El ajuste del salario docente hacia 2020 implicará destinar 13 millones de pesos más.

Las autoridades del Codicen y los representantes de los sindicatos de la enseñanza mantuvieron ayer la primera reunión en busca de lograr acuerdos para la próxima Rendición de Cuentas. La educación había sido el área de mayor conflictividad en 2015 cuando se votó el Presupuesto. La calma había llegado cuando el Poder Ejecutivo y los sindicatos acordaron una tregua a cambio de que el salario real de los docentes no cayera. Pero ahora entra en juego la promesa electoral de "tender" hacia el 6% del PBI para la educación pública y 1% para ciencia y tecnología.

Los docentes expresaron que no están dispuestos a negociar por un salario inferior a $ 37.250 hacia 2020. La cifra implica mantener el acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos cuando se votó la ley de Presupuesto. En aquel momento se aprobó un sueldo mínimo de $ 25.000 a valores de 2015 que, teniendo en cuenta la expectativa de inflación del gobierno, arroja ese incremento. El salario del docente de menor grado, por 20 horas de trabajo presencial a la semana, duplicaría al de hace una década. En concreto: durante este período los maestros y profesores obtienen un aumento, promedio, de 8,3% al año. Si se toma como base lo que la ANEP destina a pago de salarios hoy, hacia 2020 necesitará desembolsar $ 12,8 millones más.

Tanto las autoridades del Codicen como los sindicatos dan por descontado que el gobierno les reintegrará los $ 793 millones que les fueron quitados el año pasado. El Poder Ejecutivo pidió prestado ese dinero por el "ajuste" impulsado por Tabaré Vázquez, pero la dirección de la enseñanza da por hecho que "eso volverá a la ANEP y será parte de la base sobre la que se discutirán posibles aumentos presupuestales", dijo la consejera Laura Motta.

Más del 85% del presupuesto de la educación está destinado al pago de salarios. El resto se lo lleva la inversión en nuevas obras e infraestructura, el pago de suministros y el gasto de mantenimiento. En el encuentro de ayer, los presentes discutieron la posibilidad de incorporar una variable para que esos "otros" destinos del dinero (que no incluyen los sueldos) puedan actualizarse año a año. Las autoridades dijeron que se está perdiendo poder adquisitivo por el aumento de la inflación, por ejemplo.

En la reunión, el consejero Robert Silva planteó la necesidad de recomponer la carrera directriz y de inspección. "Hoy no vale la pena ser director en un centro educativo", dijo y explicó que los docentes con más grado "terminan ganando más que un director que tiene otro tipo de responsabilidad". En Secundaria, por ejemplo, un director gana según la categoría del liceo, indicador que se establece según la cantidad de alumnos. De este modo, los directores de los liceos con más estudiantes —como los departamentales, el IAVA o Bauzá— son los que obtienen el salario más alto y desde allí se establecen hacia abajo en los otros centros educativos. "La cantidad de alumnos no puede ser determinante para fijar el sueldo de un director", criticó Silva, quien integra la directiva del Codicen en representación de los docentes. El consejero propuso la creación de nuevos escalafones que incentiven que los trabajadores de la educación quieran encaminar una carrera de dirección.

El último de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue la necesidad de incorporar más cargos administrativos y de auxiliares de servicio. Según el consejero Silva, "no hubo una reposición" de los puestos que fueron quedando vacantes cada vez que alguien se jubilaba o renunciaba. Este reclamo ya venía preocupando a las autoridades y, en este momento, está abierto un llamado a nuevos puestos. A su vez, el sindicato de trabajadores no docentes de Secundaria exige que haya más escalafones en aquellas tareas que no son necesariamente de enseñanza.

UN TEMA ESPINOSO