Diferencias entre empresas y envíos al seguro de paro en la regasificadora

Obra parada por conflicto con contratista y con Sunca

Las obras del muelle para la planta regasificadora —el mayor proyecto de infraestructura del país— se encuentran paralizadas por una ocupación del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y medidas solidarias realizadas por el Sindicato de Prevencionistas del Uruguay (Suprevu), tras diferendos entre la contratista OAS y la operadora de la planta GNLS.

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El dirigente del Sunca Richard Ferreira en la ocupación. Foto: Agustín Martínez

La medida adoptada por el Sunca fue luego que la empresa brasileña OAS —encargada de la construcción del muelle— comunicara el envío de 150 trabajadores al seguro de paro.

El sindicato busca garantizar la fuente laboral, algo que ni la firma brasileña, ni GNLS (consorcio local conformado por GDF-Suez y Marubeni, encargada del proyecto y puesta en marcha de la planta y quien contrató a OAS) ni Gas Sayago (empresa que licitó la obra) le aseguran.

La medida tomada por OAS —principal contratista de la obra civil— de reducir la plantilla integrada por 700 obreros se debe a diferencias técnicas que tiene con GNLS en el diseño del proyecto. Esto impide continuar con parte de las obras en la zona de escollera y muelles.

Esa compleja ingeniería de empresas responsables, garantes y subcontratistas para el proyecto fue la que colapsó y derivó en el conflicto que paralizó las obras de la planta y la ocupación por parte del Sunca (que no incluye el gasoducto, también a cargo de OAS, contratada en este caso por Gas Sayago).

"Hoy en la mañana (por ayer) se tomó la determinación de paralizar las tareas hasta que haya un cambio en la postura de la empresa o haya garantías en función del respeto de los acuerdos existentes que hay con los trabajadores", dijo a El País el dirigente sindical del Sunca, Richard Ferreira.

"Hay trabajadores que están adentro y otros en las dos entradas de la obra", añadió Ferreira. Ayer, algunos de los trabajadores habían montado una carpa fuera del predio.

Hace una semana el Sunca había planteado como exigencia para aceptar los seguros de paros rotativos —que incluyen un complemento económico por parte de OAS para que no haya pérdida salarial—, que GNLS fuera el garante del acuerdo, pero eso no fue aceptado por el consorcio. La empresa entendió que "no corresponde" y "excede la legislación vigente", dijeron fuentes de GNLS a El País. Agregaron que la empresa ratificó al Sunca su compromiso para la concreción de las obras de la regasificadora y del cumplimiento estricto de lo que la legislación laboral establece.

El sindicato solicitó que GNLS garantice una oferta de compensación para los 150 trabajadores que pasarán al seguro de paro, consistente en la diferencia del salario líquido y el subsidio por desempleo.

La decisión de enviar personal a seguro de paro es exclusiva de OAS y no responde a instrucciones de GNLS, añadieron desde esta empresa.

La brasileña OAS ingresó en default el mes pasado y el retraso que existe en el plan de obra ha complicado las cosas. Incluso fuentes cercanas al negocio de la regasificadora adelantaron semanas atrás a El País que GNLS maneja rescindir el contrato con OAS desde noviembre de 2014, aunque no lo reconoce de forma pública.

"En definitiva lo que estamos tratando de ubicar son garantías respecto al futuro de la empresa en el proyecto. La asamblea votó que no haya seguro de paro hasta que estén las garantías correspondientes", afirmó Ferreira.

Una de las preocupaciones del Sunca, si OAS decidiera ampliar la medida del envío al seguro de paro, es que muchos trabajadores no cuentan con los jornales mínimos para acceder al subsidio.

Otra, es que finalmente la constructora brasileña abandone el proyecto. Eso marcaría la llegada de otra compañía —algunos señalan a una constructora chilena— y eso traería aparejada una negociación para garantizar los puestos y las condiciones de trabajo.

Esas preocupaciones y el diferendo entre OAS y GNLS fue lo que llevó al Sunca a paralizar las obras de la planta en Puntas de Sayago y ocupar la planta en construcción.

El mayor proyecto de infraestructura del país prevé la regasificación de 10 millones de metros cúbicos de gas natural licuado por día con una inversión total de GDF-Suez y Marubeni de US$ 1.225 millones.

Desde el gobierno se relativiza el problema en la regasificadora. El director nacional de Energía, Ramón Méndez, dijo a El País días atrás que la situación ente OAS y GNLS no traerá "ningún impacto negativo para el país" y afirmó que el atraso es en el pre-inicio de la obra.

Pero la endeble situación financiera de OAS sumado a que está implicada en la investigación de corrupción de Petrobras, genera un signo de interrogación para el futuro de las obras de la planta.

OAS fue la empresa elegida por Gas Sayago y GNLS en el contrato establecido entre ambas. En el anexo 11 de ese contrato entre Gas Sayago y GNLS se estipula la lista de subcontratistas.

Allí señala que para el contrato EPC (ingeniería, compras y construcción) de las obras marítimas la empresa OAS. Lo mismo ocurre para el contrato EPC para las instalaciones de la terminal.

Por ese motivo, fuentes jurídicas consultadas por El País señalaron que si OAS se retirara del proyecto tendría que haber una modificación en el contrato, ya que la brasileña es la única que figura como constructora subcontratada para las obras.

Solidaridad de prevencionistas

La paralización de tareas en la obra civil de la regasificadora no se extenderá por el momento a la construcción del gasoducto. El dirigente del Sindicato de Técnicos Prevencionistas del Uruguay (Suprevu), Alexei Caballero dijo a El País que se sigue con atención la marcha de las negociaciones que lleva adelante el Sunca para determinar qué pasos se darán. El Suprevu se plegó a la medida adoptada por el sindicato de la construcción en apoyo a dos de sus integrantes que forman parte de la obra y que están en la lista de envíos al seguro de paro. Caballero añadió que la paralización se puede extender a las obras del gasoducto si no se encuentra una solución, lo que dejaría a la otra parte del proyecto sin los servicios de seguridad exigidos por ley.

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