VÍCTIMAS DE LOS DOS LADOS

"Mi hijo no era un delincuente"

Ana María y Rogelio desconocían las juntas de su hijo muerto a manos de un comerciante.

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Estudiaba mecánica en la UTU y estaba en cuatro año. Foto: F. Ponzetto

"Salgo y vengo enseguida porque siete menos cinco tengo UTU", esas fueron las últimas palabras que Nicolás Blanco le dijo a sus padres. Nunca más lo volverían a ver con vida.

El joven de 17 años murió momentos antes de las 19:00 horas del pasado 24 de mayo, luego de que un comerciante del barrio Fraternidad le disparó cuando entró a un almacén junto a otro muchacho con intenciones de robar. El acompañante de Blanco, también fallecido por un tiro en el pecho, era Fernando Nicolás Franklin Pebaque, un conocido delincuente de 19 años con antecedentes penales, que estaba siendo buscado por la Policía desde hace algunas semanas.

Ambos jóvenes entraron al comercio de Jorge y Nelly, ubicado en las calles Euclides Salari, esquina 20 de Enero. A partir de ese momento comenzó la agonía de una familia. Los padres de Nicolás encontraron a su hijo tendido en el piso a una cuadra del comercio. Corrió herido de bala rumbo a su casa, no aguantó y cayó sobre la calle Euclides Salari, frente a la puerta que tiene numeración 3468.

"Le iba bien en los estudios, estaba en cuarto año de Mecánica. Parte de ser delincuente es tener antecedentes penales, y yo pregunto: ¿dónde están los antecedentes de mi hijo? ¿Quién lo apuntala como que estuvo en un hurto, en una rapiña? Eso sería ser delincuente. Todos los comerciantes a los que les han robado, en todos lados, saben quiénes son los ladrones, saben quién entra a robar y quién no, por más que usen capuchas o lo que sea", relató a El País Rogelio Blanco, el padre del menor fallecido, quien trabaja en un modesto taller de chapa y pintura instalado en su vivienda.

Rogelio y su esposa, Ana María Raimundi, vivían junto a Nicolás en el barrio Cerrito de la Victoria, a tan solo tres cuadras del comercio que fue la tentación de los dos jóvenes fallecidos.

La Justicia falló ayer sobre el caso, disponiendo la libertad del almacenero y archivando el expediente, tomando como principal motivo la "legítima defensa" (ver nota aparte).

"No estaba las 24 horas del día detrás de mi hijo porque soy un laburante, pero te digo una cosa, no hay un solo comerciante que haya identificado a mi hijo como ladrón. Voy a seguir caminando con la frente en alto, porque mi hijo no era un delincuente; él estudiaba y dormía bajo este techo. En esa cuadra voy a seguir caminando con la frente en alto, porque saben que eso que pasó no es escuela de mi casa, de mi hogar", contaba entre lágrimas Rogelio, que asegura que no duerme desde el martes pasado.

El hombre confesó a El País que no sabe quién era el acompañante de su hijo al momento del robo. "No lo conocemos de ningún lado, no es de este barrio, (...) supuestamente había robado este comercio más de una vez, y como laburante, ante esta sociedad, te cansás. Yo no puedo ir a decirle al comerciante ¡me mató un hijo!, porque soy un luchador neto, que si me tocan lo mío voy a saltar. No voy a matar a nadie, a mí me conocen, vivo desde los 14 años en este lugar, si mi hijo se torció no fue por culpa mía, fue por culpa de su inocencia, que quedó expuesta ante una sociedad podrida que los tuerce", dijo el hombre.

En tanto, Ana María, que es enfermera y estaba en clases de gastronomía cuando supo lo que había sucedido con su hijo a muy pocas cuadras de su casa, hizo énfasis en lo que explicó el marido: "Nosotros estamos contra los asaltos, contra los ladrones, los violadores, no estamos de acuerdo, no somos de esas personas, pero Nicolás no era un delincuente. Se equivocó y no se por qué hizo esto".

Represalias.

El barrio Fraternidad, donde ocurrió el hecho, quedó inundado de miedo. En la madrugada siguiente a los episodios se escucharon motos a alta velocidad por la cuadra Euclides Salari, gritos y pedradas. "Los vamos a matar a todos, a ustedes les gusta, les vamos a dar plomo", gritó un hombre mientras caminaba frente a la casa del comerciante, según relataron los vecinos a El País.

El almacenero Jorge y su esposa Nelly están encerrados y prácticamente no salen a la calle. Las ventanas y las persianas de su casa están cerradas, la puerta de acceso a la vivienda también, al igual que las rejas que la protejen. Tienen miedo.

Nelly, que prefirió no hablar con El País, desde atrás de la persiana del segundo piso de la casa gritó: "No podemos hablar, el juez no nos deja".

Los vecinos aseguran que desde hace dos noches se escuchan motos a toda hora, con gente que "anda a los gritos".

Ayer, a la tarde, un joven encapuchado estuvo varios minutos frente a la casa de los comerciantes. Hizo guardia y esperó el momento para apedrear las ventanas.

Desde ese momento los patrullajes policiales se han vuelto más constantes. La carnicería que está al lado del comercio también estaba cerrada. Los dueños reconocieron el pasado 24 de mayo que el joven de 19 años fallecido también les había robado a ellos hacía pocos días.

"Tengo miedo. Este siempre fue un barrio tranquilo, pero hubo una ola de robos y violencia que te impide salir a la calle. Yo salgo lo justo y necesario, no me regalo", dijo una vecina a El País, pidiendo la reserva de su nombre.

Otro vecino, que vive en el lugar hace más de 40 años, no titubeó: "Tengo un arma, si estos malandros encaran para casa, no voy a dudar".

FALLO.

Fue una "legítima defensa", dijo el juez.

El juez Nelson Dos Santos resolvió archivar la investigación sobre las dos muertes en el barrio Fraternidad. En su fallo, firmado ayer, entendió que el comerciante de iniciales J. A. V. "actuó amparado con la causal de legítima defensa", al tiempo que dispuso la "clausura de estas actuaciones".

Recordó que para que proceda la clausura de una indagatoria por homicidio "es menester que la eximente justificativa de legítima defensa se configure de manera palmaria, irrefragable, con la misma flagrancia que el homicidio mismo".

Un elemento que forma parte de la resolución es que los jóvenes fallecidos fueron reconocidos como autores de delitos similares en la zona. El arma que portaban también fue identificada como usada en otras rapiñas. "Del relato de testigos y del indagado surge que dichos jóvenes ya habrían participado en hechos similares ocurridos en el mismo comercio y en un comercio que gira en el ramo de carnicería y que es lindero al almacén", dice el fallo.

El magistrado destacó los aspectos relacionados con la celeridad del proceso judicial en estos casos. "La legítima defensa prevista en el Art. 26 del Código Penal es una causa de justificación que amerita —si sus extremos se configuran inicialmente— un pronunciamiento desde el inicio de las actuaciones, pues es de toda lógica y estricta justicia que en esa hipótesis debe tratar de evitarse en lo posible el daño moral que puede conllevar el sometimiento a un proceso penal o un encarcelamiento si se tiene presente la duración de nuestro actual proceso penal", indicó.

Con respecto a lo sucedido antes de los disparos, el juez calificó con precisión la circunstancia y se refirió a "un delito de rapiña especialmente agravado por el uso de arma, genéricamente agravado por la cooperación de inimputable, en grado de tentativa". Por otro lado, en el fallo queda de manifiesto la condición de cada uno de los protagonistas: dos jóvenes de 17 y 19 años que atacaron a un hombre de 72 que se encontraba solo.

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