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Lacalle Pou gana un juicio por difamación en las redes sociales

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Policías cerraron la sede judicial para evitar manifestaciones radicales. Foto: D. Borrelli
Operativo, Juzgado de Juan C Gomez. ND 20160622 foto Darwin Borrelli
Archivo El Pais

La Justicia obligó a una persona a retractarse en Facebook durante 10 días.

El senador Luis Lacalle Pou presentó una denuncia penal por difamación e injurias contra una persona que lo acusó en Facebook de haber cometido un delito en 2004. Se trata de Eduardo Daniel Quintana, residente en Carmelo, que deberá retractarse en la misma red social y en un diario de circulación nacional.

En la tarde de ayer, Lacalle Pou, acompañado por su abogado Pablo Correa, concurrió a la sede judicial a declarar ante la jueza de 13er Turno, Ana Ruibal, y la fiscal de 14° Turno, María del Huerto Martínez. En otro extremo de la sala se encontraba Quintana y su abogado defensor, Enrique Erramuspe.

Según fuentes del caso, Lacalle Pou y Quintana apenas hablaron durante la audiencia. Quintana se retractó y dijo que había colgado en su página comentarios e informaciones de otra persona.

"No es verdad lo dicho en mi muro de Facebook", repitió Quintana en forma escueta.

Afuera del juzgado, los policías armaron un vallado de seguridad. Se estimaba que grupos radicales podrían venir a apoyar a Quintana. Dentro de la sede judicial, ubicada en la calle Juan Carlos Gómez y Reconquista, había policías en todos los pisos. Para circular de un piso a otro se necesitaban pases especiales.

Redes sociales.

La instancia judicial se desarrolló en menos de una hora. Los abogados Correa y Erramuspe enseguida llegaron a una conciliación. Quintana reiteró que no tenía pruebas sobre que Lacalle Pou hubiera cometido un delito.

En la audiencia se labró un acta. "En virtud de la denuncia presentada en mi contra por el señor Luis Lacalle Pou con fecha 9 de marzo de 2016 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13er Turno, en virtud de una publicación compartida en mi muro de Facebook de fechas 29 de febrero y 1° de marzo del corriente año, deseo expresar que el contenido e imputaciones plasmadas en dicha publicación no es verdadero, retractándome en este acto de la misma", dice el escrito que firmó Quintana.

El documento, al que tuvo acceso El País, señala que la retractación con el contenido antes señalado se publicará en el muro de Facebook de Quintana por el término de 10 días, comenzando hoy jueves 23 de junio.

Según el acta, ambas partes también convinieron en la publicación íntegra del testimonio del acta judicial, sirviendo el mismo como petición de publicación del denunciado en la sección carta de los lectores del diario El País, El Observador, en semanario Búsqueda y La República.

El plazo para la acreditación de la publicación de Facebook por parte del denunciado será de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la última publicación.

Ambas partes también manifestaron que una vez cumplido en su totalidad el acuerdo, nada más tendrán que reclamarse por los conceptos que dieron mérito al inicio de las actuaciones judiciales.

La jueza Ruibal pasó el acuerdo a la fiscal Martínez para que se expidiera. La representante del Ministerio Público señaló que, durante las actuaciones judiciales, "se ha cumplido" con las formalidades dispuestas por la ley y agregó que, tras alcanzar ambas partes una conciliación, la Fiscalía no tenía observaciones.

Poco después, Ruibal ratificó el acuerdo.

Los casos de difamación por Facebook y otras redes sociales se multiplican en los juzgados. Es que el mundo virtual puede generar cierta impunidad porque quien agravia puede ampararse en el anonimato o en la capacidad de borrar el mensaje, dejando sin pruebas al agredido a la hora de denunciar.

En marzo de 2015, el senador Pedro Bordaberry reflotó un proyecto de ley sobre derecho de respuesta en redes sociales, que había esbozado en 2012, luego de que el entonces secretario de Presidencia, Alberto Breccia, planteara la necesidad de legislar los comentarios en los portales de noticias.

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Policías cerraron la sede judicial para evitar manifestaciones radicales. Foto: D. Borrelli

REDESEDUARDO BARRENECHE

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