La Justicia uruguaya tiene ahora luz verde para investigar a Eugenio Figueredo (hoy arrestado en Zúrich) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el marco de una denuncia presentada a fines de 2014 por cinco clubes locales por estafa, asociación para delinquir y lavado de dinero.

El Tribunal de Apelaciones de 3° Turno desestimó el recurso presentado por la defensa de Figueredo y habilitó a la jueza Adriana De los Santos a investigar lo solicitado en su momento por el fiscal Juan Gómez. La defensa esgrimió que la Justicia no es competente en el caso porque la sede de la Conmebol está en Paraguay.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación por razones formales. En la sentencia se afirma que la apelación no cuestiona “aspectos anómalos o especiales de una instrucción”, únicos aspectos que son apelables. De lo contrario se cae en riesgo de que “se desnaturalice el espíritu que debe gobernar” la apelación.

El Tribunal entiende que se debe seguir adelante con la investigación “para realizar la instrucción que permita el esclarecimiento de la jurisdicción y de la competencia puesto que no es posible estar a los solos dichos de la defensa en tal aspecto”. Esto significa que se debe seguir investigando para determinar si el caso tiene jurisdicción nacional o, como argumentó la defensa, escapa a la Justicia uruguaya por constituir sede en Paraguay.

La denuncia cobra en estos momentos una mayor magnitud en virtud de la investigación del FBI que derivó en el arresto de siete altos dirigentes de la FIFA, entre ellos su exvicepresidente Eugenio Figueredo. Dicha investigación asevera que la Conmebol, cuando era presidida por Figueredo en 2013, recibió coimas por US$ 100 millones para conceder los derechos de televisión de cuatro ediciones de la Copa América.

La denuncia que en diciembre de 2014 presentaron los clubes Miramar Misiones, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Rentistas, Fénix, Cerro, Racing y la Mutual Uruguaya de Futbolistas alude a maniobras con los derechos de televisión de torneos continentales a nivel de clubes (Copa Libertadores y Sudamericana).

Los clubes manifestaron sospechas de delitos de lavado de dinero, estafa y apropiación indebida. La denuncia, redactada por los abogados Jorge Barrera y Víctor Della Valle, solicitó que se “realice el seguimiento de la ruta del dinero de la Conmebol para determinar quiénes fueron los que se beneficiaron indebidamente”.

La denuncia se presentó luego de que el empresario Paco Casal ofreciera por los derechos de televisación de los torneos US$ 805 millones, pero finalmente le fueron concedidos a la firma T&T por US$ 381 millones. Uno de los representantes de la empresa beneficiaria es Alejandro Burzaco, actualmente prófugo y requerido por la Justicia de Estados Unidos.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que “no es posible convenir jurídicamente que sea el propio organismo transnacional el que pretenda regular ante qué sistema penal habrá eventualmente de responder. Ello no es permitido en un Estado de Derecho donde la jurisdicción se determina previamente y de acuerdo a criterios abstractos que establece la Constitución y la ley”.

La denuncia plantea que en torno a las autoridades de la Conmebol aparece información de millonarias cuentas en distintos países” y “constantes comentarios de situaciones donde varios miembros de la Conmebol obtendrían importantes beneficios espurios”.

La Justicia, a pedido de Estados Unidos, ya congeló las cuentas bancarias de Figueredo, arrestado en Zúrich a la espera de su extradición.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, consideró “de muy mal gusto” que la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) mantenga su inmunidad durante la investigación abierta a la FIFA y que también afecta al organismo regional. “No corresponde, cuando hay una investigación, querer tener un grado de inmunidad como aparentando no querer que se investigue. Me parece de muy mal gusto”, declaró.

El pasado 2 de junio, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, hizo pública la decisión del mandatario de enviar al Congreso una petición formal para derogar la ley que dota de inmunidad y rango diplomático al edificio de la Conmebol, ubicado en Asunción, que impide, entre otras cosas, su allanamiento.

Cartes no quiso hoy “entrar a hacer especulación ni valoraciones” sobre la detención de varios altos cargos o exdirigentes del fútbol mundial, entre quienes figura su compatriota y exmandatario de la Conmebol, Nicolás Leoz.

No obstante, el que fuera presidente del club de fútbol paraguayo Libertad declaró que cualquier servidor público tiene que acostumbrarse “a mostrar los números”.

La Asociación Uruguaya de Fútbol responderá hoy a la empresa Tenfield sobre una intimación recibida la semana pasada para explicar la situación contractual con la empresa Full Play, investigada en Estados Unidos por el pago de sobornos a la FIFA y cuyos responsables se encuentran prófugos. Tenfield depende del contrato entre la AUF y Full Play, ya que pagó US$ 12 millones por los partidos de Uruguay como locatario y por 81 partidos de las Eliminatorias, cuyos derechos concedió Full Play a la AUF como forma de pago por los partidos de Uruguay en el exterior.

Si Full Play no puede cumplir con sus compromisos, Tenfield podría verse afectada en sus derechos. Full Play integra un pool con otras empresas denominado Datisa, creada en Uruguay e investigada por el FBI por pagar más de cien millones de dólares en sobornos a dirigentes de la Conmebol por los derechos de televisación de cuatro ediciones de Copa América.

Las cuentas bancarias de la empresa han sido congeladas y sus responsables están prófugos, lo que hace presumir que no podrán asumir sus compromisos a futuro. No obstante, la AUF entiende que no se ha producido ningún incumplimiento hasta el momento. Full Play ha pagado lo que corresponde por los derechos de Eliminatoria y deber hacer un pago en septiembre.

La AUF monitorea el comportamiento de la empresa con el resto de las federaciones de la Conmebol, con las que también tiene contrato por las Eliminatorias y a las que debe hacer pagos en los próximos meses.

Tribunal desestimó la apelación del abogado del dirigente