En marzo volverán a intentar una nueva votación

Ley de responsabilidad penal de empresarios frenada en el Senado

El proyecto de responsabilidad penal del empleador en caso de accidentes laborales, que tanta alarma despertó entre los empresarios, quedó frenado en el Senado, al menos hasta marzo. Esto provocó una fuerte división en el Frente Amplio.

Defensores del proyecto indican que hay un trabajador muerto por semana. María Inés Hiriart

El proyecto, una de las prioridades que el oficialismo se había fijado para este año, fue votado en noviembre en la Cámara de Diputados, exclusivamente por los 50 legisladores de la coalición de izquierda, que hicieron oídos sordos a todas las observaciones que formularon las cámaras empresariales, varios juristas y la oposición sobre las inconstitucionales que implicaba esta ley.

En el Senado esas advertencias sí tuvieron eco, y se alzaron voces en la bancada del Frente Amplio diciendo que no estaban dispuestos a votar el proyecto tal cómo había venido de Diputados. Por eso ayer la bancada de senadores frenteamplistas resolvió aplazar el tema, y fijó como "plazo máximo" para aprobarlo el 12 de marzo de 2014.

Los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) habían puesto en duda su apoyo al texto tal como venía redactada de Diputados.

El proyecto aprobado por la Cámara Baja establece que el empleador "que no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión".

En la bancada de senadores se tomaron en cuenta informes jurídicos que alertaban sobre una inconstitucionalidad. En ese sentido, Rubio hizo una propuesta para modificar la iniciativa de forma que englobe no solo al empleador, sino también a los mandos medios.

En el nuevo texto, además del empleador se agrega "al que ejerza en su nombre el poder de dirección en la empresa, o quien opere como responsable de la ejecución de una actividad, obra o servicio, que omitiere deliberadamente adoptar los medios de resguardo y seguridad en el trabajo establecidos por la normativa vigente".

En la reunión de bancada senadores, el Partido Comunista dejó constancia de que apoyaba la iniciativa votada en Diputados. "Nosotros estamos de acuerdo en aprobar el proyecto tal como venía de Diputados, yo sostengo de que habría que haberla votado así, dijo a El País el senador comunista Eduardo Lorier.

Luego de adoptada la resolución en el Senado, en Diputados se convocó a una reunión urgente de la bancada. Los legisladores aceptaron el camino de la negociación, pero no ocultaron su malestar.

El diputado Luis Puig (PVP), uno de los impulsores del proyecto, señaló que la iniciativa "contó con el total beneplácito" del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, fue uno de los principales promotores de los cambios que se procesan en el Senado al proyecto.

"Nos parece bien que se arme un grupo para analizar el tema, pero nosotros vamos a salir a defender el proyecto que viene de Diputados que nos parece técnicamente inobjetable", acotó Puig. Consultado sobre la posibilidad de que algunos senadores no voten, Puig contestó: "Hacer un planteo de no votar es prácticamente desconocer los acuerdos del Frente Amplio, pero la decisión del Senado hoy no va en ese sentido".

Astori

Una gestión iniciada el viernes por la gerente de la empresa de transporte CITA, Cristina Fernández, abrió la posibilidad de postergar la votación.

Ayer el vicepresidente Danilo Astori recibió en su despacho del Senado por algo más de media hora a una docena de delegados de las principales cámaras empresariales, que le plantearon las razones por las que consideraban necesario un estudio más profundo del proyecto. Astori les transmitió la decisión adoptada en la mañana por la bancada.

En la reunión, el presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, el directivo de la Cámara de la Construcción, Ernesto Gravier, y el presidente de la Federación Rural, Carlos Uriarte, y Fernández, explicaron que el proyecto debe enfatizar la prevención, abarcar también a las empresas públicas y dejar claro que en caso de negligencia del trabajador, el empleador quedará eximido de responsabilidad.

Fernández, que es asesora de la Cámara del Transporte, había contribuido a convencer en la mañana del lunes a una serie de gremiales grandes de que no debían rechazar la responsabilidad penal empresarial y que debían sumar esfuerzos con las más pequeñas para limar lo que entendía aspectos más negativos del proyecto. Esa tarde el ministro Brenta ofreció su mediación.

Uriarte dijo a El País que "nadie trata de eludir" la responsabilidad que puedan tener los empresarios que comparten que la siniestralidad laboral es un asunto grave en Uruguay. Sin embargo, recordó que hay advertencias de que el texto puede ser inconstitucional y podría darse las circunstancias de que empresarios fuesen presos en base a esa ley. "El vicepresidente nos transmitió que se van a tomar más tiempo para evitar posibles errores y eso nos dejó contentos", señaló.

Carrau, por su parte, dijo que se podrían utilizar recursos del Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional para capacitar a empresarios y trabajadores "porque en el proyecto no se habla nada de la prevención" y pidió que se considere la responsabilidad de las empresas del Estado cuando hay siniestralidad, porque "los muertos no son públicos o privados, son muertos".

El lunes próximo las 23 gremiales que están trabajando juntas en este asunto conformarán una comisión técnica que elaborará propuestas.

"Una visión ideológica del tema"

El proyecto fue votado en el mes de noviembre por la Cámara de Representantes solamente con los votos del Frente Amplio. La iniciativa lleva las firma de los diputados del Frente Amplio Luis Puig, Martín Tierno y Raúl Olivera. La Comisión de Legislación del Trabajo no logró un acuerdo sobre el texto final y por esa razón al plenario fueron tres informes y tres proyectos de ley. "La respuesta (a los accidentes laborales) no es penal, administrativa o de política laboral, sino de todo", argumentaron los nacionalistas en la sesión. Mientras, desde el Partido Colorado se afirmó que pese a compartirse el propósito de disminuir los accidentes laborales, la iniciativa que se votó en Diputados es inconstitucional, y que su problema es que tiene "una mirada excesivamente ideologizada", se sostuvo en el plenario de Diputados.

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