El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, fue citado de forma urgente por la Justicia Penal de San José para que declare en esta jornada por la muerte de un paciente que fue devorado por una jauría de perros en la Colonia Etchepare. Deberá presentarse hoy a la hora 9.00.

También fueron citados la ministra saliente, Susana Muñiz, y las jerarquías de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), incluyendo a la presidenta del directorio, Beatriz Silva. Asimismo, la jueza citó a un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Viviana Granese, magistrada subrogante, quiere conocer los detalles del episodio y la actuación de los distintos actores que intervinieron en el caso.

La jueza escuchó ayer al director de la colonia, Osvaldo Do Campo, y al director de Salud Mental de ASSE, Horacio Porciúncula. También prestaron testimonio seis funcionarios de la colonia, entre ellos una nurse que atendió al interno de 74 años atacado por los perros.

El ministro Basso tiene decidido concurrir a la sede judicial, si bien podría no hacerlo porque tiene inmunidad y puede declarar por informe. Su intención es dar una señal política de que si bien no tiene relación con este asunto, el MSP no esconde nada, tiene una función de rectoría y este tema es competencia de ASSE, dijeron fuentes ministeriales.

La intención de la jueza es comprometer a las partes involucradas en lograr una solución al tema de la jauría de perros y a mejoras en la colonia, expresaron fuentes del caso a El País. Agregaron que es muy probable que en el correr de la jornada la magistrada junto a los citados se trasladen del juzgado a la Colonia Etchepare para realizar una inspección del lugar.

Tras ser notificada de la muerte de un interno el jueves, la jueza fue hasta la colonia psiquiátrica. Cuando recorrió las instalaciones quedó asombrada de las terribles condiciones en que están los pacientes, relataron varias personas vinculadas al caso.

Durante la recorrida, la magistrada fue preguntando los nombres de los responsables de los lugares donde veía mayores problemas. Al tomar cuenta del estado de la colonia, la jueza penal decidió citar a todas las autoridades involucradas.

Un informante del gobierno dijo a El país que hay un principio de acuerdo entre ASSE y el Ministerio del Interior para aplicar "rifle sanitario" a los perros que hay en la colonia, lo que se viene trabajando desde meses atrás y que podría acelerarse tras este incidente.

Tiempo atrás, el fiscal Fernando Romano solicitó a la Justicia que se aplicará el rifle sanitario, pero la medida no se tomó. Hay entre 100 y 200 perros salvajes adentro de las 40 hectáreas de la colonia según estimaciones de ASSE. Podría haber unos 10 animales por cada uno de los 20 pabellones que componen el hospital psiquiátrico.

La ley de Bienestar Animal (18.471) señala que está prohibido dar muerte a un animal, pero entre las excepciones menciona: "Cuando el animal represente una amenaza o peligro grave y cierto hacia las personas u otros animales".

Mientras tanto, las distintas organizaciones defensoras de los animales vienen organizando acciones de baja intensidad, según informaron integrantes de dos protectoras. No obstante, no se descarta que ante una eventual decisión oficial de sacrificar a los perros, podrían movilizarse para evitar la "ejecución sumaria de animales inocentes".

En la tarde de ayer un hombre se presentó en la colonia y solicitó llevarse una camada de 10 cachorros a una veterinaria de Santa Lucía para ser distribuidos en la zona.

El secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Pablo Cabrera, opinó que el director de la colonia no es responsable de la muerte del septuagenario.

"No es responsable de que el lugar se encuentre lleno de perro, no los puede sacar por presión social y en particular de las sociedades protectoras de animales", afirmó el dirigente.

Mario Cuenca, uno de los empleados de la colonia que declaró ayer ante la jueza Granese, afirmó a El País que si bien las jaurías atacan "a todo el mundo" se muestran más agresivos contra los pacientes.

Varios funcionarios han hecho saber al sindicato de la colonia su intención de colocar veneno contra los perros. Hasta ahora no lo han hecho por temor a las consecuencias legales, según afirmó Cuenca.

Entre las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi de San José hay unos 800 pacientes a cargo de unos 1.000 funcionarios.

Numerosas denuncias por ataques y mordidas de perros han sido planteadas ante el juzgado de San José, y también en el Parlamento y los organismos responsables de la salud pública. Una reciente sentencia condenó al MSP y a ASSE a tomar medidas para erradicar las jaurías que amenazan la integridad de internos y funcionarios.

El director de Salud Mental, Horacio Porciúncula, dijo que solicitará la anuncia del Poder Judicial para exterminar a los perros. Sin embargo, cuando un fallo judicial ordenó a las autoridades de salud tomar medidas para erradicar a las jaurías, esas mismas autoridades apelaron la sentencia (ver nota aparte).

"Si no se saca a la jauría de perros que deambulan por el predio de las colonias, sacaremos a todos los pacientes de ambos centros. No pueden convivir 100 perros y 350 pacientes".

"El sacrificio de animales en este tipo de casos está prohibido por ley. Las autoridades se tenían que haber hecho cargo del problema cuando había diez o quince perros, y no ahora que hay 150".

Seis meses atrás, el 18 de septiembre de 2014, la juez de primera instancia de San José dictó una sentencia condenando al Ministerio de Salud Pública a raíz de múltiples denuncias de ataques de jaurías salvajes contra internos, funcionarios y médicos de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi. En el fallo, daba 15 días al MSP para implementar "las medidas necesarias a efectos de erradicar del predio la presencia de canes", y a adoptar "los mecanismos de vigilancia a fin de que no vuelvan a ocurrir tales hechos". También intimaba a ASSE a implementar medidas "para la protección de los pacientes psiquiátricos alojados en las respectivas Colonias", a efectos de evitar "que sean agredidos" por los perros.

La sentencia fue recurrida por las partes condenadas y la apelación está en curso.

En el ínterin, no se ha aplicado medida alguna por parte del MSP ni de ASSE para evitar hechos como el que desembocó, el pasado jueves, en la muerte de un interno de 74 años, devorado por una jauría en el interior de la Colonia Etchepare.

La magistrada, María del Carmen Stombellini, amparaba en esa sentencia una demanda de la fiscal departamental de San José Sylvia Mascaró presentada en 2013, que solicitaba "la eutanasia de los animales". El trámite de esa acción judicial se dilató más de un año entre audiencias, notificaciones y descargos de los organismos y dependencias involucradas: el MSP, ASSE, la Comisión de Zoonosis y la Comisión Nacional de Bienestar Animal, que expresó en una audiencia: "La Comisión no es una perrera, no tiene competencia para capturar y encerrar animales, y menos sacrificaderos".

De hecho, todos se lavaron las manos, transfiriéndose uno a otro la responsabilidad. En el expediente judicial hay referencia a denuncias por ese tema desde el año 2007 y se deja constancia de "lo acuciante, preocupante y angustiante de la situación", a juicio del director de las colonias, Osvaldo Do Campo. También se recogen testimonios de víctimas de ataques caninos, como un paciente que fue atacado y mordido "por 5 o 6 canes que estaban frente a la enfermería", o de otro interno que sufrió el desgarro de sus genitales por el ataque de una jauría en el interior de la colonia (es de hacer notar que este último caso ocurrió durante el período en que se sustanciaba la demanda).

En un documento incorporado al expediente se presenta un listado con los nombres de 24 pacientes que fueron mordidos entre enero y abril de 2014.

Jueza citó también a directorio de ASSE por ataques de perros a internos