Diputados avanza en iniciativas sobre la seguridad ciudadana.

Una serie de objeciones técnicas y hasta alguna inconstitucionalidad plantearon los defensores de oficio y la cátedra de Derecho Procesal de la Udelar respecto a dos de los proyectos de ley emanados de la comisión multipartidaria por seguridad y convivencia que más cerca están de convertirse en Derecho positivo: el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y la modificación del régimen de libertades anticipadas, los que ayer comenzaron a ser discutidos por la comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Dada la incertidumbre que dejaron expuesta los expertos, los miembros de la comisión están considerando en estos días si abren el proyecto y le hacen los cambios requeridos, o si, por el contrario, lo votan tal como está. En el Senado los defensores de oficio y la cátedra ya habían advertido sobre los problemas técnicos, pero los partidos decidieron anteponer el acuerdo alcanzado en la Torre Ejecutiva sobre estas dos iniciativas y las votaron sin cambios.

La próxima actividad de la comisión de Constitución de Diputados será recibir a la asociación que nuclea a los magistrados del Poder Judicial, adelantó a El País el diputado Daniel Radío, que preside la comisión legislativa.

Los defensores de oficio fueron "un poco más severos" que la cátedra en su planteamiento de objeciones a las iniciativas, dijo Radío.

En el caso de las inconstitucionalidades, hay una planteada por el diputado colorado Ope Pasquet, en la que coincidieron los invitados de la comisión. Tiene que ver con el proyecto sobre libertades anticipadas, cuyo artículo 1° habla del "beneficio" para los reclusos que no sean reincidentes.

Pasquet indicó en la comisión que eso es contrario al artículo 27 de la Constitución que señala que cuando no haya pena penitenciaria el juez podrá decretar la libertad anticipada del recluso, y que en función de ello se estaría limitando un "derecho" constitucional. Es decir que Pasquet sostuvo que la libertad anticipada es un derecho y no un beneficio.

Como producto del acuerdo alcanzado en las conversaciones convocadas por el Poder Ejecutivo para aprobar leyes sobre seguridad y convivencia, el Gobierno y los partidos de la oposición convinieron en mayo votar un proyecto de ley para prohibir las libertades anticipadas para los reincidentes que cometan una serie de delitos graves: narcotráfico, homicidio, lesiones graves y gravísimas, rapiñas, copamientos, secuestros, violaciones y hurtos especialmente agravados.

También en esa ocasión ajustaron los últimos detalles para que en 2017 comience a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal. Una primera etapa regirá en febrero del año próximo y la oralidad en los juicios en julio.

En el mes de junio, el plenario del Senado consideró y aprobó estas dos iniciativas y las pasó a estudio de la Cámara de Representantes.

POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD