancha del gobierno. La policía va a tener que demostrar que puede gestionar bien este problema que angustia a los uruguayos. Eso está clarísimo", sostuvo Novick.

Para el líder de la Concertación "puede ser que el aumento de penas sea bueno", aunque sostuvo que primero hay que cumplir con las vigentes. "Ni siquiera se cumplen las penas actuales. Empecemos por cumplir lo que está", afirmó.

Anoche en Colón, en el marco del ciclo "Larrañaga y la gente, juntos", el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, también valoró el diálogo con el gobierno, pero adelantó que insistirá en los proyectos que penalizan más severamente a los traficantes de droga. "El que comercia con droga debe estar preso, el que usa un hogar para vender droga debe estar preso y eso no se trata de mano dura o mano blanda, se trata de aplicar justicia", sostuvo Larrañaga.

"Parece ser que los sectores del Frente Amplio tienen una vincha ideológica que les tapa los ojos. No están ayudando al presidente de la República en el diálogo por la seguridad, ponen primera y marcha atrás de forma permanente. Siempre terminan triunfando los no en la bancada de Frente Amplio, que ofician de veto a las iniciativas de la oposición", sostuvo.

Larrañaga contó que en oportunidad del acto por el recordatorio del Holocausto la semana pasada, habló con el presidente Vázquez y este le dijo que estaba de acuerdo en impulsar que militares pudieran custodiar embajadas, oficinas públicas y de esa manera poder liberar policías para patrullaje.

A la ministra de Industria, Carolina Cosse, la consultaron ayer en un evento de Somos Uruguay sobre la compatibilidad entre el impulso a la industria local que predica el gobierno y la compra de uniformes por más de US$ 4 millones a China que hizo el Ministerio del Interior y fue observada por el Tribunal de Cuentas.

"Estoy al tanto, fui informada y hemos promovido reuniones para conversar este tema", respondió. Pero, además, señaló que la utilización de las compras estatales para fomentar la industria nacional es "una herramienta que no hemos usado".

Añadió que "es una cultura que debemos construir con los distintos mensajes todos", y en ese sentido explicó que es algo que no se logra "con una medida o una ley".

Señaló que a veces resulta difícil cumplir con las industrias uruguayas por aspectos normativos. "Hay veces que es más fácil comprar algo llave en mano o un producto completamente terminado que dividido en partes (de producción local). Eso hay que trabajarlo y forma parte de la agenda del Ministerio de Industria, Energía y Minería", detalló.

A su vez, Cosse planteó que se debería revisar la normativa, la forma de redacción de los pliegos licitatorios para las compras, y "dar potestades a organismos para que intervengan" ante situaciones de conflicto. Porque apuntó que actualmente "si una empresa pública no compra a la industria nacional habiendo productos no pasa nada".

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, también se refirió al tema en rueda de prensa y explicó que como se trata de "compras muy grandes" destinadas a todo el personal policial, las licitaciones se declaran desiertas o "nos proveen de ropa china con grifa uruguaya".

Remarcó que adquiriendo la vestimenta directamente en China "nos ahorramos cuatro o cinco millones", y pidió que "no se diga que se compra en China y no en la industria uruguaya".

El jerarca no descartó que "se pueda conversar" con los industriales uruguayos para comprar uniformes de fabricación local y mencionó que el Ministerio del Interior ya implementa programas de apoyo a cooperativas de alimentación.

La compra de vestimenta a China por parte de la secretaría de Estado fue cuestionada por el Pit-Cnt. El dirigente sindical Federico Barrios (de la Comisión de Desarrollo Productivo de la central sindical) dijo días atrás que autoridades del MIEM reconocieron que es una situación a corregir.

EL PRIMER ENTENDIMIENTO