NEGOCIO DIFÍCIL

Memorándum con Shell le da libertad para fijar tarifas

Abdala denuncia que no asegura el suministro de gas al mercado local.

Las obras del proyecto están paradas desde hace más de 70 días. Foto: Gas Sayago
El proyecto quedó trunco, pero Gas Sayago sigue existiendo. Foto: Gas Sayago

El Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que el gobierno firmó con la multinacional petrolera Shell para intentar reactivar el fallido proyecto de la regasificadora, paralizado en 2015, establece que Gas Sayago (conformada por Ancap y UTE) deberá aportar toda la infraestructura que se llegó a construir. Sin que se establezca todavía un precio, se determina en el memorándum que Gas Sayago deberá volcar una serie de elementos: estudios técnicos, autorizaciones ambientales, dragados ya existentes y un gasoducto ya construido.

El memorándum, al que accedió El País, tiene varios aspectos que son objetados por el diputado blanco Pablo Abdala, que impulsó la comisión investigadora de la regasificadora porque cree que pueden favorecer la creación de un monopolio. La ministra de Industria, Carolina Cosse, irá el miércoles a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, convocada por su presidente, el nacionalista Amin Niffouri, a explicar el acuerdo.

El artículo 3 del documento, que no es vinculante para las partes, determina que Gas Sayago aportaría todos los estudios, actividades y dragados realizados, todas las autorizaciones y permisos ya otorgados, el gasoducto que une el gasoducto "Cruz del Sur" con el punto donde estaría la terminal y todos los materiales de Gas Sayago ubicados en el obrador.

"La contribución de Gas Sayago al proyecto se reconocerá conforme a un valor acordado entre las partes según el valor que los activos provistos tengan para el proyecto, siendo debidamente compensado mediante pagos en efectivo y/o en especie, que podrá incluir la entrega de acciones de la Compañía Terminal, considerando, en este último escenario, que los derechos de Gas Sayago como accionista minoritario serán discutidos oportunamente por las partes", dice el documento.

Para Abdala, hay varios aspectos cuestionables del memorándum. Uno es que recibiría una autorización ambiental que fue otorgada hace ya años, sin que deba actualizarla. Otro es que recibiría en concesión sin licitación un área de la bahía de Montevideo. "Supuestamente Gas Sayago transferiría la concesión que le hizo la Administración Nacional de Puertos para construir la terminal en la bahía de Montevideo. Esta concesión ya fue observada por el Tribunal de Cuentas. Es absolutamente ilegal, porque implica la concesión sin licitación del álveo, de la zona marítima que es una parte del territorio nacional. Siempre hay que llamar a licitación y en este caso con más razón. La otra vez se había observado una concesión que le hizo la ANP a una empresa, que si bien era privada, estaba conformada por dos accionistas del Estado que eran UTE y Ancap. En este caso se lo concederíamos a una multinacional", advirtió Abdala.

El legislador considera cuestionable que Shell tendría la facultad en solitario de fijar tarifas por el gas natural y no se obligaría a asegurar el suministro al mercado uruguayo.

"Esto representa un empeoramiento. En el esquema anterior, la tarifa no era determinada por GNLS (el anterior concesionario), sino por Gas Sayago. No era que GNLS iba a cobrar la tarifa que quisiera, eso estaba acordado de antemano", recordó Abdala.

El convenio solamente menciona que se daría "prioridad" a la demanda local. Establece concretamente: "las partes se esforzarán por crear una prioridad para los servicios de la terminal para satisfacer la demanda interna de gas para los usuarios uruguayos en los acuerdos relevantes de venta de gas pertinentes a dichos usuarios".

"No hay un compromiso. De lo contrario, tendría que decir que las partes acuerdan la certeza de que la demanda interna de Uruguay tiene prioridad. Quedamos cautivos de Shell que nos va a vender en las condiciones que quiera y al precio que quiera", señaló Abdala.

Arbitraje.

El memorándum determina que "cualquier controversia o reclamo entre las partes que pueda surgir en relación con las actividades contempladas en el presente acuerdo o en relación con ellas, o la existencia, ejecución, validez, incumplimiento o terminación del presente o de cualquier disposición del mismo, será finalmente, solamente y exclusivamente resuelto (sin apelación ante los tribunales) por arbitraje en Montevideo bajo las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por tres árbitros nombrados de acuerdo con dichas reglas".

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo próximo, determina que una vez terminado el convenio y contando un año a partir de su firma (en septiembre pasado) "en el eventual caso de que Gas Sayago considere utilizar con un tercero la concesión otorgada por la ANP relativa al puerto de Punta de Sayago, que no sea Shell ni ninguna de sus afiliadas, Gas Sayago invitará a Shell a decidir si tiene la intención de participar en el nuevo proyecto con el mencionado tercero".

"¿Porqué razón asociarnos con Shell por más que nos traiga una idea? En todo caso, se podría ir por el camino de la iniciativa privada y otorgarle una preferencia, una bonificación en un futuro llamado, pero no darle una concesión en forma directa", advirtió Abdala.

El documento determina que Shell reintegrará a Gas Sayago una serie de costos, con un tope mensual de US$ 200.000. Las partes crearán un Comité Directivo y un Equipo de Trabajo.

Se impide negociar por ahora con terceros

El memorándum establece que Shell tendrá el 100% de los derechos de utilización de la capacidad de la terminal que podrá ceder a un tercero. Gas Sayago se compromete a no negociar con otro interesado en relanzar el proyecto durante el plazo de vigencia del documento. El memorándum fue aprobado por los directorios de UTE y Ancap, aunque en este último caso el director blanco, Diego Labat, votó en contra. El documento no supone la creación de una sociedad conjunta entre Gas Sayago y Shell.

Cuarto día de huelga de hambre de tres sindicalistas

Los diputados frenteamplistas Luis Puig y Daniel Placeres buscarán en este semana ser recibidos por autoridades de Petrobras, la operadora de MontevideoGas, para pedirle que retome la negociación con el sindicato. Mientras tanto, el conflicto continúa. La compañía quiere enviar a 24 trabajadores al seguro de paro en el marco de un plan para abatir costos. Pero el sindicato lo rechaza de plano con el argumento de que el convenio laboral de la distribuidora de gas por cañería establecía la estabilidad laboral.

Tres dirigentes sindicales, incluyendo el presidente del gremio, Martín Guerra, hace cuatro días, están realizando una huelga de hambre, siguiendo un protocolo del Sindicato Médico del Uruguay y están ingiriendo solamente líquido, explicó a El País el sindicalista Alejandro Acosta. Los sindicalistas fueron visitados por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Según Acosta, la empresa se quiere imponer y no negociar. Desde hace meses el sindicato está embarcado en un duro conflicto con la distribuidora a la que acusa de no invertir en la expansión de la red de distribución y de permitir un deterioro en la calidad de los servicios que brinda.

La semana pasada, Petrobras explicó en un comunicado que tiene que reducir sus costos, entre otros motivos, porque ha tenido gastos adicionales de US$ 7 millones por el canon que el Estado le ha hecho pagar y por la ejecución que se le impuso este año de una garantía de fiel cumplimiento de contrato sin atender sus argumentos.

Petrobras también propuso dejar sin efecto la aplicación del aumento salarial del 3,25% definido en julio pasado, así como el del 3,25% previsto para enero próximo. La multinacional brasileña también quiere convenir una cláusula de paz. La multinacional propone no cubrir los puestos vacantes generados por el retiro del personal desde el inicio de un Plan de Retiro hasta el 30 de junio del año próximo.

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