GREMIO DIVIDIDO

Por medida sindical vigencia del nuevo Código se demora

En apretada votación, el sindicato descartó por ahora un paro indefinido.

La asamblea de ayer tuvo pico de tensión en varios momentos. Foto: A. Colmegna
La asamblea de ayer tuvo pico de tensión en varios momentos. Foto: A. Colmegna

La directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay tuvo que extremar esfuerzos ayer para desactivar un paro general por una semana que hubiese aplazado varios días el comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Pese a ello el nuevo marco normativo que regirá los procedimientos penales demorará 48 horas en entrar en vigor porque el jueves se celebra el Día de los Difuntos y las reparticiones públicas no trabajan.

La asamblea de los judiciales realizada ayer en el Platense Patín Club fue tensa porque en muchos trabajadores judiciales hay una enorme molestia porque pasan los años y no logran que sus salarios se adecuen en aplicación de la ley que durante el gobierno anterior "enganchó" sus remuneraciones con las de los ministros de Estado, los de la Suprema Corte de Justicia y los jueces.

Una moción impulsada por la directiva del sindicato que proponía continuar las negociaciones con el gobierno obtuvo 671 votos en tanto que la que proponía un paro hasta el próximo 7 de noviembre sin guardia gremial recibió 630. Esta última moción se había unificado con otra que proponía una detención de actividades por tiempo indeterminado.

De todas formas, el Consejo Directivo del sindicato decidió ayer de noche un paro de 24 horas para hoy como protesta contra las condiciones en que comenzará a aplicarse el Código del Proceso Penal que, por lo tanto, comenzará su vigencia el viernes 3. El sindicato sostiene que en las sedes falta lugar para guardar los expedientes y para atender al público.

La moción que triunfó, tras cuatro horas de acalorado debate, señalaba que la iniciativa de un paro indefinido "muestra una falta de análisis mínimo" y un "desconocimiento" de la decisión del pasado 11 de octubre que suponía dialogar con el gobierno.

La moción suponía "rechazar la huelga porque no están dadas las condiciones y estar a lo resuelto" en octubre. También supone la presentación de un inminente recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas que habilita al Poder Ejecutivo a postergar los pagos de sentencias y arbitrajes en su contra que superen los US$ 10 millones, lo que comprende la deuda con los judiciales.

Richard Ascurrein, secretario general del gremio, debió levantar la voz y preguntar "¿qué pasa si nos declaran la esencialidad y si el acatamiento no es mayoritario?" Ascurrein señaló como un logro que el Pit-Cnt se haya involucrado en la búsqueda de una solución, pero reconoció que el enojo de los trabajadores se justifica y avisó que si las gestiones no llegan a buen puerto "ahí patearemos la mesa si es necesario".

En el oficialismo del sindicato se consideraba que un paro prolongado debía contar con un apoyo abrumador que era imposible conseguir en la asamblea. Las deliberaciones se hicieron en un ambiente bastante caldeado. No faltaron gritos y descalificaciones "Tengamos la asamblea en paz. No debemos agredirnos ni insultarnos y saldrá lo que salga", pidió Ascurrein.

Pero faltó poco para que se impusiera la visión más radical. Una sindicalista llamada Cristina, de Maldonado, contó que por iniciativa de ella y algunas compañeras, se formó un grupo de WhatsApp para reclamar la convocatoria de la asamblea general extraordinaria que se realizó ayer que rápidamente consiguió amplio apoyo y lo atribuyó a que "estamos frustrados y agotados". "Tenemos un sindicato, herido, fracturado. Hemos agotado las medidas de lucha, por hora, por día, durante seis años. Si no es ahora, ¿cuándo?", se preguntó. "¿No se le ocurrió al secretario general llamarnos para ver si algunos de nosotros 200 quería salir en la prensa? Nos estamos peleando entre nosotros, pasa el tiempo y no hay nada, no hay nada de concreto", dijo mirando a Ascurrein. Otra mujer se quejó de que "estamos permitiendo la violación de la Constitución" porque el artículo de la Rendición de Cuentas que posterga sin fecha el pago a los judiciales es inconstitucional. "Estamos cansados de callarnos la boca. Es hoy o nunca. Todos juntos y con respeto", pidió.

El grupo más radical retiró su propuesta de paro indefinido y se avino a apoyar la iniciativa algo más "moderada" que suponía un paro por una semana sin guardia gremial. Un asambleísta de este grupo acusó al gobierno y al Pit-Cnt de "tomarnos el pelo" y otra delegada de Minas, si bien desaconsejó la adopción de un paro por tiempo indefinido, dijo que el presidente Tabaré Vázquez había dicho "disparates" en el último Consejo de Ministros respecto al conflicto de los judiciales. Ascurrein reconoció que las declaraciones de Vázquez "no ayudan ni un poquito".

Un asambleísta que se oponía a las posturas más extremas señaló que tenía la "certeza" de "esa huelga va a a fracasar" y que la moción para endurecer las medidas era "absurda". El asambleísta, que integra el Consejo Ejecutivo, se quejó de que "más de uno de nosotros ha recibido insultos" y advirtió que "la huelga no es fácil".

En el ambiente quedó flotando que, más allá de que no se adoptaron medidas extremas, los trabajadores judiciales (unos 3.600) están hartos de esperar el pago del "enganche". En rigor, reclaman una adecuación salarial que supondría un incremento del 13% y negociar el pago de la deuda generada hasta ahora que ya ronda los US$ 70 millones.

La semana pasada el sindicato tuvo una reunión informal con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y también logró que el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, se comprometiera a realizar gestiones para acercar a las partes.

El presidente Tabaré Váz-quez prometió el lunes a funcionarios judiciales, que fueron al Consejo de Ministros que se realizó en Trinidad, que se les pagará lo que se les adeuda pero no precisó cuándo y dijo, erróneamente, que el gobierno había llegado a un acuerdo con los actuarios que, de hecho, siguen coordinando acciones con la Asociación de Funcionarios Judiciales. El gobierno sí acordó ya una solución con jueces, defensores de oficio y fiscales.

Fiscales: es "previsible" que el CPP funcione mal

Un grupo de fiscales letrados envió una carta a la directiva de la Asociación de Fiscales en la que señala que "es previsible" un mal funcionamiento del Código del Proceso Penal y que "no queremos ser responsables de ello". "Ante ello ya deberíamos pedir en forma pública disculpas a la sociedad por los múltiples inconvenientes que se generarán ", dice la carta. Los fiscales dicen que no fueron consultados, que faltaron cursos y reuniones de coordinación y que el respaldo informático no está operativo.

Detalles destacados

OBJETIVO. El nuevo Código del Proceso Penal otorga atribuciones para que el Ministerio Público dirija las investigaciones. Además, según sus promotores, brinda garantías y atención a las víctimas del delito.

ATRIBUCIONES. Ahora el Ministerio Público contará con atribuciones para dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, así como para disponer la presencia de todas las personas que puedan aportar elementos a las investigaciones, solicitar medidas cautelares, acusar o sobreseer, entre otros.

MODIFICACIÓN. El cambio más significativo es la adopción del procedimiento penal acusatorio, oral y público, en audiencias que serán registradas y estarán a cargo del juez. También organiza cómo se toman declaraciones a víctimas, testigos e imputados. Las investigaciones tienen un límite de un año desde su formalización, según el texto promulgado por el Ejecutivo.

LIBERTAD. Además, se elimina la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena, propios del sistema inquisitivo. También se asegura la imparcialidad objetiva de los jueces con la consagración de un sistema que coloca un juez para las audiencias y otro en el juicio oral.

ACUERDOS. El nuevo marco normativo prevé la posibilidad de realizar acuerdos entre el acusado y la Fiscalía antes de llegar a la instancia final del juicio. El presidente de la Asociación de Magistrados Alberto Reyes dijo a El País que con este cambio “disminuirá el número de presos sin condena”, lo que “es un muy buen efecto”. Con respecto a los plazos, Reyes opinó que el sistema facilita la realización de muchos procedimientos abreviados, que son de duración “muy corta”.

SISTEMA VIEJO. Los juicios que ingresaron hasta ayer se tramitarán por el Código del Proceso Penal que regía hasta la víspera. La información extraoficial es que en Montevideo hay 20.000 expedientes por tramitar y a esa tarea fueron asignados 20 fiscales. Según un cálculo de la Fiscalía de Corte, cada integrante del equipo debe expedir cinco dictámenes por día. “Con eso se cubriría fácilmente el sistema antiguo y la demanda tenderá a disminuir a medida que avance la aplicación del nuevo código, dijo a El País el fiscal de Corte Jorge Díaz.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)