LA LUCHA ETERNA CONTRA EL IMPUESTO

Lluvia de reclamos de los militares contra el IASS

Pasivos castrenses y civiles buscan interpretar el art. 67 de la Constitución.

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Cientos de militares retirados militares se reunieron en varias oportunidades. Foto: F. Ponzetto

Cientos de juicios por inconstitucionalidad contra el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) han sido presentados ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por retirados militares, dijeron a El País miembros de esas organizaciones sociales.

Se trata de personas que en el año 2011 no formaron parte de un grupo de más de mil reclamantes por la misma causa, que ahora tomaron la decisión de hacerlo. En diciembre de 2016 se presentaron unas 400 carpetas con el reclamo y ahora, a partir de la reanudación de la actividad judicial, se sumarán unas 300 más, dijo a El País el presidente del Centro Militar coronel retirado Carlos Silva.

Los reclamantes son representados por el exvicepresidente blanco Gonzalo Aguirre.

Los recursos "son por la inconstitucionalidad del IASS", confirmó a El País el general retirado Hebert Fígoli, que es el coordinador de las entidades militares que reclaman contra la aplicación de un nuevo impuesto sobre sus pasividades como quiere el gobierno para reducir el déficit operativo del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM), llamado Caja Militar.

Los retirados pertenecientes a estos clubes de oficiales retirados y en actividad están "expectantes" por la posible reanudación de los intentos del Ministerio de Economía por aplicarles un impuesto que grave sus pasividades. Ellos protestan y reclaman ante la SCJ porque consideran que no se puede gravar dos veces el mismo bien, que es su pasividad.

"Seguimos la estrategia de considerar que hay una inconstitucionalidad por la doble imposición. Redoblaremos esfuerzos si se insiste con esto", anunció Fígoli.

En la reunión que el presidente Tabaré Vázquez celebró son sus ministros en la estancia de Anchorena el fin de semana pasado, el ministro de Economía Danilo Astori reiteró la necesidad de que el Senado apruebe el impuesto a las pasividades militares, dado que su cartera cuenta con los US$ 40 millones que reportaría a las arcas del Estado.

Astori dijo que enviará en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Caja Militar por lo que los legisladores podrían aunar ambas iniciativas lo que facilitaría que el impuesto sea aprobado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo perdió la mayoría parlamentaria, explicaron a El País participantes del encuentro.

A mediados de enero, Astori había insistido en reclamar que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que dispone la aplicación de un impuesto a los retiros y pensiones que cobran los militares.

La iniciativa es rechazada por blancos y colorados y el diputado independiente Gonzalo Mujica ya anunció que no cambió su posición y por lo tanto no votará el impuesto.

Tampoco lo hará Unidad Popular. El vicepresidente del partido que tiene una banca en Diputados, Gonzalo Abella, dijo a El País que el sector del diputado Eduardo Rubio está "a favor de la reestructura militar y en contra del doble impuesto al salario de los militares porque hay convicción de que es inconstitucional".

El proyecto está en comisión del Senado. Y fue retirado de la agenda sobre fines de 2016 para evitar que se aprobara en el Senado y fracasara en Diputados.

A su vez, el coronel Silva contó a El País que hay una "movida" de organizaciones de retirados militares y de otras asociaciones de jubilados y pensionistas del ámbito civil para promover una ley interpretativa del alcance del artículo 67 de la Constitución.

El mismo establece que "las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales".

Lo que los retirados pretenden aclarar es el alcance de la parte donde dice que el Estado deberá garantizar "retiros adecuados", lo que consideran que no se cumpliría si se les aplicara el impuesto que Economía pretende, explicó Silva.

Esos sectores recolectan firmas para convocar a un plebiscito con el fin de interpretar el artículo 67 de la Carta Magna.

LOS NÚMEROS DE LA REFORMA.

Déficit.

Desde hace un tiempo, el Poder Ejecutivo piensa en la reforma de la llamada Caja Militar, como se la conoce, porque anualmente demanda una financiación de unos US$ 400 millones de Rentas Generales. Por eso, como primer paso, se intenta la creación de este impuesto que afectará a los retiros y pensiones y cuyo objetivo es equilibrar las finanzas del Servicio antes de reformarlo, algo en lo que el gobierno piensa llevar adelante a futuro.

Caja.

El gobierno piensa recaudar por este impuesto unos US$ 40 millones anuales. Según los cálculos, la tasa gravaría a unos 5.000 pasivos que perciben mensualmente más de $ 50.000 por concepto de haber de retiro.

Dos por uno.

En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y solamente 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo.

Progresivo.

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri dijo en el Parlamento que el impuesto a los retirados busca generar una reducción del 10% del déficit y afectará solo al 20% de los pasivos. Ese 20% tendrá tasas progresivas que van del 2% al 20%.

Aporte.

Según Ferreri, actualmente el Estado aporta US$ 700 por cada jubilado de la Caja Bancaria, US$ 1.600 por cada jubilado del BPS, US$ 3.500 por cada jubilado de la Caja Policial y US$ 8.100 por cada jubilado de la Caja Militar.

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