Una joven de 24 años ingresó al patio de su vecino, días atrás, y le robó tres macetas de plástico y tres tachos de acero. El dueño de casa, que tiene cámara en el exterior de la vivienda, revisó esa misma noche la filmación y observó a su vecina llevándose los objetos de su jardín.

Al día siguiente, el hombre la vio salir de su casa y la llamó, diciéndole que precisaba un mandado. Cuando la joven se acercó, la invitó a pasar al interior de la vivienda. Como se negó a entrar, la tomó de un brazo por la fuerza. En presencia de su esposa, el hombre la ató de pies y manos. Luego la trasladó a un galpón ubicado al fondo de la casa, donde la ató también a una silla y le mostró la filmación.

A continuación, así como estaba —atada de pies y manos—, la metió en su vehículo, la sujetó al asiento de atrás y la llevó a la seccional 8ª, en Sayago, donde la depositó para radicar la denuncia por el robo. El oficial a cargo ordenó que la desataran de inmediato y que la trasladaran a una emergencia para una revisión médica.

No se constataron lesiones pero la jueza penal Fanny Canessa procesó el jueves al hombre por el delito de "privación de libertad". Lo procesó con prisión, dado que el hombre tenía antecedentes por lesiones, homicidio y depósito de estupefacientes. La esposa del hombre fue liberada. La fiscal Sandra Boragno pidió para la joven que robó el procesamiento sin prisión por hurto pero hasta ayer no había sido ubicada.

Canessa expresó en la resolución que el indagado "pudo y debió llamar a la policía, ya que la joven vive enfrente a su casa y no se había ocultado. O pudo también llevar la filmación a la seccional". Sin embargo, "optó, con clara finalidad de venganza, por ejercer una revancha privada. En efecto: aun en la creencia de que fuera justa, como castigo por el hurto (de ínfimo valor económico) sufrido por la víctima, realizó una sustitución del servicio de justicia, que tomó en sus propias manos, lo que agrava su responsabilidad, descartándose que su conducta pudiera encartar en un arresto ciudadano por cuando este exige flagrancia, la que en el caso no existió", afirmó la jueza.

La jueza descartó que se tratara de un arresto ciudadano porque no se dieron las condiciones que exige la ley (ver página B1) sino que —afirmó— se enmarcó en un caso de justicia por mano propia y de venganza. Es que los límites entre un arresto ciudadano y la justicia por mano propia pueden ser difusos para muchos.

Al referirse a los arrestos ciudadanos en general, Canessa dijo que "es común que los delincuentes reciban golpes, pero no es menos cierto que quien cometió el delito también ataca a quien lo quiere detener".

En declaraciones a El País publicadas el domingo 3 de mayo, Canessa afirmó: "Es muy difícil poder determinar quién fue que golpeó o quiénes golpearon a los detenidos. Muchas veces las personas, indignadas ante un hecho como puede ser una rapiña o un arrebato a una persona anciana, actúan en caliente", admitió la jueza.

La Policía no lleva un registro de estos casos. Muchas veces los aprehensores huyen cuando llega la Policía y aunque hayan ejercido violencia desmedida no pueden ser procesados.

Así ocurrió en una detención ciudadana en Paso Molino en 2013. La Policía informó que vecinos ataron al ladrón a un árbol y lo golpearon hasta que llegó un patrullero. Según informó El País en ese momento, un vecino dijo que le fracturaron los dos brazos al delincuente pero nadie fue detenido porque cuando llegó el móvil policial, todos huyeron.

Canessa tuvo otro hecho similar en Carrasco Norte el 30 de marzo pasado, en el turno anterior. Dos hombres le arrebataron la cartera a una mujer de 36 años y se dieron a la fuga en moto. Otros dos ciudadanos, que conducían un camión, vieron lo sucedido, persiguieron a los delincuentes y, tras golpearlos, lograron detenerlos. A los pocos minutos llegó un móvil policial y trasladó a los rapiñeros ante la Justicia.

Uno tenía 21 años y fue procesado con prisión; el otro tenía 14 años y recibió medidas socioeducativas en un régimen de libertad asistida. Quienes los detuvieron ya no estaban cuando llegaron los efectivos al lugar, y tampoco pudieron ser ubicados posteriormente.

En las últimas semanas el caso más mencionado fue el del violador de Ciudad de la Costa que fue detenido por vecinos luego de que intentó asaltar a una mujer en la noche. Ese caso fue puesto de ejemplo por las autoridades del Ministerio del Interior que emitió un comunicado destacando la actuación de los civiles que lograron atrapar al violador.

También la jueza Adriana Graziuso destacó "la actitud de los vecinos" por "jugársela en esta zona, en horas de la noche y luego por declarar". "La colaboración de la gente realmente fue alentadora y de mucha ayuda", aseguró la jueza.

Sin embargo, esa actitud generó la reacción de los líderes partidarios de la oposición y luego del propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que manifestó su preocupación de que la gente intervenga en un robo y actúe como policía, por los riesgos que ello puede traer principalmente para los particulares, frente a delincuentes armados.

Los senadores Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga y Pablo Mieres advirtieron a El País el 4 de mayo pasado que las autoridades no pueden celebrar ese tipo de conductas porque se alienta a que los ciudadanos se expongan a peligros.

Según una encuesta de Barómetro para las Américas para un informe del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) del año 2012, el 17% de los uruguayos ha sabido de alguien que en su barrio ha intentado hacer justicia por mano propia. En Montevideo esos casos llegan al 22%, mientras que en el interior son del 14% entre los consultados.

El Código del Proceso Penal admite la detención de delincuentes por parte de los particulares. El artículo 121 del CPP establece que se podrán realizar detenciones sin orden judicial (tanto por Policía como por particulares) si el ladrón es sorprendido en flagrante delito; si intenta cometer un delito antes de que lo concrete, o incluso si estando legalmente detenido se escapa. En el caso de los particulares determina que deberán entregarlo inmediatamente a la autoridad. Si la aprehensión se realiza con excesiva violencia se puede incurrir en delito.

Advertencia - Eduardo Bonomi - Ministro del Interior.

"Me preocupa que la gente se organice para hacer eso. Puede tener consecuencias negativas (...) El delincuente armado se encuentra en mucho mejores condiciones y está en inferioridad la persona común y corriente". (Rueda de prensa, 5 de mayo)

Ineficiencia - Pedro Bordaberry - Senador colorado.

"Veo este fenómeno con preocupación, porque si los ciudadanos tienen que empezar a hacer arrestos quiere decir que la Policía y el ministerio no cumplen con su trabajo. Esto es fruto de una pésima gestión". (El País, lunes 4 de mayo)

Riesgo - Ricardo Míguez - Juez Penal.

"Hay que poner especial atención en el asunto y en el riesgo al que se expone la persona que actúa porque no tiene la preparación que tiene un policía, y puede fácilmente resultar lesionado al querer detener a un presunto delincuente". (El País, 3 de mayo).

Una vecina le robó, él la ató para llevarla a la comisaría, y fue procesadoNATALIA ROBA