Una empresa minera tramita los permisos para sacar granito durante 20 años de un terreno en pleno Pajas Blancas, un balneario montevideano en el que viven 3.000 personas y que está rodeado de chacras, incluida la del expresidente Mujica. Los vecinos se sienten amenazados y ahora buscan, como sea, frenar el proyecto.

El balneario Pajas Blancas está escondido en un rincón de Montevideo, en el oeste del departamento. Está cerca de la ajetreada Ruta 1, pero prefiere recostarse sobre una amplia playa que se cotiza en verano y se desborda de gente. Está a 17 kilómetros del Centro, a 30 minutos de la Plaza Independencia, pero conserva un aire de campaña, un ritmo lento, que hace que las 3.000 personas que viven allí consideren la calma como su tesoro más preciado.

La mayoría de las calles son de pedregullo y muy arboladas. Junto a la costa viven fundamentalmente pescadores artesanales, y ahí la pobreza se hace notar con más fuerza. Hacia arriba, más cerca de la ruta, hay casas de material y con jardines muy prolijos. Todo está rodeado por chacras de mediano porte, donde funcionan bodegas y también quintas de frutas y verduras que proveen a la capital.

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Pero por estos días no todo es armonía en la zona. Ya al tomar Camino Pajas Blancas —la calle que conduce al balneario— cualquiera se puede percatar de que el clima no es el mejor. Varios pasacalles aparecen colgados a los dos lados del camino y dan cuenta de la protesta que reúne a gran parte de los vecinos: "No a la minera en Pajas Blancas", rezan los carteles con letras negras gruesas, y convocan a asambleas y movilizaciones.

Lo que ocurre es que una empresa minera uruguaya, de la cual poco se sabe, lleva dos años intentando instalarse en un terreno lindero al balneario. Y si bien ya tuvo un primer intento fallido, ahora volvió a la carga. La firma, denominada Impra S.A., propiedad de Omar Méndez (un empresario con una extensa carrera en la exportación de granito), busca hacerse del yacimiento allí ubicado para explotarlo por un plazo de 20 años, y tiene a los vecinos sin poder dormir.

El terreno de la discordia está separado del centro poblado solo por una calle, y es desde hace años propiedad de José Luis Palma, dueño de la empresa Puritas y presidente del club de fútbol Liverpool. El campo tiene una extensión de 90 hectáreas y en este momento está sin una producción sostenida, más allá de algunas vacas y caballos que están en pastoreo. Allí funcionó hace unos 30 años y por un breve período una pequeña mina de granito, aunque en ese entonces en el lugar vivía mucha menos gente.

Hace dos años, a Palma le llegó un cedulón en el que lo ponían al tanto de que el terreno había sido solicitado por una empresa para su explotación minera, y hasta ahora él y su familia siguen trabajando para tratar de frenar el proyecto.

La cruzada no ha sido fácil, porque en Uruguay la ley estipula que la mina "constituye un inmueble distinto y separado del predio superficial", por lo cual por más que Palma no pretenda vender su terreno y esté en contra de una explotación de tales características, hay lugar para que el Estado analice cualquier proyecto que se presente para el yacimiento.

Además, para la empresa, la mina allí ubicada se cotiza alto dado que es muy rica en cuanto a la cantidad de roca que tiene, pero también porque está localizada en un sitio de gran valor estratégico. Desde ahí tendrían rápidas salidas hacia las principales rutas, estarían próximos al puerto y también estarían muy cerca de algunos grandes emprendimientos que se han anunciado, como la regasificadora (más allá de que la misma se encuentra frenada). Son factores de peso que hacen que la firma insista por el lugar, más allá de que el granito se consigue con facilidad a lo largo y ancho del país.

Así se entiende que el primer intento de la sociedad anónima por hacerse de la explotación se remonte al 2013. Ese año, la Dirección de Medio Ambiente (Dinama) estableció que se trataba de un proyecto categoría "B", que implica posibles impactos ambientales "significativos moderados", y que por lo tanto obliga a la presentación de una solicitud de autorización ambiental previa. Eso conlleva a la realización de un estudio de impacto ambiental, que entre otras cosas incluye un análisis de la afectación a la población, a la calidad del aire, del agua y de la topografía, entre otros puntos a considerar.

Sin embargo, y según dijeron fuentes de la Dinama, la firma no presentó toda la información que le fue solicitada, por lo cual, después de todos los pasos correspondientes, en agosto de este año terminó por recibir una respuesta negativa de las autoridades ambientales.

De todos modos, la empresa no se dio por vencida y volvió a presentar una propuesta, la cual ingresó en septiembre pasado a la Dirección de Medio Ambiente y recién atraviesa las primeras etapas de evaluación que están previstas.

Consultado sobre los planes de la minera, el propietario de Impra S.A. dijo a El País: "Todavía no estoy en condiciones de comentar nada porque estamos tratando de superar los inconvenientes de la Dinama". Igual, Méndez aprovechó para aclarar que la firma es "bien uruguaya", dado que los vecinos creen que se trata de una sociedad anónima de origen mexicano. "Hace 50 años me dedico a la explotación de piedras. Exporto hace años a Japón y en pocos días ya podré explicar cuál es el plan para Pajas Blancas", remató.

Por ahora los vecinos sufren por la falta de información y se quejan por el hecho de que la empresa no haya sido clara en qué pretende hacer en el terreno ni cómo quiere hacerlo.

La gente del lugar afirma que recién se enteraron de la situación hace dos meses, cuando Impra convocó a una audiencia pública (como parte de las obligaciones legales que un proyecto de tales dimensiones debe cumplir). En esa asamblea la firma presentó el proyecto como una cantera de roca granítica en bloques, y la denominó "Por el camino de la piedra".

Sin embargo, los pobladores no quieren dar por válida tal asamblea, a la cual dicen que asistieron unas 10 personas, de las cuales solo dos se opusieron y el resto apoyó el proyecto. "No tenían información suficiente y pensaron que iba a ser mejor para el barrio", subrayan los actuales voceros del grupo que se formó luego.

Alicia Yic, una comerciante que vive hace casi 30 años en la zona y que es vocera del grupo de vecinos, explicó: "Dos horas antes de que se llevara a cabo la reunión, la empresa puso volantes en las paradas de ómnibus, entonces casi nadie se enteró y al final fueron solo 10 vecinos. Creemos que la convocatoria no tuvo una correcta difusión", afirmó.

En esa instancia la empresa entregó un folleto informativo en el que anuncia que proyecta "dos frentes de explotación para la extracción del material granítico dentro del predio, totalizando unas 27 hectáreas. Se prevé la extracción de 150.000 metros cúbicos de material por año, por un período de 20 años, dependiendo de la demanda del mismo". También planteó que, en caso de ser necesario, se encargará de las medidas para minimizar la afectación sobre el ambiente.

En la asamblea la firma dejó en claro que en caso de instalarse no dará trabajo a gente de la zona porque ya cuenta con los empleados necesarios, pero planteó, como contrapartida, que hará un aporte para mejorar la seguridad del barrio, y se habló sobre la posibilidad de construir una plaza de deportes con fondos otorgados por la empresa minera.

Carlos Silva, también residente del barrio, vocero del grupo de vecinos y empleado de la empresa de agua mineral Sirte, que funciona en la zona, manifestó su rechazo ante la actividad: "No queremos que vengan a ofrecer seguridad a cambio de instalarse, preferimos a los delincuentes antes que a una minera, y eso que quede claro", expresó a El País.

Walter Motta, otro vecino del lugar, dijo que se sienten identificados con la defensa de la tierra que han hecho quienes se opusieron a Aratirí, y comentó: "Es ilógico pensar que haya una mina funcionando tan cerca de donde vive la gente, es una cuestión de sentido común".

Mientras tanto, Palma apoya el planteo de los vecinos e insiste en su rechazo a la iniciativa. "La extracción del granito se hace con explosivos y el proceso genera efectos muy nocivos para la población y para las viviendas de la zona. También afecta el aire y el agua subterránea, lo cual es muy peligroso, más en un lugar que está rodeado de quintas", planteó el propietario del terreno.

En igual sentido, subrayó: "Entendemos que no se puede priorizar el interés privado de una empresa que ni siquiera genera puestos de trabajo nuevos, ante el interés general que es el de miles de personas que viven en la zona y que está claro que se verían afectados por la mina".

Por ahora, y según dijeron fuentes de la Dirección Nacional de Minería y Geología, el proyecto está a estudio y no ha habido resolución todavía, pero "es difícil que se pueda llevar a cabo". Según se explicó, el hecho de que el yacimiento esté ubicado en Montevideo deja poco lugar a que se habilite una explotación minera, por la densidad de población del departamento y por los límites existentes en materia de ordenamiento territorial. "Están especulando con tener la roca en caso de que se haga la regasificadora", dijo la fuente.

De todos modos y tal como están las cosas, los vecinos no quieren dejar margen alguno para la minera. "Nosotros estamos dispuestos a todo. Empezamos por juntar firmas (ya tienen 1.200) y organizar marchas, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no se instale acá", anunció Yic.

Los pobladores de Pajas Blancas dicen que, en caso de instalarse, la empresa estará movilizando cerca de 50 camiones al día, y además llevará a cabo explosiones semanales para la extracción del granito, cosa que entienden que es incompatible con la vida que ellos llevan allí.

Los vecinos vienen actuando a distintos niveles; de momento dicen que lograron el respaldo del alcalde de la zona y también consiguieron que la edila nacionalista Cristina Ruffo realizara un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para tener un panorama más claro sobre lo que pretende hacer la empresa.

"Queremos saber cómo y por qué fue otorgada la autorización a la empresa (para que comience con los estudios de impacto ambiental). Entendemos que hubo desprolijidad en la comunicación a los vecinos, y estamos preocupados por la situación", dijo la edila, que todavía no recibió la respuesta de la comuna.

Los vecinos también hablaron con el expresidente José Mujica, que vive a no más de un kilómetro del terreno pedido por la minera. Según dijeron, el ahora senador no estaba al tanto del asunto. Además, la semana que viene, tanto Palma como integrantes del grupo de vecinos darán cuenta ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sobre la situación que viven.

Raúl Viñas, integrante de la organización Uruguay Libre, que se opone a la megaminería, dijo que es "inentendible" que una empresa pretenda hacer una explotación tan cerca de un centro poblado. "A ellos les sirve por la ubicación, pero es una zona de chacras, una zona muy poblada, por lo cual queda claro que no es un lugar para un proyecto de ese tipo". El ambientalista remató: "Un país en serio no debería permitir esto".

El predio pedido por la empresa Impra S.A. para extraer granito es propiedad del empresario y dirigente de fútbol José Luis Palma. Es un terreno de 90 hectáreas del cual, en primera instancia, la firma pretende utilizar 27 hectáreas para su explotación por 20 años. El sitio está separado de Pajas Blancas, donde viven 3.000 personas, solo por una calle. Además, está a casi un kilómetro de la chacra del expresidente y actual senador José Mujica. Los vecinos le plantearon el tema, aunque el exmandatario dijo no tener conocimiento del asunto.

En un rincón del terreno pedido por la minera para extraer hierro, hay una cantera que evidencia una explotación anterior. Según contó José Luis Palma, dueño del predio, allí funcionó hace unos 30 años una mina. La misma, contaron los vecinos, abasteció a obras cercanas y funcionó poco tiempo, aunque dejó malos recuerdos por los daños que provocaban en los hogares las explosiones. "El predio es muy rico, la riqueza que tiene está a flor de tierra", dijo Palma. Al visitar el lugar, se aprecia con facilidad la presencia de la roca granítica, en la cual predomina el color rojo.

En Pajas Blancas está instalada la empresa de agua mineral Sirte, que este año cumple 100 años de funcionamiento en el país. La planta tiene tres pozos de extracción de agua subterránea, los cuales tienen una profundidad de 160 metros. La planta está cerca de la costa y a no más de un kilómetro del terreno que fue solicitado para la extracción de granito. La empresa de agua mineral se enteró junto con los vecinos de la posible instalación de un emprendimiento de ese tipo y se vio igual de sorprendida. Ahora sigue con atención el proceso y por eso acaba de entregar a la Dirección de Medio Ambiente (Dinama) una serie de carpetas con material complementario sobre las características de la zona y la composición ambiental del lugar, información que poseía debido a su funcionamiento allí. Pablo Decaux, asesor ambiental de Sirte, dijo a El País que la empresa comparte la preocupación de la población del barrio, y advirtió sobre cuatro puntos centrales. Primero, el impacto que un proyecto minero puede tener sobre los suelos. Luego, el impacto sobre las aguas subterráneas (elemento que afectaría su negocio directamente). En tercer lugar, la afectación sobre la calidad del aire y, por último, el impacto sobre las personas y el entorno. "Es un balneario populoso, próximo a un área de reserva de costa, y este proyecto podría impactar negativamente sobre la calidad de vida de los vecinos", dijo Decaux al evaluar los posibles riesgos.

De pie sobre la polémicaANDRÉS ROIZEN