LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN

Lava Jato y dinero K calientan juzgado local

Diputada argentina amplió denuncia y Brasil pidió datos.

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La diputada Ocaña ingresando a la sede especializada en Crimen Organizado. Foto: F. Ponzetto

Dos casos judiciales que están golpeando a los países vecinos (la ruta del dinero K en Argentina y el Lava Jato en Brasil) están acaparando la atención de uno de los juzgados especializados en Crimen Organizado.

A las 14:00 horas de la víspera, la diputada de la legislatura de Buenos Aires Graciela Ocaña amplió su denuncia ante la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y la fiscal María Camiño, sobre giros de dinero enviados desde Argentina vinculados a supuestos casos de sobrefacturación de obras públicas.

Según Ocaña, los giros ingresaron al sistema bancario uruguayo sin que ello fuera denunciado como sospechoso a las autoridades estatales.

Unos minutos después, la fiscal Camiño analizó un expediente judicial donde se investigan supuestos coletazos en Uruguay de un caso de corrupción en la compañía brasileña Petrobras. El escándalo en Brasil es conocido como Lava Jato.

La justicia de Brasil envió un exhorto a la jueza De los Santos solicitando información sobre cuentas bancarias en Uruguay que pertenecen a un ciudadano brasileño.

"Estamos avanzando en este momento en la investigación judicial sobre el caso conocido en Brasil como Lava Jato. Mediante un exhorto nos piden datos sobre cuentas bancarias", dijo a El País la fiscal especializada en Crimen Organizado, María Camiño.

La representante del Ministerio Público negó que la solicitud de información de la Justicia brasileña se refiera a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los impulsores del proceso de juicio político y destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

"Estamos (con la jueza De los Santos) complementando información pedida por la Justicia de Brasil. No puedo afirmar si la solicitud se refiere a un dirigente político de ese país o no. Podría ser un empresario. Sí sé que esa persona fue denunciada en Brasil en ese caso", explicó la fiscal Camiño.

Petrobras.

En este momento, Rousseff y la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) están bajo sospecha. Una comisión del Senado brasileño definirá el próximo viernes si Rousseff debe ser procesada. En caso de que se apruebe esa moción, el Senado deberá decidir el martes 10 de mayo si habrá o no juicio político. En caso afirmativo, Rousseff debe abandonar el cargo por 180 días.

El escándalo de Lava Jato se inició en diciembre de 2014 cuando la Policía Federal (PF) incautó al cambista Alberto Youssef una lista de supuestos pagos de sobornos por contratos de obras públicas en Brasil.

La lista, divulgada por el diario O Globo y la TV Globo, detalla 747 obras de 170 empresas, la mayoría constructoras, por 11.500 millones de reales (unos 4.600 millones de dólares).

Para el juez Sergio Moro, del estado de Paraná (sur de Brasil), el documento "es perturbador" y da pie a sospechas de que "el modelo criminal de fraude en licitación, sobreprecio y soborno va mucho más allá de la compañía Petrobras". El escándalo reveló el pago de sobornos de las principales empresas constructoras de Brasil a partidos políticos y legisladores a cambio de contratos con Petrobras, la mayor empresa del país. Cerca de 30 personas fueron detenidas y 11 presas en forma preventiva.

En la lista incautada a Youssef, 59% de las obras tenían a Petrobras como cliente final. Puertos, aeropuertos, metros, refinerías, así como obras de minería, saneamiento y abastecimiento destacan en las 34 páginas. La lista cita además obras públicas en Uruguay, Ecuador, Colombia y Angola.

Dinero K.

La diputada Ocaña presentó ayer a la Justicia Especializada en Crimen Organizado una ampliación de su denuncia efectuada el 13 de julio de 2013 sobre supuesto lavado de activos de empresarios kirchneristas en Uruguay.

Ocaña dijo a El País que entregó a la Justicia documentos oficiales que mostrarían movimientos de dinero desde Argentina hacia Uruguay que se habrían realizado a través de bancos uruguayos.

La diputada argentina presentó una lista de transacciones realizadas por la empresa Helvetic Services Group, controlante en Argentina de la firma SGI S.A., que se habrían verificado en el transcurso de 2010 a 2013. SGI S.A. era una financiera que operaba en Puerto Madero. Era conocida como "La Rosadita" en alusión a que allí frecuentaban muchas personas del gobierno. Uno de sus propietarios fue el financista Federico Elaskar, procesado con prisión por lavado de dinero. También se atribuye la propiedad de SGI S.A. al empresario kirchnerista Lázaro Báez, que fuera procesado por lavado.

Damiani: "Jamás trabajamos para Báez"

El Estudio Damiani desmintió ayer las declaraciones de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, e integrante de la Comisión de Lavado de Dinero, quien aseguró que la firma del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, trabajó para el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

"Ante la falsedad de las declaraciones de la diputada nacional Graciela Bianchi asegurando que el Estudio Damiani trabajó para Lázaro Báez, nuestra firma comunica a la opinión pública que jamás hemos conocido, tratado, y menos aun asesorado a Lázaro Báez, por lo que jamás podríamos haber trabajado para él, cuando no se tuvo siquiera el más mínimo vínculo", dijo el estudio en un comunicado. Bianchi denunció al Estudio Damiani en El Observador TV.

El comunicado también hace referencia a la relación del Estudio Damiani con Helvetic Services Group S.A. Aseguró que "en forma espontánea" se presentaron documentos ante las autoridades pertinentes en materia de Prevención de Lavados de Activos. Indicó que "no hay mayor interesado en el esclarecimiento total de los hechos que nuestra firma, por el irreparable daño reputacional que esta situación nos ha causado". Fuentes del estudio expresaron su "profundo malestar" por la "liviandad" con que Bianchi abordó el tema.

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