Para el secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Presidencia de la República, Carlos Díaz Fraga, el crimen organizado está en una etapa "incipiente" en Uruguay, pero advierte que en los próximos cinco años habrá que "poner toda la carne en el asador" para evitar su avance porque, además de que se fortalece con "una fuerza arrolladora" en el mundo, el país no ha generado "un ambiente para ahuyentar al criminal".

En un seminario sobre prácticas anticorrupción realizado ayer en el hotel Four Points y organizado por la firma MVC Risks, Díaz explicó que Uruguay crea un ambiente "propicio para el lavado" cuando, por ejemplo, no hace reportes de operaciones sospechosas en todo el sector no financiero.

"Están establecidos los controles y no son demasiado complejos. Es simplemente una especie de fenómeno de resistencia al cambio o no entender con la debida profundidad el fenómeno del crimen organizado", dijo Díaz, quien también preside el Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante el año 2014 se reportaron 286 operaciones sospechosas de lavado de dinero en el sistema financiero uruguayo, y siete de ellas terminaron con una denuncia ante la Justicia penal.

Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en Uruguay es el del contratista deportivo Sergio Hermida, dueño del cambio Shernu, que fue procesado en 2013 junto a su esposa por el lavado de dinero proveniente de la corrupción y narcotráfico de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del expresidente peruano Alberto Fujimori.

La Dirección de Inteligencia investiga si el dinero fue usado para financiar el terrorismo. A principio de este mes y tras una profunda investigación, fueron procesadas tres personas más.

El secretario general de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos explicó que es reticente a hablar exclusivamente del lavado porque, opina, en la mayoría de los casos tiene algo "más importante" detrás.

"Muchas veces ni siquiera vemos el producto de la actividad criminal, nos quedamos con la casa y el auto que se usa, pero notoriamente la actividad requiere de otros recursos que están escondidos y que no se suelen encontrar", explicó.

Díaz vincula directamente al lavado con el crimen organizado y, advierte que este, en su última etapa, se mete en la política. Aclaró que esto no pasa en Uruguay pero remarcó que no está libre de ello.

"Cuando un país llega a que el crimen organizado esté integrado a la política o el Estado es probable que no haya vuelta atrás (...) La distinción entre crimen organizado y el común es que el primero hace peligrar al Estado de derecho. El crimen organizado corrompe al Estado. Luego se apodera de él. Los miembros no viven en zonas marginales, sino que se los ve en salones dorados, porque es ahí donde se juegan los partidos", aseguró Díaz.

Un estudio de la organización Global Integrity, que publicó ayer El Observador, analizó el financiamiento de los partidos políticos de 54 países, que colocó a Uruguay con el segundo peor puntaje en la región.

Según Díaz, es importante que los partidos políticos presenten sus números con "claridad".

Entre los tres principales partidos políticos del país se gastaron unos US$ 9 millones en la última campaña electoral, según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral.

Los informes incluyen, tal como publicó en su momento El País, las donaciones particulares, el financiamiento público y los montos recaudados por eventos organizados por los partidos, y los gastos en publicidad, actos e impresiones de listas, entre otros.

El reporte de Global Integrity cuestiona a la Corte Electoral por considerar que no tiene "la capacidad suficiente" para regular las donaciones que reciben los partidos políticos y con las cuales financian parte de sus campañas.

Según Global Integrity, la Corte Electoral tiene la habilidad para dirigir investigaciones porque así lo establece la ley 18.485 de los partidos políticos, pero no para conducir auditorías oficiales, en caso de que existan denuncias de irregularidades en el financiamiento de las campañas.

Para esa organización, la Corte Electoral es "débil" y no tiene presupuesto para realizar investigaciones.

hay pocos procesamientos por corrupción.

El experto en la lucha contra el lavado de dinero, Ricardo Sabella, planteó en el seminario realizado ayer en el hotel Four Points que los casos de corrupción de la FIFA y la petrolera estatal brasileña Petrobras, tienen "esquemas de lavados de activos provenientes del ámbito de la corrupción bastante similares".

El escándalo en la FIFA incluye pago de sobornos en las adjudicaciones de sedes para la Copa Mundial y en los acuerdos de derechos de televisión, mientras que el de la brasileña Petrobras también dejó al descubierto pago de sobornos y fraude hasta el lavado de activos.

Un reciente estudio de la firma Kroll realizado este año, reveló que la preocupación principal del 93% de los 252 grandes empresarios encuestados en todo el mundo, es el pago de sobornos, seguido del lavado de activos (61%), manipulación de ofertas (60%) y fijación indebida de precios (56%). Además, se destaca que el 50% de las empresas anticipa que el riesgo de soborno y corrupción aumentará en sus compañías.

Las relaciones con terceros (proveedores, asesores, socios, etc.) siguen siendo la mayor debilidad en los púbica programas anticorrupción.

En Uruguay hay 400 personas procesadas por lavado de activos vinculado a un delito precedente.

Según explicó el experto en prevención en esta materia, Ricardo Sabella, el delito precedente es justamente el que genera el dinero ilegal que después se lava, por ejemplo, el narcotráfico, soborno, extorsión, tráfico ilícito de armas, trata de personas o corrupción. Este delito no tiene excarcelación y requiere del decomiso de los vienes adquiridos en el lavado. Sabella dijo que en toda la región

Secretaría Antilavado insiste sobre la falta de controles