Nadie se hace cargo. Ni la Intendencia, ni la Policía. La decisión de la Justicia de desalojar a más de 1.000 personas de un predio privado ubicado al norte de la capital fernandina, genera una situación de difícil solución.

Habrá que esperar a la hora 10 del próximo jueves 19 para ver si una sentencia del Poder Judicial es cumplida o ignorada olímpicamente.

El dilema que enfrentan las autoridades pasa por varios aspectos. Por un lado está la duda de si se debe o no acatar la sentencia de un juez que ordena el desalojo. Por otro lado, el mismo hecho de llevar adelante dicha resolución puede derivar en una situación social de impredecibles consecuencias. Y por otro, cómo puede ser afectado el derecho de propiedad en una zona donde buena parte de los inmuebles están en manos de extranjeros.

Todas estas alternativas conforman un cóctel difícil de tragar que fue servido apenas El País informó de la resolución judicial referida al citado predio. José Sosa, vocero de los vecinos residentes en los dos terrenos privados del asentamiento "Los Eucaliptus" de Maldonado, aseguró ayer domingo a El País que en ese lugar viven más de mil personas.

"Nosotros no decimos que vamos a resistir el desalojo. Lo que decimos es que le damos mucho valor a lo que pueda ocurrir en estos días que nos quedan hasta el 19 de noviembre", dijo Sosa. La abogada de los vecinos presentará una nota para tratar de conseguir una prórroga del lanzamiento.

La información, conocida por jerarcas judiciales, policiales y municipales, provocó un sonoro silencio. Nadie quiere hablar sobre el tema. Menos explicar de qué forma se resolverá el problema.

El hecho de que más de 1.000 personas, entre ellas una enorme cantidad de niños, queden sin techo y deambulen por la zona aterroriza a los jerarcas.

También preocupa la hipotética situación de que los desalojados salten al predio municipal habitado por unas 1.400 familias asentadas en el lugar desde hace una década atrás.

El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, declinó ayer formular comentario alguno al ser consultado por El País sobre el tema. Empero, el máximo jerarca policial, sobre quien recae la tarea de auxiliar a la alguacil del juzgado que deberá llevar adelante el lanzamiento, aseguró que no fue notificado de forma oficial de la resolución del juzgado de paz departamental de 1º Turno de Maldonado.

La propia alguacil del juzgado que debe llevar adelante el lanzamiento se encuentra gozando de su periodo de licencia anual y se estima que no estará en funciones el 19 de este mes.

Según supo El País, un procedimiento de esta magnitud deberá ser llevado adelante por una gran cantidad de efectivos dispuestos a enfrentar la resistencia de los desalojados.

"Decrétase el lanzamiento de los padrones de autos (art. 62 del Decreto-Ley Nº 14.219), cometiéndose a la Alguacil de la Sede, a quien se confieren las más amplias facultades, entre otras el auxilio y colaboración de la fuerza pública. Oportunamente, archívese", sostiene el decreto 2236 del 24 de julio pasado dictado por el magistrado.

Más allá del silencio de Ruiz sobre la forma en que la Policía colaborará con el Poder Judicial para concretar este lanzamiento, existe una profunda preocupación en mandos y personal subalterno de la fuerza policial. El simple hecho de desalojar a 600 personas de precarias viviendas, conforma un procedimiento de difícil ejecución. La imagen de uniformados retirando a numerosas familias compuestas por hasta ocho personas provoca más que pesadillas en los uniformados.

Desde el poder político se espera que a último momento ocurra algo que frene el lanzamiento de las más de seiscientas personas. Ese "algo" pasa por la eventual negociación que lleve adelante el propietario, que reside en el exterior, con las autoridades locales.

Un político, con responsabilidades de gestión, aseguró que el predio por más que sea desalojado deberá convivir con el enorme asentamiento "Los Eucaliptus", lo que en los hechos deprimirá su precio. "Nadie en su sano juicio puede comprar un predio para construir su casa con semejante vecino", aseguró el dirigente político.

De todas formas, el propietario del predio tendrá la posibilidad de demandar al Estado por una multimillonaria cifra por no cumplir una sentencia del Poder Judicial. No sólo quedará con un terreno comprado a muy bajo precio, sino que, además, puede hacerse de una jugosa indemnización por haber sido perjudicado al no ejecutarse una sentencia a su favor.

La firma propietaria de los terrenos ya recurrió a la Justicia. En el año 2014 presentó una denuncia penal por usurpación en una comisaría de Maldonado. La denuncia no tuvo andamiento. Luego hizo lo propio en uno de los tres juzgados con competencia penal existentes en Maldonado. Tampoco tuvo suerte. La denuncia fue archivada.

Desde el Poder Judicial sostienen que no hay antecedentes en la materia, tanto por la cantidad de familias involucradas como por el enorme riesgo que conlleva el cumplimiento de una sentencia judicial. Existe el temor de que las familias una vez desalojadas se pasen al terreno lindero municipal o que invadan otros predios de la zona.

Fuentes policiales consultadas por El País no ocultaron su preocupación por el hecho de tener que auxiliar a la Justicia en un lanzamiento que puede involucrar a medio millar de personas. "Vamos a tener que traer a todo el regimiento de la Guardia Republicana y alguna cosita más", comentó un alto oficial de la Policía de Maldonado. Los móviles policiales que ingresan al asentamiento son generalmente objeto de ataques a pedradas, insultos y los efectivos víctimas de ataques físicos.

"Es un asentamiento muy difícil", indicó la fuente policial. En la administración del intendente Enrique Antía existe la misma preocupación. El hecho de que aproximadamente 1.000 personas sean lanzadas a la calle de buenas a primeras y pierdan un lugar donde vivir genera inquietud en las autoridades por las consecuencias futuras.

Trabajo a contrarreloj para posponer el desalojo previsto dentro de 2 semanasMARCELO GALLARDO