La funcionaria había sido condenada a 24 meses de prisión

Municipal despedida por vínculo con un narcotraficante

La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, rechazó un recurso de reposición interpuesto por una funcionaria de casinos que fue destituida por la causal de "ineptitud moral para el desempeño del cargo".

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Juegos de azar: en Uruguay existe una oferta diversa del Estado y privados. Foto: AFP

La funcionaria en cuestión fue sumariada en noviembre de 2013 luego de haber sido condenada por la justicia a 24 meses de prisión, tras haber sido encontrada responsable de "la autoría de un delito de asistencia a la actividad de narcotráfico". Pero el proceso fue mucho más largo: había sido juzgada por este hecho en el año 2011.

"Red delictiva".

Según la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo, la sumariada "formó parte de una red delictiva montada por quien en el momento de los hechos era su pareja" y "tuvo una participación que fue suficiente para que la justicia le asignara responsabilidad penal".

En este sentido, la Unidad Sumarios de la Intendencia entendió que el delito cometido "compromete el decoro, la probidad y la buena conducta civil y moral, perjudicando notoriamente la imagen de la administración".

En el recurso presentado, la funcionaria señala que la Intendencia no tomó en cuenta "la escasa gravedad del delito, ni la mínima participación, ni que fue un procesamiento sin prisión, ni que fue utilizada por otras de las personas que fueron condenadas".

En sus descargos, la mujer agregó que "no se le permitió producir prueba, vulnerando su derecho a la defensa". Y que sus antecedentes funcionales en la Intendencia "demuestran que no se configuró pérdida de la idoneidad para el ejercicio del cargo".

La funcionaria también se quejó ante la IMM por el hecho de que "se trató un hecho de la vida privada" y no se tomó en cuenta "su antigüedad y calificaciones" en el trabajo.

Otro caso de acoso sexual en la IMM

La Intendencia de Montevideo resolvió sancionar con tres meses de suspensión sin goce de sueldo a un funcionario de la División Tránsito y Transporte, por acoso sexual laboral. La resolución municipal señala que el funcionario tiene "antecedentes y reiteración de conductas de similar naturaleza desde el año 2008".

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