Las 15 medidas de la Estrategia por la Vida y la Convivencia

09/10/2016, 05:01

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El asesinato de Heriberto Prati a manos de un rapiñero cuando salió en defensa de una amiga que era asaltada, volvió a poner en primer plano los altos niveles de inseguridad que vive el país. Seis de las 15 medidas que se aprobaron en 2012 para mejorar la seguridad todavía no se pusieron en marcha.

<section><h2>Las 15 medidas de la estrategia por la vida y la convivencia</h2></section><section><h2>Reparación a las víctimas de delitos</h2> <p></p> <div>El 16 de enero de 2013 entró en vigencia la ley Nº 19.039, por la que se creó el beneficio de pensión a las víctimas de delitos violentos o a sus familiares (esposa, concubina o hijos menores), en caso de homicidio.</div> <div><br></div> <div>Las familias de la víctima reciben una pensión mensual cuyo valor es de seis bases de prestaciones y contribuciones (cuyo monto de 2016 es de 3.340 pesos), por lo que la suma ronda los 20 mil pesos. Según datos proporcionados a El País por la vicepresidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Rosario Oiz, hasta el 30 de septiembre de 2016 se otorgaron 141 pensiones, de 142 que se habían solicitado. En tanto, a víctimas de violencia doméstica se le entregaron 172 reparaciones, de 182 solicitadas. Las diez restantes están pendientes de resolución por parte del BPS. </div> <div><br></div></section><section><h3>Agravamiento de penas por pasta base</h3> <p></p> <div>La ley 19.007, de noviembre de 2012, transformó en inexcarcelables los delitos de comercialización y tráfico de pasta base. Sin embargo, esa ley nunca pudo aplicarse.</div> <div><br></div> <div>Según explicó a El País el juez  penal José María Gómez, es necesario probar que se trata de pasta base “en estado fumable” porque así lo determina la ley, pero en los laboratorios de Montevideo no se encuentran los instrumentos adecuados para analizar la sustancia.</div> <div><br></div> <div>Gómez integró una comisión que se formó para trabajar en el tema. Ahora se anunció que se comprará el aparato que permite analizar la sustancia en los laboratorios. Pero mientras tanto, los detenidos por comercialización de pasta base -si son primarios- seguirán teniendo penas mínimas de 20 meses, aunque pueden salir a los diez meses de ser encerrados, explicó el juez.</div> <div><br></div></section><section><h3>Modificaciones al código de la niñez</h3> <p></p> <div>El hecho de que el homicida de La Pasiva fuera menor contribuyó a que el 27 de diciembre de 2012 se aprobara la ley 19.055 que impone que los adolescentes que cometen delitos graves no podrán ser liberados antes de cumplir un año de encierro. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo en enero pasado a El País que esta ley “no tuvo efectos” sobre la minoridad infractora aunque se evitaron las fugas que antes eran frecuentes. ”Pasamos de tener 150 o 200 adolescentes infractores privados de libertad a más de 500”, dijo. De hecho, en el gobierno hay voces que piden derogar esta ley como el Mides, informó Búsqueda el jueves.   Sin embargo, el ministro del Interior Eduardo Bonomi,   consideró que se cumplió el objetivo de que salieran para reincidir en el delito.</div> <div><br></div></section><section><h3>Reinstalación de los juzgados de faltas</h3> <p></p> <div>Desde octubre de 2013 se reinstalaron los juzgados de faltas que habían sido eliminados con el objetivo de mejorar la convivencia. Esta ley apuntó básicamente a sacar a las personas que viven en la calle y evitar inconvenientes en el tránsito.</div> <div><br></div> <div>A tres años de su aprobación presenta problemas en su aplicación y el Poder Judicial ha pedido cambios. En una nota enviada al Parlamento en junio, la Suprema Corte de Justicia planteó que cuando la Fiscalía pide la internación de las personas que viven en la calle en refugios del Mides, las personas   se encuentran nuevamente en   situación de calle y no pueden ser ubicadas.</div> <div><br></div> <div>Con respecto a las faltas en el tránsito -que son el 89,4% de las denuncias- se planteó que los casos se caracterizan por llegar a la sede entre 70 y 80 días después de cometida la falta. </div> <div><br></div></section><section><h3>Abordaje a consumidores problemáticos de drogas</h3> <p></p> <div>Esta propuesta, que no se llegó a concretar, implicaba “el abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno”.</div> <div><br></div> <div>Se envió un proyecto de ley al Senado para crear Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas. Según el documento de la Estrategia por la vida y la convivencia la idea era atender a 1.970 personas, contar con 780 plazas ambulatorias y atender a 120 personas privadas de libertad en forma “ambulatoria” en las cárceles.</div> <div><br></div> <div>Este proyecto derivó luego en la iniciativa de internación compulsiva de adictos, una idea del expresidente José Mujica, que finalmente naufragó en el Parlamento por no contar con el apoyo de la bancada del Frente Amplio. </div> <div><br></div></section><section><h3>Creación de Juzgados de narcomenudeo</h3> <p></p> <div>La iniciativa, que se desestimó en el Parlamento, apuntaba a la creación de un tercer juzgado especializado de Crimen Organizado dedicado exclusivamente a la persecución de las bocas de pasta base.</div> <div><br></div> <div>El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo en julio pasado en el Parlamento que “bandas de narcotraficantes usan niños en edad escolar y bebés para trasladar drogas de un barrio a otro. Lo hacen en mochilas y pañales. También los utilizan como “campanas” para alertar cuando la Policía está cerca de una boca de venta de drogas”. Además dijo que en el entorno de las bocas de venta de drogas se cometen también otros delitos importantes como el hurto, la rapiña, el homicidio. Según Vázquez, un juzgado especializado ayudaría a mejorar la persecución de las bocas.</div> <div><br></div></section><section><h3>Legalización regulada de la marihuana</h3> <p></p> <div>Con el objetivo de jaquear el mercado ilegal de las drogas, la ley 19.172 establece tres vías para quienes quieran consumir marihuana en forma recreativa: el autocultivo, los clubes de membresía y la compra al Estado. Las dos primeras vías se están aplicando pero la venta de marihuana del Estado en farmacias se encuentra trancada sin que se sepa la fecha en que se efectivizará.</div> <div><br></div> <div>Las autoridades hablan desde julio de que se está “a semanas de lanzarse” pero se desconoce una fecha cierta. En tanto, las dos empresas autorizadas para cosechar cannabis concretaron la cosecha de la marihuana en julio y desde entonces comenzó su proceso de secado, lo que implica pérdida de peso que afecta la ecuación económica de quienes invirtieron en la plantación.</div> <div><br></div></section><section><h3>Horario de protección al menor</h3> <p></p> <div>Luego de la reiteración de la imagen del trabajador de La Pasiva cayendo muerto en diciembre de ese año el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 227/012 que incluyó en el horario de protección al menor a los programas informativos y políticos que emiten imágenes que puedan afectar a niños y adolescentes.</div> <div><br></div> <div>Además, se determinó que los anuncios promocionales y las sinopsis de películas deberán contar con la conformidad del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau). Desde entonces el INAU ha aplicado multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables a los canales que incumplan del decreto.</div> <div><br></div> <div>En los casos en que se aplicaron multas a los medios de comunicación, fue porque identificaron a menores infractores al mostrar sus caras, dar nombres, apodos, o mostrar sus casas.</div> <div><br></div></section><section><h3>Ley de medios - Diálogo con las empresas</h3> <p></p> <div>La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está a la espera de ser reglamentada para que empiece a aplicarse. La norma que determina quiénes son objeto de regulación, la asignación de frecuencias, derechos de los periodistas, contenidos y prohibición de monopolios, entre otros asuntos, fue aprobada en diciembre de 2014, pero quedó en suspenso al recibir unos 30 recursos de inconstitucionalidad.</div> <div><br></div> <div>El jueves, El País informó que el presidente Tabaré Vázquez pidió a la Suprema Corte de Justicia un relevamiento de las inconstitucionalidades de la ley de medios para comenzar con la redacción de la reglamentación.  Hasta el momento la Corte falló por la inconstitucionalidad de 23 artículos de los 202 de la ley pero aún faltan sentencias por salir que están a estudio.</div> <div><br></div></section><section><h3>Mejora de la eficiencia policial</h3> <p></p> <div>El documento de la Estrategia por la Vida y la Convivencia planteaba que para mejorar la seguridad era necesario “profesionalizar la gestión”. Para ello, se efectuó una reestructura por la que se dividió a la Jefatura de Montevideo en cuatro zonas operacionales, se eliminó a Radio Patrulla, se le dio mayores potestades a la Republicana.</div> <div><br></div> <div>Además modificó la forma de trabajo en las Comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores, se pasó a utilizar sistemas de información geográfica para la intervención policial. Todo ello demandó una fuerte inversión.</div> <div><br></div> <div>El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo en febrero de 2013 que mientras que en 1990 el presupuesto del ministerio era de US$ 7 millones, en 2012 alcanzó los US$ 766 millones.</div> <div><br></div></section><section><h3>Centros de mediación y negociación de conflictos</h3> <p></p> <div>Esta medida, que tampoco se concretó, proponía crear en los centros educativos ámbitos  para impulsar la resolución no violenta de conflictos para mejorar las relaciones interpersonales en particular en zonas donde se ha registrado un incremento de la violencia y delitos originadas por riñas, disputas y problemas de vecindario.</div> <div><br></div> <div>La idea era reproducir en el ámbito educativo la iniciativa del Poder Judicial, que cuenta con Centros de Mediación desde hace 20 años. Se trata de cinco centros en Montevideo, y también en Salto, Paysandú y Soriano, Canelones, Maldonado y Rocha.</div> <div><br></div> <div>La intención del Poder Judicial era ampliarlos a otros departamentos pero no lo pudo concretar por la falta de asignación de recursos presupuestales.</div> <div><br></div></section><section><h3>Jóvenes mediadores en liceos</h3> <p></p> <div>La Administracíón Nacional de Educación Pública (ANEP) creó el programa de Jóvenes Mediadores. Para formarlos en mediación, se les da una capacitación que dura entre tres y cuatro semanas, se enseña a los estudiantes técnicas de mediación y de resolución de conflictos, promoción de convivencia ciudadana basada en valores, como inclusión, tolerancia y respeto por la diferencias.</div> <div><br></div> <div>La coordinadora del programa Verónica Masa dijo a El Observador que todavía no se ha hecho una evaluación completa pero que cuando los técnicos vuelven a los centros perciben el cambio. En promedio cada año el programa trabaja con 500 estudiantes de segundo y tercer año, explicó. </div> <div><br></div> <div><br></div></section><section><h3>Plazas de convivencia en el Cerro y La Teja</h3> <p></p> <div>Con una inversión de US$ 4 millones se hicieron obras en las plazas de deportes el Cerro y La Teja que fueron inauguradas en 2013. La medida anunciada en 2012 apuntaba a “favorecer el uso intensivo de los espacios públicos para mejorar la cohesión social y la convivencia”.</div> <div><br></div> <div>El alcalde del Municipio A, que comprende tanto al Cerro como a La Teja, el frenteamplista Gabriel Otero, dijo a El País que cada una de ellas tiene más de 3.000 vecinos afiliados que concurren diariamente a realizar actividades deportivas.</div> <div><br></div> <div>Otero destacó que se cumplieron los objetivos de mejorar la convivencia de las personas que se acercan a las plazas que están en funcionamiento desde las 7 de la mañana hasta 23 de lunes a sábados y los domingos actividades especiales. </div> <div><br></div></section><section><h3>Sistema de información de violencia doméstica</h3> <p></p> <div>Las denuncias por violencia doméstica no han dejado de crecer. Según datos del Ministerio del Interior en 2005 se habían registrado 6.853 denuncias y en 2015 fueron 31.236. Incluso entre 2012 -en que se comenzó a aplicar el sistema de información- y 2015 las denuncias se duplicaron.</div> <div><br></div> <div>Para dar más herramientas a la Justicia, en 2013 se empezaron a aplicar las tobilleras electrónicas que permiten controlar que los agresores no se acerquen a las víctimas. Desde el 1° de enero de 2013 hasta el 5 de octubre de 2016, se colocaron 846 tobilleras.</div> <div><br></div> <div>Según datos que proporcionó a El País el Ministerio del Interior, actualmente se encuentran activos 190 dispositivos, la mayoría en Montevideo. De ellas 39 corresponden a Canelones, 5 a Maldonado y 4 a San José.</div> <div><br></div></section><section><h3>Educación y control del tránsito</h3> <p></p> <div>El último de los objetivos del plan que se cumplió era mejorar la educación y control del tránsito en todas las ciudades del país, a través de la cooperación de la Policía Nacional Caminera colaborando con los gobiernos departamentales y las direcciones de tránsito de las intendencias.</div> <div><br></div> <div>Desde enero de este año entró en vigencia la ley orgánica policial que creó la Dirección Nacional de Policía de Tránsito. La Policía Nacional de Tránsito tendrá potestades de multar a los conductores, no solamente en rutas nacionales, sino también en zonas urbanas y suburbanas.</div> <div><br></div> <div>En marzo, el director de la Policía de Tránsito, Osvaldo Molinari, dijo que se trabajaría para saber cuáles son los puntos críticos para coordinar acciones con las Brigadas y otras unidades, en los lugares de mayor demanda de efectivos. </div> <div><br></div></section>

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