Mientras el intendente Daniel Martínez realizaba ayer el acuerdo semanal con su gabinete en el segundo piso del Palacio Municipal, en la explanada de la Intendencia se hacía la primera protesta multitudinaria contra una medida del nuevo gobierno departamental.

Con respaldo del Pit-Cnt y del Sindicato Nacional de la Enseñanza Privada (Sintep), decenas de trabajadores se movilizaron ayer por el cierre del programa Nuestros Niños que —advierten— "ocupa a más de 200 trabajadoras y atiende de forma integral a más de 1.500 niños de 6 meses a 4 años".

La Intendencia aseguró que "en ningún momento se puso en cuestión la continuidad del programa", aunque aclaró que junto al gobierno nacional, se viene evaluando la pertinencia de que el programa pase de la competencia municipal al Plan CAIF, quedando por tanto en la órbita del Mides.

Este programa de atención integral a la primera infancia funciona desde 1990 con un modelo participativo y descentralizado, generando espacios de inclusión para las familias y la comunidad. Según la página web de la IMM, existen 18 Centros Comunitarios de Educación Inicial en el convenio, en los que se brinda atención en las áreas pedagógico-didáctica, salud, nutricional, psicomotriz y educación por el arte.

El programa Nuestros Niños se ejecuta en un modelo de cogestión público-privada, a cargo de organizaciones sin fines de lucro a las que la administración departamental sostiene con recursos con los que se pagan gastos de funcionamiento y retribuciones. Estas organizaciones perciben transferencias bajo la figura de Donación Modal, siendo ellas las empleadoras de los educadores que trabajan en la atención a los niños.

La Intendencia constató que "la situación formal de las organizaciones sin fines de lucro necesitaba adecuarse de manera de facilitar las condiciones para percibir dichas transferencias".

"Considerando que los Centros Comunitarios de Educación Inicial realizan una actividad de gran impacto social, que incide directamente en la primera infancia, en especial en niños y niñas de sectores vulnerables, y que hay trabajadores cuyo salario depende de la efectivización de estos convenios, la administración dispuso buscar la manera más eficiente y con mayor seguridad jurídica para resolver esta situación, procurando la continuidad de los servicios sin afectar la situación de trabajadores", indicó en un comunicado.

La Intendencia resolvió otorgar un plazo de 60 días para que las organizaciones presenten ante su División Políticas Sociales "la documentación que acredite la realización de los trámites necesarios".

"A tales efectos, se dispuso realizar los pagos correspondientes a estas organizaciones sin fines de lucro, los cuales ya se encuentran en proceso de ejecución", aseguró.

Ante las recurrentes consultas que por diversas vías recibió sobre este tema, la Intendencia también aclaró que "la situación sobre los pagos a las organizaciones que gestionan este programa, en nada se debe al análisis de la adecuación del programa Nuestros Niños en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados".

Como se sabe, el gobierno nacional se encuentra en vías de implementar este nuevo sistema que fuera anunciado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Entre sus objetivos, se encuentra el "articular la participación de dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales y municipales con competencia en la materia, así como optimizar los recursos públicos y privados de cuidados".

Ocupa a 200 mujeres y atiende a más de 1.500 menores