INSTITUTO DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE

El Mides prepara demanda penal por deterioro de edificios del INAU

Auditoría concluyó que todos los centros se encuentran en mal estado.

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Asumieron nuevas autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Foto: Presidencia

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo ayer que recibió las conclusiones de una auditoría dirigida por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte referida al mal estado de los establecimientos de reclusión de menores ubicados en Colonia Berro y Montevideo.

"Con el Ministerio de Transporte estamos estudiando la denuncia penal (contra la administración anterior del ex Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente)", dependiente del INAU, dijo Arismendi a El País.

Por su parte, la novel directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (ex Sirpa), Gabriela Fulco, expresó a El País que los datos brindados por la auditoría del MTOP sobre el estado de las instalaciones "son negativos".

Ayer, al finalizar el acto de asunción de las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social, Fulco dijo que las edificaciones de todos los hogares son "obsoletas" y "no permiten" desplegar programas de rehabilitación de los menores infractores.

Consultada por El País sobre si todos los edificios del sistema de rehabilitación tienen deficiencias estructurales, Fulco respondió: "La auditoría concluyó que las construcciones que heredamos están en muy malas condiciones. Eso pasa en el centro de avenida José Belloni (ex Regimiento N° 9), el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), situado en la calle Cufré, y en el establecimiento de General Flores y Bulevar Artigas. También están obsoletos todos los hogares de la Berro".

A juicio de Fulco, estos centros "no son lugares pensados para alojar privados de libertad. La mayoría son casas que fueron recicladas para luego ser usadas como hogares de internación de menores privados de libertad. El Hogar Desafío antes era un colegio. Por ejemplo, el Hogar Paso a Paso era una casa".

Algunos trabajadores parecen ser "otra herencia maldita" recibida por el novel Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. "Aquellos funcionarios que fueron sumariados o con investigaciones administrativas por violar los derechos humanos de los menores infractores no tienen lugar en la nueva institución. Acá se va a defender los derechos humanos de las personas recluidas", advirtió Fulco.

Una comisión integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU y el Instituto de Inclusión Social Adolescente —un organismo descentralizado que comenzó a funcionar a pleno ayer con la designación del director blanco, Álvaro Viviano— definen criterios de separación de personal. Fulco recordó que hace poco el Instituto de Inclusión Social presentó una denuncia penal contra un turno entero de un establecimiento por haber obligado a dos internos a pasar la noche esposados a una reja. "Esta gente sigue trabajando en las sombras. No pueden trabajar en el nuevo Instituto porque generaron situaciones de violencia", reiteró la jerarca.

Unos 750 adolescentes están hoy privados de libertad.

Medida.

El expresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, afirmó que conoce la auditoría realizada por Arquitectura, pero consideró que esta no tiene una visión crítica sobre la anterior gestión. "Quedaron cosas por hacer en algunas obras y se retuvo el pago a las empresas que realizaron las construcciones al recibir información sobre dichos incumplimientos", dijo Villaverde a El País. Agregó que los reclamos a las empresas deberá hacerlo la actual administración por vía civil. "La medida que tomamos está documentada", señaló.

El secretario general del Sindicato del INAU, Carlos Salaberry, dijo a El País que el pasaje de funcionarios del Instituto al nuevo organismo fue acordado en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo. Agregó que aquellos funcionarios con sumarios no tendrán problemas para pasar de una institución a otra porque se debe aplicar el principio de inocencia. "Si el sumario concluye que se debe sancionar al trabajador, ello sí puede condicionar su pasaje a la otra institución", dijo.

Según Salaberry, "hay una confrontación clara" entre Fulco y el sindicato. "Ha hecho cinco denuncias a funcionarios vinculados al gremio. También ha desconocido al sindicato pretendiendo que dirigentes procesados no ejerzan su condición en hogares", dijo.

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