Informe de Inteligencia sobre organización que operaba en la frontera.

Un peón de estancia entró en una armería de Artigas y ofreció su cuchillo a la venta. Al otro lado del mostrador, el propietario del comercio le dijo: "Bueno, pero si dejás poner un arma a tu nombre, te llevás US$ 100 y el cuchillo".

El peón aceptó.

El arma, cuyo supuesto dueño era el trabajador de campo, apareció en Brasil en forma ilegal. Allí está prohibida la venta de armas a civiles.

Tras obtener un dato a fines del año pasado, efectivos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial iniciaron una investigación contra traficantes de armas en la frontera que fue denominada "Operación Leo"

El lunes 20, doce personas fueron detenidas, entre ellas dos propietarios de armerías. Once vivían en Artigas y uno en Tacuarembó.

La jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Mainard y el fiscal especializado Carlos Negro tomaron declaraciones a los detenidos. Al finalizar ayer las audiencias, los dueños de las armerías fueron procesados con prisión por reiterados delitos de tráfico interno de armas; otras cuatro personas fueron procesadas sin prisión por coautores de tráfico interno de armas, y un quinto indagado fue procesado sin prisión por tráfico internacional de armas.

En el operativo realizado en la frontera, la Policía decomisó unas 40 armas: rifles, escopetas, revólveres calibre 38 y pistolas Glock, calibre 9 milímetros.

No se trató del único operativo policial sobre el tráfico de armas efectuado por Inteligencia Policial en el último año. A fines de junio de 2016, efectivos de Inteligencia realizaron la "Operación Cerrojo" que terminó con el procesamiento con prisión de un empresario que importaba y vendía armas de grueso calibre.

La investigación policial detectó que el acusado tenía en su poder 50 rifles AR 15 —un subfusil de guerra utilizado por fuerzas especiales— y 30 Glock. La mayoría de esas armas terminaron en manos de delincuentes en Brasil, según informes de Inteligencia Policial.

Además del empresario, otras siete personas fueron procesadas por tráfico interno de armas. También fue remitido a la cárcel un empleado de una armería que utilizaba, en forma fraudulenta, la documentación de compradores. Luego concurría a otras armerías a adquirir armas y las registraba a nombre de estos.

Uno de los documentos de Inteligencia Policial considera que más de 500 armas potentes —subfusiles, escopetas y pistolas Glock— fueron traficadas hacia Brasil en forma ilegal en un corto período.

¿Por qué la gran mayoría de las armas uruguayas terminan en manos de delincuentes brasileños?

"Se trata de un negoción", explicó ayer uno de los detenidos ante la jueza Mainard y el fiscal Negro.

En el Juzgado especializado en Crimen Organizado, uno de los detenidos reconoció que una pistola Glock cuesta US$ 1.100 en una armería uruguaya y en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro el precio puede trepar hasta cinco veces más.

Generalmente, las armas terminan en manos de bandas como "Comando Vermelho (Rojo)" o "Primer Comando de la Capital", entre otras organizaciones. Esas armas son luego utilizadas en la defensa de "territorios" de "bocas de drogas" o en ajustes de cuentas, según las fuentes.

Los rifles AR-15 —calibre .223— son muy demandados por los delincuentes brasileños porque sus disparos pueden atravesar camiones blindados. En Uruguay esa arma no se vende en armerías. Sin embargo, hay personas que la poseen.

Esa arma vale en Uruguay US$ 3.300. En las grandes ciudades de Brasil su precio en el mercado negro oscila entre US$ 7.000 y US$ 10.000, según señalaron fuentes del caso.

El reciente procedimiento contra la banda de traficantes de armas en Artigas comenzó en 2016.

Algunos de los detenidos figuran como titulares de armas de gran valor cuando su condición económica muestra que no están en condiciones de adquirir un producto tan costoso.

La investigación de un equipo de Inteligencia Policial detectó que uno de los jornaleros, que percibía un sueldo de $ 12.000 mensuales, había comprado dos pistolas Glock en un mismo día. Supuestamente había desembolsado US$ 2.200.

Cada vez que la Policía brasileña encuentra un arma uruguaya en el marco de un hecho ilícito, informa a su par de Uruguay. "Los policías del país vecino identifican rápidamente el origen de un arma. Nos notifican y ahí empieza la investigación", dijo una fuente del caso a El País.

A mediados de 2015, efectivos de Inteligencia Policial estimaron que unas 300 armas automáticas fueron traficadas a organizaciones criminales de Brasil por policías de Rivera. Las pistolas 9 milímetros y subfusiles ametralladora eran adquiridos en armerías en forma legal y luego contrabandeadas hacia Brasil por Rivera. Las bandas que compraban las pistolas y fusiles las utilizaban luego en hechos delictivos como tráfico de drogas y asesinatos.

El 5 de junio de 2012, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal por la desaparición de armas y municiones de la Jefatura de Treinta y Tres. La denuncia se originó luego que la Policía de Brasil detuviera a un traficante que poseía armas de esa jefatura.

Están listos los pum pum", "aquellas cosas", los "taca taca" o "el peine". Así se referían a las armas y municiones los integrantes de una banda de traficantes a Brasil que fueron objeto de escuchas telefónicas practicadas por funcionarios de la Dirección de Investigadores de la Policía de Rivera a mediados de 2016. Miembros del crimen organizado de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, Caxías y Bento Gonçalves viajaban a Rivera a adquirir las armas y las municiones. En algunos casos las dejaban en depósito en Uruguay. En otros las llevaban hacia suelo brasileño. El auto de procesamiento de la jueza penal de Rivera, Annabel Gatto de Souza, señala que fueron remitidos a la cárcel ocho personas por delitos de tráfico interno de armas.

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