Los pacientes judicializados en instituciones de salud psiquiátricas se transformaron en el talón de Aquiles de las autoridades sanitarias.

A pocos días de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lograra cumplir el fallo judicial que disponía el traslado de pacientes judiciales del pabellón 24 de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, el conflicto se trasladó al hospital Vilardebó.

El disparador fue la fuga de dos internos de la sala 11, de máxima seguridad, el pasado jueves por la madrugada. Uno de ellos volvió de inmediato, el otro rapiñó un ómnibus, hirió al conductor con un arma blanca, fue capturado y cuando lo trasladaron nuevamente al centro asistencial los funcionarios se negaron a recibirlo. Tras la advertencia judicial de que podrían incurrir en un delito, los funcionarios desistieron.

Sin embargo, el problema es de largo aliento en la institución y responde a la cantidad de pacientes judicializados que hay. Muchos de ellos de alta peligrosidad.

Durante el último año la cifra se ha mantenido: el 53% de las camas disponibles están ocupadas por pacientes judiciales. En total hay 320 camas, de las cuales 20 son de emergencia y observación.

Algunos de los pacientes judicializados son inimputables y otros vienen del sistema carcelario. Los de mayor peligrosidad están en la sala 11, que tiene capacidad para 38 pacientes y está al límite, según reconocieron a El País fuentes de ASSE.

El 20% de los ingresos a la institución son de pacientes que dependen de la sede y son ellos los que están más tiempo en el hospital: 150 días promedio quienes son declarados inimputables y 76 días quienes vienen de cárceles. Los pacientes no judiciales, en cambio, están un promedio de 45 días.

Funcionarios y autoridades coinciden en que muchos de los pacientes judiciales "no deberían estar allí".

Fuentes de ASSE dijeron que el Hospital Vilardebó se transformó en "una piedra en el zapato", que están trabajando en un proyecto concreto y que la salud mental será prioridad de la nueva administración.

Desde el viernes, los funcionarios del hospital Vilardebó se declararon en asamblea permanente, hoy se reunirán a las 17 horas en asamblea general y adoptarán una resolución. Hasta ese momento las autoridades de ASSE no harán declaraciones.

Los funcionarios resolvieron, además, trabajar "en piquete", es decir, hacen las recorridas en grupo, para tener una mayor seguridad.

Gustavo Gianre, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), dijo a El País que los trabajadores quieren que se construya un hospital penitenciario e insisten en que instituciones que hoy en día se han transformado en ello, como el Vilardebó, vuelvan a cumplir su objetivo.

"No queremos más hospitales que a la larga se conviertan en hospitales penitenciarios", aseguró.

Los funcionarios dicen que ellos deberían atender solo a los pacientes que fueron declarados inimputables, no a los que llegan del sistema carcelario.

Los pacientes inimputables son aquellos que cometieron un delito vinculado a la afectación de la salud mental y no son responsables de sus actos en ese momento por padecer una patología que debe ser tratada. En estos casos el juez pide un informe al Instituto Técnico Forense y un psiquiatra y/o psicólogo le realiza una o más entrevistas en la que estudia la capacidad que tiene la persona para entender el ilícito que cometió y la capacidad de actuar de acuerdo a eso. Se hace un diagnóstico y en base a eso el juez declara o no la inimputabilidad. Los funcionarios reclaman para trabajar con los pacientes judiciales que sean inimputables, lo que se traduce básicamente en guardias suficientes y puertas con cierren electrónico.

La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, visitó sorpresivamente la institución el pasado viernes en representación del directorio. Se reunió con la dirección, habló con los funcionarios y recorrió parte de las instalaciones del centro, incluida la sala 11.

La infraestructura y las medidas de seguridad fueron temas centrales, según un comunicado que ASSE envió el pasado sábado.

Fuentes de la administración dijeron a El País que la idea era "pasar en limpio el cronograma de acciones" y especificaron que se analizaron obras concretas en la sala 11 y qué hacer con los pacientes mientras duran las mismas.

"Queremos encontrar una solución porque el desborde es cada vez mayor. Hay un compromiso, ocurre que no son soluciones rápidas ni sencillas", aseguró.

Desde el viernes, y argumentando que el paciente fugado que es de alta peligrosidad estaba de nuevo en el centro, ASSE solicitó al Ministerio del Interior un 222 que custodie la sala 11 y patrulla para la zona. Ambas se pusieron en práctica el viernes. "Por ahora está todo tranquilo y las medidas continúan", aseguró Gianre. (Producción: Carlos Tapia)

Durante los primeros días en el hospital Vilardebó los pacientes derivados por la Justicia están, en general, en una especie de celda con tres camas de hormigón, un colchón, una taza para defecar y una pileta para lavarse. uDespués, los hombres pasan a la sala 11 y las mujeres a la sala 16. Este es otro sector del Vilardebó que también tiene medidas de seguridad. Allí hay un patio interno y las celdas se abren a las 8 y se cierran a las 22 horas. Los enfermeros pasan la medicación a través de las rejas y no entran si no tienen el apoyo de los vigilantes.

Los pacientes que están allí padecen, en general, cuadros psicóticos complejos y, en algunos casos, trastornos vinculados a una alteración de la conciencia por consumo exagerado de sustancias psicotóxicas. Aunque no es tan común, hay pacientes que tienen un déficit intelectual complejo que se combina con el consumo de sustancias y el trastorno de personalidad.

El tratamiento que reciben en el hospital abarca tres aspectos: psicológico, farmacológico y psicosocial.

En el caso de los pacientes inimputables, cuando el tratamiento va llegando a su final, las autoridades del hospital y ASSE informan a la Justicia y es el juez quien decide si es conveniente que vuelva a su vida habitual o continúe en alguna institución por su seguridad.

Un paciente es declarado inimputables cuando cometió un delito vinculado a la afectación de la salud mental y no es responsables de sus actos en ese momento por padecer una patología que debe ser tratada.

Varios psiquiatras trabajan desde diciembre en una reforma del sistema de la salud mental, que incluye derechos y reordenamiento de los servicios y el Sistema Nacional de Cuidados para personas con esta problemática.

La presidenta de Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Cecilia Idiarte Borda, que participa de este proyecto, aseguró a El País que la atención de la salud mental de las personas privadas de libertad debe realizarse en una cárcel o en un centro penitenciario.

"Nosotros incluimos este punto porque hay que definir qué se hace con los pacientes privados de libertad. Creo que nuestro trabajo le va a dar insumos al Ministerio de Salud Pública para el proyecto de una nueva ley para la salud mental que obviamente deberá darle nuevas definiciones a este tema", aseguró.

La dirección del hospital Vilardebó, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial ya analizan la situación en conjunto, según dijeron a El País fuentes de la institución de salud.

"Queremos encontrar soluciones a un problema que involucra unas cuantas instituciones. Por el momento cuando el juez lo indica la persona tienen que ir al Vilardebó y la institución no puede negarse a recibirla. Por eso se llegó a la saturación actual", explicó la fuente.

ASSE diseña plan, reforzó la seguridad y reconoce que está al límiteVIVIANA RUGGIERO