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Malestar y contradicciones en instituto de DD.HH.

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Foto: F. Ponzetto.
FERNANDO PONZETTO

Una grieta se abrió en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) a partir del desalojo del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el 22 de septiembre.

El problema surgió en la misma noche de los incidentes, cuando Juan Faroppa, presidente de la Inddhh, contrariando una resolución del directorio de este organismo, concurrió a observar el operativo de desalojo del Codicen. El Inddhh había recibido un pedido del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y del presidente del Codicen, Wilson Netto, para que oficiaran de veedores. El Inddhh analizó el tema y votó que no le correspondía ir. Estaban cuatro de los cinco directores del Inddhh: dos votaron en contra, uno se abstuvo y Faroppa votó a favor.

El Inddhh lo integran Faroppa, Mirtha Guianze, Juan Raúl Ferreira, Mariana González y Ariela Peralta.

Faroppa fue igual a la sede del Codicen. Dos días después, el viernes 25 de septiembre, a través de un comunicado, la Inddhh aseguró que aceptó "la propuesta (de Bonomi y de Netto) pero exclusivamente para participar en calidad de observadora y nunca mediadora o negociadora". Sin embargo, allegados al Inddhh dijeron a El País que esta parte del comunicado causó malestar en algunos directores, ya que no coincidía con la resolución que habían tomado. "Algún integrante pensó en renunciar por lo que pasó", aseguraron las fuentes.

Ayer en El País TV, Faroppa asumió que si bien la votación había sido negativa, "complicada y de máxima presión (...)", asumió "la responsabilidad de ir en el entendido que si nosotros como Institución de Derechos Humanos no estamos en los lugares complicados, no tendríamos ninguna legitimidad para opinar sobre hechos concretos si no tenemos la posibilidad de ir y de estar".

En tanto, la jueza Ana de Salterain procesó ayer a una décima persona por los enfrentamientos con la Policía durante el desalojo del Codicen. Se trata de un joven de 18 años que tendrá que cumplir 200 horas de tarea comunitaria como los otros nueve procesados.

De Salterain dijo a El País que el joven se reconoció en las imágenes que le fueron mostradas cuando tiraba vallas y piedras a los efectivos policiales frente a la sede del Codicen la noche del martes 22 de septiembre.

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Foto: F. Ponzetto.

Mayoría del directorio contraria a concurrir al desalojo del Codicen

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