JUSTICIA

Laboratorio demandó a ASSE por daños y perjuicios

Se trató de una compra de material médico y reactivos.

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Hospital Piñeyro del Campo. Foto: Archivo El País.

El juez de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Carlos Waldemar Aguirre, analizó una demanda por daños y perjuicios presentada por un laboratorio médico contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La empresa entendió que ASSE benefició a su competidora en una licitación para el suministro de material médico y reactivos con destino al Hospital Luis Piñeyro del Campo. La fecha de apertura de la licitación fue el 28 de febrero de 2014. La compra incluía apósitos de tela no tejida y celulosa por una cantidad de 300.000 unidades.

El laboratorio demandante señaló que en el pliego de condiciones de la compra expresaba que dentro de la documentación a presentar con la oferta se encontraba un certificado del producto vigente o constancia de renovación ante el MSP.

El 28 de febrero de 2014 se realizó la apertura de ofertas. Según el laboratorio demandante, surge allí una diferencia a su favor de más de un 5% en comparación con el producto de un laboratorio competidor.

El 31 de marzo de 2014, se incorporó el estudio de insumos consignándose como diferencial la mayor superficie aprovechable en la oferta del laboratorio de la competencia.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejó otorgar a la competencia por presentar mejor precio y mejor calidad, y señaló que el registro del producto no corresponde en el caso. Finalmente, ASSE adjudicó la licitación a la competidora. El abogado de ASSE reconoció que el pliego de condiciones exigía un registro del producto, pero advirtió que Salud Pública había otorgado a la empresa ganadora un documento de que su producto no necesitaba certificación. "Ello evidencia desconocimiento de la actora (el laboratorio demandante) del producto requerido o necesario para la población del Piñeyro del Campo", dijo el profesional.

El juez Aguirre no hizo lugar a la demanda por entender que no había una exigencia de autorización estatal para comercializar esos artículos médicos.

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