Se eliminará el cargo rentado del director del Instituto del Cannabis

Marihuana: cambios a la ley y vuelta a Diputados

La iniciativa que regula el mercado de la marihuana será modificada en el Senado y se aprobará en noviembre, en una decisión política tomada por la bancada del Frente Amplio. Por eso, volverá a Diputados antes de su sanción.

Un inesperado cambio de planes hará que el proyecto vea retrasada su sanción como ley. Foto: AFP

Daniel Isgleas

La situación fue inesperada y surgió a partir de una consulta que se efectuó en la comisión de Salud Pública del Senado. Los miembros de la comisión que preside el senador colorado Alfredo Solari acordaron solicitar a la División Estudios Legislativos del Parlamento un listado de todos los proyectos a estudio que quedarán comprendidos por la disposición del artículo 229 de la Constitución, el que obliga a aprobar antes del viernes 25 todas aquellas iniciativas por las cuales se generen gastos, se creen cargos o se aprueben presupuestos. El día sábado 26 de este mes comenzará a regir el año previo a las elecciones nacionales y es eso lo que el artículo constitucional toma en cuenta para impedir la sanción de leyes de ese tipo.

A vuelta de consulta, la División Estudios Legislativos envió un informe a la comisión en el que establece que el artículo 24 de la referida iniciativa sobre la marihuana crea un cargo rentado -lo cual no se puede hacer en noviembre que es cuando se aprobará la ley- y por eso es que saltaron las alarmas en la bancada del gobierno.

El informe de los técnicos recuerda a los senadores que la iniciativa incluye en su articulado, más precisamente en el artículo 17, la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Y que por otro artículo, el 24, establece el carácter rentado de su director.

"Con respecto al hecho de que la creación del Instituto se efectivice mediante una figura que tenga la naturaleza jurídica de `persona pública no estatal`, esta División entiende que no se neutraliza la prohibición expuesta en el artículo 229 de la Constitución, en virtud de que la prohibición está indicada desde el punto de vista de quién lo aprueba, en este caso la ley, `… Poder Legislativo`, y no de la naturaleza propia de la destinataria de la creación o aumento", señala el informe, bajo las firmas del escribano Renán Pascal Acuña y del abogado y escribano Juan Pedro Lista Morel.

Y añade que "esto es, el artículo 24 proyectado, claramente crea un cargo rentado de Director Ejecutivo, ergo, se ajusta a la hipótesis contenida en el artículo constitucional analizado", el 229.

Y concluye que "en síntesis, la prohibición constitucional refiere a que en el guarismo temporal de 12 meses previo a las elecciones ordinarias, el Poder Legislativo -en este caso por ser ley formal- no puede aprobar la creación de un cargo ni incrementar retribuciones".

Se elimina.

En este sentido, El País consultó al senador de Asamblea Uruguay Luis Gallo, miembro de la comisión en representación del oficialismo, quien confirmó que el artículo será eliminado para eludir la premura de la sanción de la ley. En definitiva, el proyecto será modificado, aprobado en noviembre y volverá a la Cámara de Representantes.

"Hubieron conversaciones (en la bancada oficialista) y acordamos eliminar el cargo y crearlo más adelante por la vía presupuestal", dijo Gallo a El País.

Gallo recordó que en otro momento de la iniciativa, el Instituto (Ircca) se creará igual porque no tiene presupuesto que recibirá recién con la próxima ley de Presupuesto en 2015.

En noviembre se aprobarán conjuntamente la ley que regula el mercado de la marihuana y la de tratamiento para pacientes adictos en situación de riesgo, explicó el senador del Frente Amplio.

Si bien el Irrca no tendrá presupuesto hasta comienzos de 2016, el secretario de la Junta Nacional de la Droga Julio Calzada estimó que en el segundo semestre de 2014 "el sistema ya puede empezar a desarrollarse", declaró a El País.

"Queremos arrebatarle al narcotráfico su mercado", dijo días atrás el presidente José Mujica durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Calzada, este es uno de los grandes objetivos de la ley.

Proyecto de ley al detalle

El proyecto de ley permite la compra de hasta 40 gramos mensuales de marihuana en la red de farmacias. Para poder comprar, el consumidor debe estar registrado, pero su identidad se mantiene en reserva bajo la ley de protección de datos (Habeas Data). Se permite y regula el autocultivo personal de hasta seis plantas de cannabis por hogar y la producción colectiva de la droga en clubes de membresía (integradas por un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios). El proyecto de ley autoriza la producción para fines de investigación científica y de uso medicinal. También se permite la producción del cannabis no psicoactivo conocido como cáñamo industrial. Al igual que en el caso del tabaco, no está permitido fumar marihuana en espacios públicos cerrados y tampoco conducir cualquier tipo de vehículos bajo el efecto de la droga, y además se prohíbe cualquier tipo de publicidad de la sustancia. Cuando la iniciativa se discutió en la Cámara de Representantes hubo incertidumbre por el voto del diputado frenteamplista Darío Pérez, que finalmente tras idas y vueltas acompañó la iniciativa. De la oposición no votó ningún legislador.

CONTRAPUNTO

Luis Gallo

SENADOR FRENTEAMPLISTA

El legislador y médico es integrante de la comisión de Salud del Senado. "Está absolutamente confirmado que en noviembre se votará la ley que regula el mercado de cannabis. Además de esa ley se aprobará la iniciativa por la que se disponen normas para el tratamiento de los pacientes adictos en situación de riesgo", dijo a El País. Asimismo, Gallo descartó que se deje todo en libertad. Declaró a La República que "el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca es responsable de toda la plantación, producción y cultivo" de la planta.

Luis Lacalle Pou

DIPUTADO NACIONALISTA

Propuso aplicar penas más extensas para los narcotraficantes. "Los delitos de narcotráfico no pueden ser excarcelables. Hoy lo son", dijo el legislador a El País. En ciertos casos el narcotráfico debe penarse con la pena máxima existente para algunos homicidios, es decir 30 años de cárcel. Lacalle Pou considera que tiene que haber políticas que reduzcan la demanda y subsidiar los centros que tratan a los adictos. "Nosotros propusimos en el presupuesto de 2010 el subsidio a ciertos centros. Y el Frente votó en contra".

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