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Martínez sobre compra de inmueble: pide no "dar manija, sino investigar"

El intendente habló sobre el caso del inmueble que una empresa compró a US$ 750.000 y que dos días después se lo vendió a la comuna al doble.

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"Nos llevará dos años conseguir bajar el déficit que tenemos a cero". Foto: L. Mainé

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, habló esta mañana sobre la polémica compra por parte de la comuna de un inmueble a US$ 1.490.000, cuando dos días antes la empresa que lo compró había pagado US$ 750.000.

En declaraciones a los medios, recogidas por radio Uruguay, Martínez dijo que lo mejor en este momento es "no hacer mucho discurso ni dar manija, sino investigar".

El intendente sostuvo que los datos que tienen actualmente muestran que en la compra todo fue "en regla", pero reconoció que hay que "profundizar e investigar" porque la población merece transparencia.

"Merecemos transparencia y tranquilidad. Eso va a motivar investigar lo que sea necesario", señaló el jerarca.

Fuentes de la comuna habían confirmado esta mañana a radio Carve que se dispondrá una investigación administrativa por el caso.

Ruperto Long, ministro del Tribunal de Cuentas, fue entrevistado en la emisora y también habló sobre el tema: describió la situación como algo "llamativo".

“Cuando uno tiene una sola oferta, tiene que estudiar con mucho detalle si esa oferta refleja el valor del mercado”, opinó. Y luego agregó que "en esta compra que hace la intendencia hay algo muy llamativo. Se compra un inmueble por el doble de su valor".

Long dijo que "la compra no se ajustó a los principios de buena administración" y que "la intendencia tiene que haber visto que el terreno se compró al doble”.

La resolución del Tribunal de Cuentas, fechada el pasado miércoles 22, sostiene que el proceso licitatorio se adecuó a lo dispuesto por el artículo 33 y siguientes del Texto Ordenado Ley de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

"Sin perjuicio de ello, el Pliego de Condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto, por ejemplo, que se indica la cantidad de metros cuadrados que deben contar los servicios higiénicos y vestuarios", expresa el dictamen del Tribunal de Cuentas al que tuvo acceso El País.

La resolución expresa que "no constan" en el expediente informes técnicos previos que fundamenten la elección en el pliego de determinada zona de Montevideo para la ubicación del inmueble, así como las especiales características de las construcciones y metrajes que se requieren como mínimo. Tras reconocer que se presentó una única oferta que cumple con los requisitos mínimos del pliego de la Intendencia de Montevideo, el TCR dijo que se pronunció el Equipo Técnico Catastro y Avalúo y la Dirección Superior de la IM "sin fijar" un valor de tasación del inmueble.

El Equipo Técnico, dice el Tribunal, se limita a expresar que el precio ofertado es conveniente a los intereses departamentales y en ambos casos con la salvedad de que para realizar una tasación detallada es necesario contar con los planos a escala legible. "No consta (en el expediente) que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor", agrega el Tribunal de Cuentas.

Advierte que el inmueble vendido a la Intendencia de Montevideo fue comprado por los únicos oferentes el 14 de diciembre de 2016, dos días antes de la fecha de apertura de ofertas, por US$ 750.000. La empresa que se presentó al llamado cotizó el inmueble en US$ 1.490.000. El Tribunal de Cuentas expresa que, en ninguno de los informes previos a la adjudicación, se tuvo en cuenta que la empresa había comprado el bien 48 horas antes de la apertura de las ofertas. Recuerda que la ley 9.515 establece que compete al intendente adquirir terrenos y edificios para oficinas o mandar construir edificios nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Departamental. "No consta que se haya cumplido ese paso", dice la resolución.

Además de observar el gasto, el TCR denunciará el caso a la Junta por "no ajustarse" al principio de buena administración.

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