Denuncian acoso por parte de la Intendencia de Canelones y algunos están evaluando acciones legales.

Unas 90 familias de productores de la cuenca y afluentes de la Laguna del Cisne no saben qué será de su futuro. Algunas de ellas recibieron multas de 500 Unidades Reajustables (unos $ 450.000) por parte de la Intendencia de Canelones.

Antonio González, secretario de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC) explicó que la Intendencia detectó una "importante" concentración de productos químicos en la cuenca que alimenta la laguna.

"Para salir del paso, la Intendencia de Canelones resolvió multar a los productores que están haciendo explotaciones en la zona. No se tiene en cuenta que se están utilizando productos autorizados por los ministerios de Salud Pública (MSP) y Ganadería (MGAP) con los que se trabajó toda la vida", dijo González.

La APAC entiende que la Intendencia prefirió no dragar la represa, lo que habría permitido quitar el fósforo depositado en el fondo, y terminó "represando" las aguas. "Como no encontraron otra cosa, le mandaron multas a los productores. Nuestros socios están muy preocupados", afirmó.

Ahora los productores se encuentran estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra la comuna. "Con nuestro abogado estamos tratando de ver las responsabilidades", anunció.

En ese sentido, advierten que las multas de este tipo deben ser aprobadas por la Justicia competente y no por las intendencias departamentales.

Los socios y técnicos de APAC han marcado su preocupación por la contaminación del arroyo Pando, el curso de agua que abastece a varias ciudades.

Hay un basurero municipal, a cargo de la Intendencia de Canelones, que contamina ese arroyo con un vertedero a cielo abierto.

"El exintendente Marcos Carámbula se comprometió a que cuando finalizara su período ese basurero no iba a existir más y se haría un tratamiento especial. Nada se hizo y la contaminación sigue. No puede ser que solo se tome lo que pasa en Laguna del Cisne para multar y no se diga nada del arroyo Pando. ¿Será que OSE tiene consumidores de primera y de segunda?", se preguntó el productor.

Máximo Castilla es médico y productor rural, y otra víctima de las multas. Junto a sus hijos, maneja 500 hectáreas en la zona de Paso Picón, Canelones. Durante años trabajaron un tambo, luego se jugaron a plantar alfalfa, trigo y soja.

Desde el año 1992 trabaja en ese predio y utiliza los medios más modernos en la tarea, entre ellos la fumigación de los cultivos. Algunos vecinos, y en particular una maestra que vive relativamente cerca de su campo, han denunciado que aplica agroquímicos que "envenenan" la salud de las personas. La mujer recurrió a todos los lugares que el Estado y el sector privado tienen para realizar denuncias.

Llegó hasta el Colegio Médico del Uruguay que en primera instancia falló en contra de Castilla y luego se declaró incompetente. El año pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le aplicó una multa de un millón de pesos tras las denuncias de los vecinos. Ahora el expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones.

El abogado de la familia de productores iniciará una acción legal por difamación contra la denunciante, dijo Castilla.

Al respecto, el médico y productor rural señaló que en todo el departamento hay viñedos y montes de frutales que aplican fosforados cerca de viviendas y que eso no tiene consecuencias para quienes los utilizan.

El productor dice que trabaja únicamente con productos autorizados por MGAP y MSP.

"No uso nada prohibido, todo es autorizado y con el aval de un ingeniero agrónomo", afirmó.

Asegura que para fumigar cumple con todas las reglamentaciones respecto a las distancias de los caminos y zonas pobladas.

Para Castilla todo esto se trata de una persecución política, puesto que él es integrante de una agrupación del Partido Nacional y que los denunciantes son parte del oficialismo.

"En la zona hay quintas y tambos que utilizan los mismos productos que nosotros pero a ellos no les llegan nunca las denuncias", afirmó.

El director de Gestión Ambiental de Canelones, Leonardo Herou, informó a El País que la comuna multará con 20.000 Unidades Reajustables (UR), equivalentes a US$ 600.000 a un establecimiento rural que, en la zona de Las Brujas, taló decenas de hectáreas de monte nativo para hacer un canal que permitiera sacar una embarcación al Santa Lucía. Las multas se aplican a razón de US$ 12.000 por hectárea afectada.

En la División de Gestión de Bosques del Ministerio de Ganadería (MGAP) tienen una visión distinta.

El director de la repartición, Juan Pablo Nebel, aclaró que en realidad un productor hizo un camino dentro de un monte de río del lado del departamento de San José y afectó el bosque de una vecina de Canelones. En la operación se cortaron unos 800 metros cuadrados, algo menos de una hectárea. La productora anunció que hará un juicio.

El proceso de degradación de los bosques autóctonos, en particular los de la costa del río Santa Lucía, tuvo su auge entre los años 1940 a 1970, según datos oficiales. Su tala fue destinada básicamente para leña; durante la Segunda Guerra Mundial la escasez de petróleo fue amortiguada con ese combustible. En la actualidad el monte de especies autóctonas es objeto de una protección especial por parte de la gestión de conservación del bosque nativo del país.

De acuerdo a datos oficiales de la División de Gestión de Bosques del Ministerio de Ganadería (MGAP), en los últimos 30 años hubo una paulatina y constante recuperación, tanto en superficie, como en su conformación. En Uruguay hay aproximadamente 800.000 hectáreas de bosque. El organismo oficial ha informado sobre los "problemas puntuales referentes a la presencia de especies exóticas invasoras que colonizan los sectores depredados".

En noviembre del año 2015 la Intendencia de Canelones anunció que la Junta le había dado anuencia para crear un "área natural protegida" en la Laguna del Cisne. Para ello organizaría los padrones de la zona en categorías de acuerdo a la cercanía con los cursos de agua circundantes. La laguna abastece a unos 30.000 habitantes de la Ciudad de la Costa.

En enero de 2016 la senadora del Partido Nacional Carol Aviaga denunció contaminación en la Laguna del Cisne y presentó una denuncia ante el Juzgado de Atlántida, que tiene jurisdicción en la zona. La legisladora lamentó la falta de controles a pesar de que el lugar fue declarado "área natural protegida". Aviaga notificó de la situación a distintos organismos.

En septiembre del año 2015 el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió aplicar una multa de 1.000 Unidades Reajustables a un productor de Colonia Juncal (Guichón, Paysandú) tras un proceso que comenzó en el año 2013. Vecinos de la zona denunciaron al productor por no cumplir con las distancias mínimas permitidas para realizar fumigaciones en sus cultivos.

109 premios Nobel pidieron que Greenpeace "reconozca los resultados de los organismos científicos competentes y de las agencias reglamentarias y abandone su campaña contra los cultivos genéticamente modificados en general y el arroz dorado en particular". Acusaron a la ONG de "crímenes contra la humanidad" en una durísima carta abierta.

EL CONTROL DE LA TIERRA PRODUCTIVA EN EL OJO DE LA TORMENTAPABLO MELGAR