La tragedia del hogar “La Época Dorada” se cobró ayer su octava víctima.

El director del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, señaló ayer que llevará todo el período de gobierno regularizar las casas de ancianos que hay en el país. Son 1.112 las registradas, en las que viven 13.817 personas.

En este conjunto hay entre 2.000 y 2.500 ancianos, en 180 hogares, que están en una situación "crítica", informó Bango a El País TV. "Y puede haber un subregistro. En Rivera hay casas en donde ponen a la persona en un garaje y le sacan la pensión. Nosotros estamos abiertos a que nos envíen las denuncias para poder controlar, porque obviamente no podés hacer un censo casa por casa", indicó.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, admitió la responsabilidad en la tragedia que ayer se cobró su octava víctima: Carmelo Salvo, de 91 años, quien estaba internado en el Centro Nacional del Quemado (Cenaque) del Hospital de Clínicas.

"Me siento absolutamente responsable como ministra y ser humano", declaró Arismendi. "En 2014, se hicieron más de media docena de inspecciones. Yo no estaba en el Ministerio pero soy parte del Gobierno y por tanto responsable por lo que se hizo en la etapa anterior. Se fue, se advirtió, se amonestó y se planteó fundamentalmente lo que tiene que ver con la cantidad de funcionarios por personas", declaró la ministra.

Tanto el Mides como el MSP entienden que se necesita un mínimo de un cuidador cada diez pacientes, sobre todo en horas de la noche. En el residencial incendiado había una encargada para asistir a 17 personas. Tampoco tenía habilitación de Bomberos.

Tanto Arismendi como el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, admitieron que si bien ambas carteras se encargan de los controles (teniendo el MSP "la última palabra"), esto no involucra las condiciones de seguridad edilicias de las casas de salud, porque de hacerlo, la mayoría deberían ser cerradas. También destacaron las demoras de Bomberos para entregar las habilitaciones.

Bango explicó que desde noviembre, por la Ley de Presupuesto, la competencia "final" de la habilitación para funcionar corresponde al MSP, si bien el Mides sigue encargándose de la fiscalización "social". Antes, desde 2014, la competencia era de exclusividad del Mides.

"Siempre tenemos la disyuntiva sobre qué hacer. ¿Cerramos? Es la más cómoda, la que si lo tomo burocráticamente me cubre. ¿Y qué hacemos con las personas?", se preguntó Arismendi

"En muchos casos la familia los va a buscar, como ocurrió ahora. Pero en otros casos, como sucedió desde la madrugada (del lunes) hasta el día de hoy, trabajamos con aquellos a quienes los familiares no llevaron. Por suerte estamos hablando de solamente cuatro, porque en un comienzo eran diez", agregó la ministra.

Arismendi dijo que hay que aguardar que la población de ancianos en casas de salud vaya aumentando y que sean más mujeres las que se hospeden en estos lugares, ya que estadísticamente viven más que los hombres.

En un sentido similar se pronunció el ministro Basso al concurrir a la Comisión de Salud del Senado. "Seguramente, este hecho ha sido un disparador para llevar a cabo un fuerte debate en la sociedad a fin de ver cómo se puede seguir trabajando en el tema. Debemos asumir responsablemente el verdadero desafío que tenemos todos —también los organismos del Estado— para hacernos cargo de este problema, pero a su vez debemos transmitir que este desafío merece, por parte de toda la sociedad, un debate muy importante, diría que definitorio, para abordar el creciente número de personas con envejecimiento que necesitan cuidados", indicó.

Los ministros que concurrieron a la comisión parlamentaria recibieron quejas y reprimendas.

El senador Sebastián Da Silva, suplente de Javier García (PN), fue enfático al señalar que el Estado debe asumir responsabilidades políticas por la tragedia y por la situación de otros centros de salud, como el Piñeiro del Campo, que se encuentran funcionando de forma irregular, sin tener una habilitación de Bomberos.

"No sé si es la Dirección Nacional de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Mides o quien sea, pero volvemos a una retórica en donde las cosas pasan y, como Poncio Pilato, nos lavamos las manos. No he escuchado que se asuma una sola responsabilidad", sentenció.

"Como senador no me sirve el cariñómetro, no me sirve el lugar común, no me sirve la articulación, los términos y los nombretes cuando se trata de vidas humanas. No me sirve la excusa de que los organismos del Estado, con el mayor presupuesto de la historia de la República Oriental del Uruguay, vengan al Senado de la República a decirnos que nos falta articulación cuando ayer murieron siete viejitos porque no se tenía una habilitación de Bomberos. ¿Queda claro?", espetó el legislador del Partido Nacional.

"Ustedes conocen lo dramático que es clausurar un establecimiento. Se genera todo un proceso en el que el principal responsable de la relocalización de los residentes es el propietario. Suele suceder que las familias, por diversas razones, tampoco se hacen cargo temporalmente de ellos".

Declaró que se siente "absolutamente responsable como ministra y ser humano" por la tragedia en la residencia de ancianos. Informó que en 2014 se le hicieron más de seis inspecciones. "Yo no estaba en el Ministerio, pero soy parte del gobierno y por lo tanto responsable", indicó.

Dijo que resolver el problema de los residenciales de ancianos llevará todo el período de gobierno, por lo que mientras tanto "habrá que convivir con los riesgos". Esto no quiere decir que se les vaya a dar 4 años a los residenciales para resolver las observaciones que se les hagan, aclaró.

El Ministerio de Salud Pública tiene 1.112 hogares de ancianos registrados en todo el país, en los que viven 14.024 personas. Trabajan en ellos 5.021 funcionarios, según las cifras oficiales. De todos modos, se estima que existe un conjunto importante de locales que funcionan sin estar registrados oficialmente.

Entre 2.000 y 2.500 personas en todo el país viven en unos 180 hogares que están en situación “crítica”, declaró ayer Julio Bango a El País TV. “En Rivera hay casas en donde ponen a la persona en un garaje y le sacan la pensión. Nosotros estamos abiertos a que nos envíen las denuncias para poder controlar”, indicó.

En dos años se hicieron 2.831 inspecciones a las 1.112 residencias de ancianos registradas. En este período la cantidad de sanciones aplicadas fue de 76. También hubo 53 apercibimientos y en 27 oportunidades se suspendieron las actividades. En solamente 9 hogares se procedió a la clausura definitiva.

De los 1.112 establecimientos registrados, 83% tiene director técnico. En cuanto al personal para atender a los pacientes, tanto el Mides como el MSP entienden que se necesita, para las noches, un funcionario cada diez personas. En el caso de “La Época Dorada”, había una sola persona para la custodia de 17 ancianos.

A nivel mundial, Uruguay es uno de los países con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Algo más del 14% de la población supera esa edad y todo parece indicar que ese porcentaje va a seguir incrementándose. “Tenemos un enorme desafío por delante”, admitió el ministro de Salud, Jorge Basso.

GOBIERNO ADMITE PROBLEMA CON CASAS DE SALUD