Proponen nuevo sistema informático para evitar este tipo de maniobras.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), en representación de todas las mutualistas menos la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, tuvieron ayer una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para evaluar los pasos a seguir en pos de evitar nuevas estafas contra el sistema de salud. Allí se acordó la posibilidad de generar más medidas de contralor, al tiempo que la Justicia procesó a otro empleado de una mutualista.

Las empresas anunciaron en la primera conferencia de prensa que llevan a cabo desde que se conoce la estafa contra el Fonasa, cambios en el programa informático por donde se registran las afiliaciones, y la creación de una comisión técnica para erradicar la intermediación lucrativa —es decir el pago a usuarios para que se cambien de institución durante la apertura del corralito mutual. En este año fueron 54.921 los que eligieron otro centro de salud.

Por otro lado, los representantes de IAMC, Luis González Machado y Daniel Porcaro, minimizaron el alcance de la estafa, advirtiendo que los datos preliminares muestran que no fueron 31.000 los usuarios registrados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a través de empresas "fantasmas", sino tan solo 600. En cuanto a los montos, luego que la Junta Nacional de Salud (Junasa) hablara de unos US$ 4 millones, las mutualistas advirtieron que el delito no implica, según lo que se pudo saber hasta ahora, pérdidas mayores al millón de pesos.

Además, señalaron que es "discutible" que las instituciones que recibieron usuarios a través de la estafa tengan que devolver el dinero que cobraron por concepto de cápitas, puesto que durante el tiempo que estos estuvieron anotados pudieron usar todos los servicios que prestan los centros de salud.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo días atrás que esperaba que las mutualistas reintegraran este dinero a las arcas del Fonasa.

Consultado sobre si las mutualistas iban a hacer un mea culpa por lo que sucedió, Porcaro contestó: "¿Cuál sería nuestra responsabilidad? Hay que esperar que actúe la Justicia para ver quiénes son los responsables, qué instituciones y qué mandos son responsables. Porque los mea culpa pueden venir después que estén los detalles. Pero nosotros no hicimos ninguna maniobra contra el Fonasa. En todo caso la instituciones lo que dieron fue cobertura de salud a gente que no le correspondía".

Aunque Porcaro aclaró que no se tiene aún información sobre si los usuarios que fueron inscriptos a través de la estafa recibieron atención en los centros de salud, sostuvo que en los meses que estos estuvieron inscriptos "si tenían un accidente les tomaban su nombre, se veía a que mutualista estaban afiliados, los recibían, los atendían y cubrían los costos correspondientes. Porque ese usuario para la institución estaba afiliado. Estaba en los padrones y se pagó la cápita".

Por este punto, Porcaro insistió en que la devolución del dinero de las cápitas que solicitó el ministro "es un tema discutible, porque las mutualistas son un seguro de salud y la cobertura estaba, aunque quizá no generó costos".

"Las mutualistas no se beneficiaron, cumplieron con su cometido, que es el de prestar el servicio de cobertura de salud. Y ese servicio de salud tiene una remuneración que es la cápita. En tanto las mutualistas no hayan sido parte de la maniobra, estas fueron perjudicadas en su buena fe", añadió.

"En el pasado cuando ha habido afiliaciones que no cumplieron algún aspecto formal el Banco de Previsión Social (BPS) fue el que se ocupó de resarcirse del monto de las cápitas. No lo hemos discutido con las autoridades. Sabemos lo que piensa el ministro. Pero nosotros tenemos esta posición. Los usuarios estaban registrados", manifestó Porcaro.

La Justicia continuaba tomando declaraciones por la estafa. Ayer se sumó un nuevo procesado, un funcionario del Círculo Católico, con lo que van diez, y dos de ellos trabajaban dentro de una mutualista. También se procesó a tres empleados de tercerizadas que llevaban adelante labores para estos centros de salud.

González Machado, luego de participar de la reunión en el MSP, sostuvo que el alcance de la estafa era "mucho menor" al que ha manejado la Justicia hasta ahora. Pero aclaró que de todos modos es una "oportunidad para evitar las afiliaciones irregularidades".

"De aquí para atrás, si hay un procedimiento delictivo de parte de algún funcionario de alguna institución, será ese funcionario, o empresa contratada, que tendrá que hacerse responsable ante la Justicia (...) De aquí hacia adelante, le propusimos a la Junasa que dilucidado este tema, sería bueno avanzar. Para eso ya se creó una comisión interinstitucional en las mutualistas, para generar propuestas de buenas prácticas con los afiliados", sostuvo González Machado.

Sobre el financiamiento del nuevo sistema informático que las mutualistas pretenden crear para evitar casos de intermediación lucrativa, ambos representantes de IAMC señalaron que aún no está previsto si el financiamiento de este saldrá de parte de las instituciones, o si se pedirá al MSP que la plata salga del sistema de salud.

La Asociación Española, en tanto, emitió un comunicado en el que expresó su "más profundo rechazo y condena a estas prácticas ilícitas". Y dio a conocer su "disposición y compromiso a la colaboración con la Justicia" para llegar a los responsables de la estafa.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, pidió "investigar hasta el fondo" la estafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la que definió como una de las principales reformas del Frente Amplio.

"Hay que investigar hasta el fondo y hasta donde haya que investigar, porque esto no nos puede pasar", precisó el jerarca en declaraciones a radio Monte Carlo.

"Se está trabajando en la investigación. Sé que desde diversas instituciones están tratando de establecer las responsabilidades correspondientes. Algunas ya fueron establecidas y se están tomando medidas en el campo judicial y penal", añadió.

"Hay que seguir analizando a fondo y hasta las últimas consecuencias, porque no nos puede ocurrir que a uno de los grandes cambios que ha hecho el país en los últimos tiempos, al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) le pase una cosas de estas", continuó el ministro.

Sobre la posibilidad de erradicar el corralito, Astori dijo que "el Ministerio de Salud Pública está trabajando en ese tema" y que espera que esto concluya en una "propuesta importante para el país".

Sobre lo informado ayer por El País, que en el Banco de Previsión Social (BPS) sabían desde hace seis meses de la estafa al Fonasa pero no lo habían informado a la Justicia, el ministro de Economía precisó que no daría una respuesta sobre el tema, y dijo esperar que quien lo haga sea esa institución.

Astori también se refirió al Cambio Nelson, y dijo que allí los controles que se tuvieron, "son los controles que se suelen tener en esos casos", y que el Banco Central "no tiene una capacidad inspectiva como para estar analizando previamente instituciones de este tipo, donde ocurren desvíos e irregularidades; lo que sí tiene es capacidad para tomar las medidas correspondientes cuando ya fue constatado el hecho".

La estafa contra el Fonasa se desarrolló a través de empresas "fantasmas" en la que se anotaba en su nómina de trabajadores a personas de asentamientos, a las que a cambio se le pagaba $ 500. En tanto, los estafadores recibían $ 3.500 por cada usuario. Además de los titulares de las falsas empresas también estuvieron involucrados promotores de tercerizadas que trabajaban para las mutualistas —y que cobraban comisiones por cada usuario nuevo que recibían— y empleados de las propias instituciones de salud.

“PERJUDICADAS EN SU BUENA FE”