Montevideo tiene una planta, que no fue autorizada por la Intendencia.

Pese a que en Uruguay las motocicletas se encuentran presentes en la mayoría de los accidentes de tránsito —que constituyen la principal causa de muerte entre los jóvenes— no existe en la capital del país un control técnico para este tipo de vehículos. Sin embargo, sí hay una planta montada desde hace tiempo en Montevideo para hacer los test, la cual no ha sido habilitada por la Intendencia.

"Ante semejante inversión, me comuniqué con el prosecretario de la Intendencia, Christian Di Candia, a efectos de informarle y ver si podíamos concurrir juntos a la planta. Amablemente, el jerarca accedió a mi planteo y recorrimos las instalaciones. Me dijo que lo iba a derivar al Departamento de Movilidad, pero nunca más hemos tenido respuesta", declaró a El País el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.

"Destaco el gesto del prosecretario, pero lamentablemente el Departamento de Movilidad no le da la importancia que el tema tiene, cuando la vida de muchas personas está en riesgo. Se debería ejercer un control estricto hacia los importadores de motos de baja cilindrada, ya que éstas no cuentan con algunos requisitos básicos de seguridad. La IMM es cómplice y exigir por parte del intendente que la motos solo tengan frenos ABS es ridículo", agregó el legislador.

Rodríguez destacó que se trata del medio de transporte "más utilizado por los uruguayos: 1.220.461 motos circulan en todo el país. Y en 2016 hubo 204 muertos por accidentes en este tipo de transporte, lo que equivale a un 45,7% total de fallecidos por siniestros de tránsito a nivel nacional".

Recientemente, el gobierno anunció que prohibirá por ley la importación de motos que no tengan frenos ABS (sistema antibloqueo de ruedas).

El secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Adrián Bringa, explicó durante una demostración de ese sistema de seguridad que se viene trabajando con el Ministerio de Transporte y el de Industria. "Creemos que para octubre de este año quedará listo el proyecto de ley para presentar al Parlamento, para que en 2020 ya esté en funcionamiento", anticipó.

Agregó que este sistema incorporado en las motos permitirá que el conductor "no caiga ante una maniobra brusca" y reiteró que hasta el momento no existen exigencias específicas en Uruguay.

A su vez, el gobierno publicó recientemente un decreto por el que obliga, a partir de 2018, a repartidores con moto de productos gastronómicos y farmacéuticos a que estén capacitados para su función. La norma establece cursos específicos, luego de que se detectó "una alta siniestralidad e informalidad".

Se estima que estarán alcanzadas unas 3.000 personas que trabajan como deliveries. El gobierno no descarta, una vez capacitado este grupo, extender la exigencia a los deliveries de otros giros de actividad.

El inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, dijo a la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia que "cuatro de cada 10 accidentes de tránsito en ocasión del trabajo son protagonizados por motocicletas" y que "hay un promedio de 48 días y medio de faltas de trabajadores de este sector debido a tratamientos, y tienen en promedio 11 veces más días de internación en centros de tratamiento intensivo, que el resto de las actividades laborales".

Protagonistas en Mayoría de Siniestros