PARTIDO NACIONAL

Aspira evitar “abusos” a través de gastos corporativos.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga presentará esta semana un proyecto de ley que busca prohibir el uso de tarjetas corporativas en el Estado como forma de evitar "abusos" en el uso de los fondos públicos. La iniciativa surge tras el episodio que le costó el cargo al vicepresidente Raúl Sendic, al que se suma la situación del senador del Frente Amplio Leonardo de León, quien es investigado por la Justicia a raíz de los gastos realizados con su tarjeta durante su gestión al frente de ALUR.

En la fundamentación del proyecto, Larrañaga considera que la utilización de la mayoría de las tarjetas corporativas en el ámbito público —hay más de 135 plásticos emitidos, según datos del Tribunal de Cuentas— "no está siquiera sometida a normas reglamentarias" y "contravienen la normativa vigente en materia de disposición de los gastos e ingresos de los funcionarios".

El senador recalca que el otorgamiento de fondos públicos para el uso de personas privadas, incluidos los funcionarios estatales, está reglamentado. En tal sentido, marcó que los créditos solo pueden hacerse por "un monto específico precisado en el momento del otorgamiento de los fondos y para una finalidad determinada".

"No resulta ajustado a Derecho que mediante las tarjetas los entes públicos otorguen a sus funcionarios créditos para gastos personales sin un límite o finalidad establecida previamente", dijo Larrañaga a El País.

El legislador cuestiona esta práctica porque viola el principio de legalidad, y también por tratarse de un beneficio que es concedido solo a algunos funcionarios, sin una norma legal habilitante.

A su vez, el senador recordó que "ya existen mecanismos previstos por la normativa para atender eventualidades" o gastos surgidos durante misiones oficiales u otras actividades en el exterior a cargo de funcionarios, tales como partidas para viáticos, combustibles y gastos de representación. "Los titulares de las tarjetas corporativas, en general cobran además dichas partidas cuando viajan fuera de su lugar habitual del trabajo en el país o en el exterior", destaca el texto.

En base a estos elementos, Larrañaga estima que "no hay amparo jurídico" que justifique el uso de estas tarjetas y "menos luego que se han comprobado usos abusivos asociados a falta de controles o controles incompletos". "Por todo esto estaremos presentando este proyecto de ley para cortar con las tarjetas y con la posibilidad de abusos", adelantó Larrañaga.

El articulado del proyecto de ley no solo prohíbe la solicitud, autorización y emisión de tarjetas corporativas sino que, en caso de incumplimiento, plantea la aplicación de "una multa equivalente a dos veces el monto gastado, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder".