ACUERDOS EN SEGURIDAD PÚBLICA

Límites a libertad condicional

Quitan este y otros beneficios a reincidentes que cometan delitos graves.

El gobierno y la oposición acordaron que los reincidentes que cometan delitos graves no podrán acceder a los beneficios de la libertad provisional y condicional. Esto ya se había acordado para las libertades anticipadas esta semana. Además, ahora se sumaron, a propuesta del Partido Independiente, los delitos de lesa humanidad a la nómina de aquellos que si son cometidos por un reincidente hacen caer esos beneficios, informó a El País el diputado Iván Posada. "Son delitos gravísimos", consideró.

El acuerdo respecto a este punto se pactó en la comisión interpartidaria técnica que se reunió ayer para seguir tejiendo acuerdos que puedan mejorar la seguridad pública.

En el encuentro de ayer se definió el envío al Parlamento del Código del Proceso Penal, y los legisladores evaluaron los comentarios del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, en el sentido de que la corporación no ve condiciones para que su vigencia comience en febrero de 2017 como está acordado.

Quedó abierta la posibilidad de que el plazo de vigencia vuelva a ser analizado más adelante en las cámaras. Posada apuntó a que si la dificultad que encuentra la Corte tiene que ver con la disponibilidad de defensores de oficio y jueces, se podría adelantar a noviembre la vigencia de medidas que permitan la creación de cargos. "La fecha de vigencia del código no es algo que se fuera a definir en este ámbito técnico", dijo Posada.

También se acordó un proyecto sobre procesos abreviados que supondrá que para el caso de los delitos leves, si el imputado admite ante el fiscal su culpabilidad, puede llegar a un acuerdo con este y ver su pena reducida hasta un tercio.

Ayer se llegó también a un acuerdo para instituir la denominada "mediación extraprocesal". La oposición no quería que estas mediaciones se realizaran en la órbita del Ministerio del Interior y obtuvo que se efectúen en el Poder Judicial.

El Partido Nacional no logró modificar la postura del gobierno respecto a la suspensión condicional del proceso. El gobierno se mantuvo firme en su postura de se que pueda aplicar para los delitos castigados con hasta cuatro años de cárcel, y los blancos querían fijar el umbral en dos años, pero su postura no fue aceptada. "No nos gusta nada", dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala. Respecto a este punto, Posada señaló que es un asunto técnico y requerirá que se pida la opinión de catedráticos.

Los blancos tampoco tuvieron éxito en su intento de terminar con las salidas transitorias para los delincuentes reincidentes que cometan algún delito grave, algo que, para Abdala, era "pura lógica". También marcaron su desacuerdo con la propuesta oficialista vinculada a libertades vigiladas, que para los blancos son otra forma de pena alternativa no aceptable.

Narcotráfico.

El gobierno sí cedió en otro aspecto. Accedió a dejar de lado su idea de permitir la expulsión del país de extranjeros no residentes condenados una vez que cumpliesen la mitad de su condena. Se adoptó una fórmula presentada por el delegado del sector blanco Todos, Álvaro Garcé. El técnico nacionalista propuso que una vez que cumplan sus penas, se facilite la salida de los extranjeros, los que deberán firmar una "caución juratoria" y no tendrán que estar en el país para que se cierre su causa. Garcé dijo que la propuesta original del gobierno no era "congruente" porque violaba el "principio de igualdad" y podía constituir, incluso, un incentivo para que extranjeros viniesen a delinquir a Uruguay.

En el encuentro de ayer se confirmó que la ley que regulará el Ministerio Público no será objeto de análisis en la comisión técnica, e irá directamente al Parlamento.

El diputado Abdala pidió que se analizaran las propuestas blancas sobre el tratamiento penal del narcotráfico, pero el representante del gobierno, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, se negó diciendo que no era la de ayer la ocasión para ello. El Partido Nacional impulsa que los delitos vinculados al narcotráfico sean inexcarcelables. La ley que tipifica estos delitos, de 1974, determina que son excarcelables y tienen penas mínimas de menos de dos años.

Posada dijo que su partido entiende que quizás sí deberían tener un tratamiento especial y posiblemente más severo los delitos vinculados al tráfico de pasta base. Otros aspectos deberían analizarse en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes a la luz de lo que ya establece el Código Penal al respecto.

A diferencia de los blancos y los colorados que muestran impaciencia respecto al ritmo de los trabajos, Posada señaló que se han logrado amplios acuerdos, y que se trataron y acordaron primero las iniciativas que requerían una mayor premura como el Código del Proceso Penal.

Probablemente la semana próxima se vuelva a reunir el presidente Tabaré Vázquez, con representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria para seguir analizando la actualización de la normativa penal. La semana pasada, en la última reunión, Vázquez no quiso dar respuesta a varios planteos blancos, lo que no cayó bien en el Partido Nacional.

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