GERARDO SOTELO

De locos

Y un día los uruguayos nos enteramos de que, en un hospital psiquiátrico del Estado, había jaurías de perros que mordían a las personas, incluso hasta causarle la muerte.

Por extraño que parezca, la psicosis no vino de los familiares de los internados, ni siquiera de los trabajadores (quienes plantearon su derecho a trabajar sin la zozobra de tener que vérselas con canes asilvestrados) sino de algunas organizaciones defensoras de los animales. La rápida actuación de la Justicia (ya había intervenido hace seis meses intimando la solución al problema de los perros salvajes pero ASSE decidió apelar) gatilló un debate digno de una comedia de humor negro, en medio de una tragedia.

¿Qué debemos hacer con los perros? ¿Matarlos? ¿Darlos en adopción a una familia de caníbales? ¿Llevarlos al campo para que se ceben con borregos y otros cachorros no humanos? ¿Internarlos en el INAU o en el COMCAR para ser reeducados junto a los internos que ya disfrutan de esa oportunidad? ¿Mandarlos a sesiones de psicoterapia? ¿Encerrarlos en un canil y hacerlos escuchar "All you need is Love" hasta que depongan su actitud o resucite John Lennon?

La solución saldría de un equipo interinstitucional conformado por las autoridades públicas especializadas en salud y seguridad, mientras los animalófilos convocaban a adoptar perros con conductas lobunas dignas de ancestros, para que hicieran las delicias de los abuelos y los niños pero en casa, ya no en un hospital psiquiátrico del Estado.

En el medio de este episodio de locos, los internados pasaron a segundo plano, un lugar de lo más destacado si se tiene en cuenta que nadie se ocupó de ellos en los últimos lustros, a no ser para tirar perros abandonados en el predio del Etchepare, que luego formarían jaurías agresivas.

¿Existe algo parecido a una autoridad que pueda decir "soy responsable de todo esto"? ¿Quién debió resolver el problema de los perros en setiembre del año pasado, según lo dispuesto por la Justicia, y decidió apelar en lugar de velar por la integridad física de funcionarios e internados? ¿Está aún en funciones el representante de los usuarios en el directorio de ASSE o fue sustituido por otro, con una representatividad igualmente digitada?

Tomando distancia de toda esta locura y demostrando por qué está donde está, el presidente Vázquez destituyó a la presidente de ASSE, Beatriz Silva, a quien iba a instalar nada menos que como directora general de Salud del ministerio homónimo. Pero como las mayorías parlamentarias tienen blindados a los burócratas estatales, Silva quedará vinculada a la misma institución de la que se cesó, ahora como asesora, no vaya a ser cosa que en el futuro existan problemas de facturación, muertes evitables de pacientes psiquiátricos devorados por perros salvajes y no haya a quién consultar.

¿Habrá alguien a quien le importe los pacientes psiquiátricos a cargo del Estado o al menos que entienda que hacerlos convivir con la mugre y las jaurías es una violación a sus derechos? ¿Habrá alguien que se preocupe de quienes no cuentan ni votan? ¿Es mucho pedir?

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