La ONU instó a Uruguay a reformar su ley de salud mental de 1936, dado que le preocupa su vigencia porque "estipula la privación de la libertad de personas" con base en la "presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial".

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU evaluó el informe presentado por Uruguay en agosto sobre cómo implementa la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La respuesta fue un informe de 11 páginas.

Entre los planteos figura la necesidad de crear una institución específica de la discapacidad hasta favorecer el acceso al empleo. Al Comité de la ONU "le preocupa la vigencia en el ordenamiento jurídico uruguayo de normas como la ley 9.581 de 1936 sobre salud mental, que estipula la privación de la libertad de personas con discapacidad con base en la presencia real o percibida de una discapacidad psicosocial".

Preocupa también que las personas declaradas inimputables a raíz de una deficiencia, "puedan ser objeto de medidas de seguridad, incluida la detención indefinida". Por ello, la ONU insta a Uruguay a que "revise y reforme" su norma sobre salud mental y su Código Penal y "prohíba la institucionalización forzada por motivo de la discapacidad, y adopte medidas para abolir la hospitalización no consentida".

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