Google sabrá todo lo que consultan en Internet los docentes y los estudiantes —siempre y cuando sus padres firmen una autorización— de Primaria, Secundaria y UTU.

El acuerdo del Plan Ceibal con la multinacional impide que la empresa use estos datos para bombardearlos con publicidad o que los venda a terceros que tengan estos mismos fines. Sin embargo, cuando los estudiantes ya estén fuera del sistema de la educación pública, Google tendrá un extenso perfil de cada uno.

El contrato de Google con el Plan Ceibal establece que los datos de los usuarios deberán ser borrados dentro de los 180 días siguientes a que estos dejen el sistema de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Pero lo cierto es que no hay un mecanismo de control para que esto ocurra. Sólo se confía en que eso va a ser eliminado. Y los expertos tienen sus sospechas de que la empresa cumpla.

"Está lo que se sabe y lo que no se sabe. Uno no sabe en qué medida Google le suministra información a los servicios de inteligencia del gobierno norteamericano. ¿Pero qué se sabe? Que Google vende publicidad. Ese es el negocio de Google. Todo lo que ofrece gratis es porque de alguna manera obtiene información y cosas que le interesan para hacer publicidad", explicó a El País el ingeniero Juan Grompone, quien fue asesor del Plan Ceibal hasta el año 2007.

"La gente del Ceibal dice que el contrato que firman dice que no van a usar la información para publicidad —continúa el especialista. Pero igual la información la tienen. Puede ser que no la usen para la publicidad mientras estén en el período escolar, pero después que salgan del sistema educativo seguirán teniendo los datos".

Por su parte, desde la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp), que depende de la Presidencia de la República, su presidente, Federico Monteverde, explicó a El País que es el propio contrato el que advierte que los datos que generen los alumnos durante su carrera educativa van a ser eliminados.

"Como en todo contrato, las partes se obligan. Es a confianza, pero está por escrito", destacó Monteverde.

Sobre la seguridad de los datos, en lo que respecta al peligro de que se filtre la información, estos estarán en servidores de Estados Unidos (la gran mayoría) y en Europa. Los riesgos son los mismos que los de cualquier usuario que tenga un cuenta en Gmail o en la plataforma de almacenamiento de datos Dropbox —el acuerdo consiste en una cuenta en cada una de las plataformas sin límites de espacio. Lo que pase con ellos estará regido por la ley norteamericana y aunque Google se compromete a no filtrarlos, los expertos sostienen que nunca se sabe lo que puede pasar. "Alcanza con recordar lo que pasó con WikiLeaks", alertó a El País el director de Netgate, Álvaro Lamé.

Monteverde sostuvo que un posible "espionaje" sobre los datos que genere el Plan Ceibal "escapa al alcance de las potestades de la unidad" que él preside. Lo que sí aclaró es que el protocolo de protección de datos que usa Uruguay en el marco de este y otros acuerdos, es el mismo que los de todos los países de la Unión Europea y de muchos de América Latina.

El pasado martes, en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR), se planteó por unanimidad, y por sugerencia de la decana de la Facultad de Ingeniería y exministra de Educación y Cultura, María Simon, la "preocupación" de la institución sobre el acuerdo.

El propio rector de la Universidad, Roberto Markarian, que en el CDC señaló su temor por el posible delito de "espionaje", declaró ante la agencia de noticias EFE que "a menos que esté mintiendo toda la humanidad, es un hecho que los mecanismos electrónicos de información son utilizados para conocer la vida e intereses de las personas".

Markarian también sostuvo que "es un hecho que Google es una empresa internacional, a través de la cual los medios de comunicación han espiado a presidentes de repúblicas inmensas. Eso es verdad, nadie puede negarlo".

El acuerdo Google-Plan Ceibal también preocupa a algunos actores de la oposición política. La comisión de Educación del Senado recibió en la tarde del miércoles a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a quien le expresaron una serie de cuestionamientos sobre el acuerdo. Según declaró a El País el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, quien promovió la convocatoria de Muñoz a la comisión, la ministra "no contestó ninguna" de las preguntas.

También en la tarde del miércoles la decana de la Facultad de Ingeniería, Simon, se reunió con la cúpula de la ANEP para plantear sus preocupaciones y las de todo el CDC sobre el acuerdo. Tampoco obtuvo respuestas. Lo que sí quedó claro es que el acuerdo fue entre el Plan Ceibal —una persona jurídica de derecho público no estatal que responde directamente a la Presidencia de la República—, dirigido por Miguel Brechner, y Google, sin la participación de las autoridades a cargo de la educación.

Expertos dudan sobre garantías del contrato de multinacional con Plan Ceibal