LAS FAMOSAS POLÍTICAS DE ESTADO

Mugre, cerdos y autos robados

De un arroyo se sacaron 3.000 toneladas de botellas. Al año se retiran unas 400 carrocerías.

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Campal dijo que hay varios organismos públicos que le dan basura a los carritos. Foto: A. Colmegna

Además del desborde de los contenedores, existe en Montevideo un problema probablemente mayor con la basura, que tiene que ver con el impacto ambiental y la contaminación de los cursos de agua, un tema que trasciende las posibilidades de solución que pueda tener la Intendencia y su Departamento de Desarrollo Ambiental.

El asunto es tan endémico como grave. Tiene menos prensa que los contenedores y en mayor o menor medida afecta al millón y medio de personas que habitan en la capital. Un problema "sin solución" que, quizás, fue el que llevó al director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, a dar un paso al costado en medio de la crisis de la recolección de residuos.

Pocos días antes de abandonar el cargo, Campal concurrió a la Junta Departamental a ilustrar —con abundantes fotografías— el problema que genera la recolección, venta y manipulación irregular de los residuos, en una cadena que comienza con un carro tirado por un caballo y que culmina con una facturación anual de decenas de millones de dólares, de los cuales el hurgador apenas si rasguña una mísera parte.

Campal:
Campal: "Se necesita involucramiento de otros actores del Estado. Foto: A. Colmegna

"Una sola intervención de Saneamiento en la cuenca de la Chacarita retiró 3.000 toneladas de botellas. Como ocupan un volumen enorme y la densidad es muy baja, cada una de esas sacadas equivalió prácticamente a 3.000 viajes de camión", ejemplificó Campal.

Mientras mostraba a los ediles una imagen de la zona, el ex director de Limpieza de Montevideo comentó: "Estos son los asentamientos que están sobre el lado este de la cañada de la Chacarita. A la izquierda está camino Maldonado y hacia la derecha la cuenca del arroyo Carrasco. No sé si recuerdan, pero en ese punto ocurrió un hecho espantoso hace unos años: un niño cayó entre las botellas y desapareció; nunca lo pudimos encontrar".

Comida a los cerdos.

Utilizando fotografías que no dudó en calificar de "desagradables" y que él mismo tomó "colgado de un helicóptero", Campal logró determinar muchos procedimientos ilegales en los que, según dijo, la Intendencia no puede intervenir. También detectó la existencia de personas que alquilan carros con caballos y de pequeñas y grandes industrias que hacen actividades ilegales utilizando directamente camionetas y otros vehículos.

Una de las industrias asociadas al problema de la clasificación ilegal es la del cerdo. "En el medio tenemos uno de los pequeños criaderos de cerdos que el Ministerio de Ganadería nunca vio, tal vez por chico. El suelo se perdió por contaminación; no hay crecimiento de pasto. Todo lo blanco que se ve son bolsas de plástico. En la parte de adelante hay una acumulación importante de grupos de bolsas ya clasificadas y lavadas, que van a ir a parar a la industria del plástico", dijo mientras proyectaba una fotografía.

Al pasar a otras dos diapositivas, agregó: "Aquí vemos otro criadero de cerdos. Y aquí tenemos el mismo fenómeno en otra cañada. Vemos el agujerito en la cerca del fondo y los residuos contra la barranca. Todo se tira al arroyo".

Campal explicó que "a los cerdos se les puede dar la bolsa de basura entera tal como sale del contenedor que ellos se encargan de abrirla; comen lo que pueden, el resto queda".

Autos robados.

La contaminación y obstrucción de los cursos de agua, que entre otras cosas provoca crecidas e inundaciones, no solamente proviene de los millones de envases y bolsas de plástico que según el jerarca son arrojados al final de una cadena que se inicia muchas veces con empresas que eluden el pago de un "servicio especial" de recolección (como lo exige la ley para los residuos no domiciliarios) y entregan sus desechos a los clasificadores informales.

Al final de la cadena, según sus deducciones, existe incluso "lavado de dinero"; de empresarios que compran al menudeo los residuos a los clasificadores, sin darles una boleta por ellos, facturando después por grandes ventas que se basan en insumos comprados irregularmente y a un menor precio de lo declarado.

Campal proyectó una nueva imagen que provocó una desmedida apertura de ojos de los ediles que se encontraban en la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Junta: "Esta que estamos viendo ahora se refiere al uso secundario de los arroyos como destino final de los autos robados. La Intendencia recoge, con bastante dificultad, por año entre 200 y 400 carrocerías de la red hídrica. Las tiene que sacar para que no produzcan obstrucciones mayores. Como son materiales pesados, se van sumando otros materiales".

Estas intervenciones en "cementerios" de autos robados no han dejado de ocasionar problemas a los trabajadores municipales con personas que o bien conocen el ilícito o están involucradas en él. Este es uno de los puntos, de una lista bastante grande, por el cual Campal entiende que los problemas ambientales necesitan de una política de Estado y de un involucramiento de otros actores como la Policía y la Dinama.

En sus descargos, a poco de abandonar la IMM, no se salvó nadie: dijo que tiene pruebas de que la propia Junta Departamental ha entregado residuos a carritos a caballo. Y agregó: "Eso ocurre acá, en el Banco República, en el Mides; ocurre en las escuelas, en los liceos, etcétera. Debemos generar una conciencia social sobre el problema", sostuvo.

POR LEY.

Intendencia debe pedir ayuda al gobierno.

El edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón cursó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo por los desbordes de basura que hay desde hace meses en la capital del país.

El legislador departamental entiende que la IMM debe pedir ayuda al Poder Ejecutivo para recoger la basura, porque así lo prevé una ley nacional.

El pedido de informes se basa en el artículo 21 de la Ley 17.283, en el que se establece que "el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, en lo que corresponda y de conformidad con el artículo 8º de la presente Ley, dictará las providencias y aplicará las medidas necesarias para regular la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, tratamiento y disposición final de los residuos."

El edil de la lista 404 del Herrerismo señaló que "la responsabilidad debe ser compartida, dado que la protección del medio ambiente es de interés general y está custodiada bajo la órbita del Poder Ejecutivo".

"El Ministerio de Medio Ambiente o la Intendencia deben responder a los vecinos de la ciudad de Montevideo", concluyó el edil del Partido Nacional.

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