OTRO CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA JUSTICIA

Chediak dijo que es una reforma igual a la del CPP; crearán juzgados y nombrarán jueces.

No hay un peso para implementar la nueva ley de violencia de género; tampoco hay funcionarios, infraestructura ni capacitación. Así lo advirtió ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak.

"Con la nueva ley esperamos una demanda mayor de Justicia", dijo Chediak, tras advertir que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) hace 52 días agotó todos los recursos financieros y materiales del Poder Judicial. "Esta ley nos encuentra con todos los recursos exigidos al límite" por el nuevo CPP, reiteró Chediak.

Consultado por El País sobre la magnitud de los recursos que deberá recibir el Poder Judicial para instrumentar la Ley de Género, Chediak respondió que seguramente "serán erogaciones mucho más modestas" que los US$ 20 millones que necesitó la Corporación para implementar el nuevo Código del Proceso Penal.

No obstante, aclaró que "aún no están cuantificadas. Primero tenemos que determinar con precisión las necesidades".

Preguntado sobre si se solicitará una reunión con el Ministerio de Economía para pedir un refuerzo presupuestal, el jerarca de la Corte dijo que ello se analizará seguramente en el mes de febrero.

Para el nuevo Código de Proceso Penal, la Suprema Corte debió realizar 191 designaciones de jueces y funcionarios en 45 días. Todavía la Corporación tiene desguarnecida la base de la pirámide de jueces. Dentro de seis meses se nombrará a los nuevos magistrados de Paz del interior que hoy cursan el módulo 19 del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay.

El miércoles 13, el Parlamento aprobó la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. La norma establece nuevos delitos y determina penas sobre otros ilícitos. En el Senado, el proyecto estuvo dos años, pero por la Cámara de Representantes pasó en una semana. La ley modifica el Código Penal, el del Proceso Penal recientemente actualizado, y el Código General del Proceso. Obliga a la Suprema Corte de Justicia a crear nuevos juzgados y a nombrar a magistrados que se ocupen de esta materia. Por ejemplo, uno de los problemas para la aplicación de la nueva ley es que no hay carcelajes en todos los juzgados. Solo las sedes penales tienen celdas para detenidos.

El presidente de la Suprema Corte dijo ayer que dicha norma no es una mera reorganización de competencias judiciales, sino un cambio en el funcionamiento de una enorme cantidad de juzgados y reclamó un mayor desembolso de dinero y comprensión de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo).

"La aplicación de esta ley es un desafío similar a la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal", insistió Chediak.

En septiembre de 2016, autoridades de Poder Judicial alertaron en una comisión del Senado la necesidad de más recursos financieros, materiales y edilicios, tiempo, operadores, y capacitación de los mismos para enfrentar una transformación de envergadura como la exigida por la ley de violencia de género.

En este momento, el Poder Judicial analiza el impacto de estos cambios determinados por la ley, la que le otorga a la Corte la reglamentación aunque sin darle un plazo para ello.

Como toda reforma que afecta el funcionamiento de la Justicia, se requiere tiempo y dinero, insistió Chediak. "Ambas cosas no tenemos", reiteró.

La Corte advirtió ayer que reglamentará la ley de violencia de género en los tiempos que "pueda" y si obtiene del Poder Ejecutivo nuevos recursos presupuestales para cumplir con la norma aprobada por el Parlamento. "Sin fondos no puede haber una reforma integral como lo prevé la ley. Su reglamentación se hará, pero no va a ser en forma inmediata".

La Corporación comenzó a analizar los requerimientos financieros y materiales que necesitará para implementar el nuevo régimen relacionado con violencia de género.

En rueda de prensa, el subdirector de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce que la ley de violencia de género generará una transformación muy importante de una cantidad de juzgados.

"Al crearse nuevas tipificaciones vamos a tener una demanda mayor de los servicios de Justicia", dijo Pesce.

La ley consagra un enfoque integral de la violencia de género, un camino opuesto a la de la especialización. Hoy el Poder Judicial tiene jueces especializados en material Penal, Familia, Aduanero, Civil, Laboral y Contencioso Administrativo.

Con la nueva ley, los magistrados deberán capacitarse en otras materias en las cuales no son especialistas. "Para ello se requiere tiempo y recursos", expresó Pesce.

El jerarca enfatizó que por más que el Parlamento vote una ley, si ésta no es respaldada con los recursos necesarios va a ser algo solamente escrito. "Pero a la Corte lo que le importa es darle garantías (a las mujeres) que es el principal objeto de esta ley en la protección de sus derechos", dijo Pesce.

Los jueces de hace 30 años estaban mejor preparados para afrontar una reforma de las características establecidas por la nueva ley. Estos magistrados se encargaban de múltiples materias en sus respectivos juzgados. La nueva ley obligará a la Corte a capacitar jueces para dirimir casos de violencia doméstica, determinar la prisión de un padre golpeador y, al mismo tiempo, decidir con quién se quedan los hijos de la pareja.

OPE PASQUET - DIPUTADO COLORADO

Discriminación

“Hay un criterio discriminatorio. Deja de regir en esta ley el viejo precepto que en caso de duda el reo es inocente (in dubio pro reo). Es un quebrantamiento de un principio básico del Código Penal. Me parece algo muy grave”.

GLORIA RODRÍGUEZ - DIPUTADA NACIONALISTA

Ideología

“¿Qué queremos? ¿Imponer la ideología de género porque fracasó la lucha de clases? Yo he apoyado este proyecto, pero si le agregamos el componente de ideología de género, vamos por una senda equivocada”.

STELLA VIEL - DIPUTADA FRENTEAMPLISTA

Patriarcado

“La cuestión no es de violencia de género sino de violencia patriarcal. La violencia está naturalizada. Violencia que se da en capas altas de la sociedad y que lo resuelven a través de sus abogados y con dinero”.

El jefe de la Iglesia católica uruguaya, el cardenal Daniel Sturla, comparte el fondo de los objetivos de la ley contra la violencia de género, pero le parece "imprecisa" y que "va contra el orden humano de la creación del hombre y la mujer.

Para Sturla la nueva norma "es una ideología que se quiere imponer en todo el mundo" que "tiene una cosa muy buena que es querer evitar las discriminaciones ( ...) pero crea una confusión que va contra el orden humano de la creación del hombre varón y mujer, de la familia constituida por el esposo, la esposa, los hijos".

Por otro lado, para el Cardenal "la ley parece muy imprecisa". Sostuvo que "algunos artículos llaman la atención porque dejan muy abierto el poder condenar a una persona hasta por cosas simbólicas o religiosas". Sturla subrayó que "nadie discute que es un horror la violencia que se ha dado, las mujeres que han muerto. El tema es cómo lo combatimos y con una ideología de género que de algún modo crea cierta confusión o que tiene postulados y acusaciones que no corresponden a a la realidad. Creo que es un error".

Se quejó de que a la Iglesia "se le acusa del patriarcado. Ha habido manifestaciones en la Catedral, hubo una pintada en la Iglesia del Cordón", recordó y si bien admitió que "son grupitos muy pequeños, pero grupitos pequeños que hacen daño y que buscan un enemigo. Porque siempre tener un enemigo en contra ayuda. Entonces eligen a la Iglesia católica como enemigo, porque a la Iglesia siempre se le puede pegar por muchos factores y al mismo tiempo tiene un cierto carácter abstracto o impersonal, pero por otro lado hay templos donde yo puedo ir y grafitear".

Respecto de esas manifestaciones de intolerancia Sturla aseguró "que se comete un error, una injusticia, no es ese el camino. Aparte creo que una ley tiene que ser precisa y no confusa y creo que esta ley se presta a cierta confusión", dijo finalmente.

La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.

La ley las aumenta para varias de las figuras delictivas previstas en el Código Penal. Aumenta la pena de un tercio a la mitad cuando en caso de violación o atentado violento al pudor esté involucrado un familiar, un menor, si la víctima sufre daño mental o físico, si el autor se sabe portador de una enfermedad de transmisión sexual o si del hecho participan dos o más personas.

Se crean nuevas figuras delictivas, estableciéndose, por ejemplo, que quien por medio de la intimidación, presión psicológica, amenaza o fuerza realice un acto sexual contra una persona será castigado con una pena que va desde ocho meses a seis años de cárcel.

También se innova estableciendo que se castigará con prisión a quienes divulguen imágenes o grabaciones de corte íntimo y contra quienes usando tecnología de la comunicación contacte a un menor de edad con la intención de cometer un delito sexual.

Se crea la Red de Servicios de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en el Género la que brindará atención psicosocial y asesoramiento jurídico.

Se crea el Consejo Nacional Consultivo de Lucha por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres cuyo cometido será asesorar al gobierno en la materia.

Se crearán juzgados especializados en Violencia de Género que podrán disponer medidas de protección para las víctimas, definir pensiones alimenticias, tenencias de menores, régimen de visitas y también perseguir delitos derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual. De esta forma, se unirá la acción de la Justicia que hoy se divide entre juzgados de familia especializada, letrados de familia y letrados penales.