LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

Justicia lenta

Durante muchos años algunos políticos argentinos denunciaron públicamente manejos irregulares de algunos altos funcionarios del gobierno K. Los casos llegaron a la Justicia y durmieron, durante años, el sueño de los justos.

Debió perder el poder el kirchnerismo para que el Poder Judicial despertara súbitamente y comenzara a cumplir su función: buscar la verdad, separar las imputaciones sin fundamento de aquellas que tienen sustento, y llamar a responsabilidad a quienes se hubieran apartado de las normas.

Los uruguayos observan hoy con incredulidad lo que sucedió en Argentina durante los 12 años de kirchnerismo. Exjerarcas que tiran bolsos con dinero en un convento, obscenos sobreprecios en la obra pública, amigos del poder que devinieron en millonarios, exministros imputados y hasta condenados, y hasta un exvicepresidente procesado. Pero, ¿acaso podría haberse caído tan abajo si los jueces y los fiscales hubieran cumplido con su deber y hubieran actuado con diligencia?

En Brasil, en cambio, hubo jueces y fiscales que hicieron su trabajo. No les importó que las denuncias involucraran a altos jerarcas del partido de gobierno, incluyendo al mismísimo Lula. Fueron al hueso, sin miramientos. Funcionarios, legisladores y empresarios marcharon a prisión.

Y por casa, ¿cómo andamos? Primero lo primero. En Uruguay no ha existido nunca, y no existe hoy, un problema generalizado de corrupción como el que están enfrentando nuestros vecinos. No hay gobiernos desde los que se promueva el beneficio personal de sus integrantes ni funcionarios que salgan enriquecidos de la función pública. Más bien, todo lo contrario.

Pero asumiendo eso, ¿actúa nuestra Justicia como debe cuando hay denuncias que ponen en cuestión el proceder de gobernantes, funcionarios o empresarios vinculados con procesos con el Estado?

¿En qué está, si es que está en algo, la denuncia penal que todos los partidos de oposición presentaron acerca de hechos con apariencia delictiva en Ancap? ¿Se ha hecho algo? ¿Han llamado a alguien? ¿No tienen los ciudadanos derecho a saber, cuanto antes y no cuando cambie el gobierno de signo, cómo se manejaron sus dineros en esta empresa pública, y si hay funcionarios públicos y privados que se apartaron de la ley? ¿Cuál es la responsabilidad del vicepresidente de la República?

¿Puede demorarse tanto en determinar si hubo sindicalistas que actuaron mal en el sonado caso del Plan de Vivienda Sindical?

¿Se hizo algo para determinar si tienen o no fundamento las denuncias de estafa vinculadas a la malograda construcción de la regasificadora?

¿En qué quedó lo de Pluna? ¿Alguien sigue investigando? ¿Sólo Campiani y sus socios fueron responsables del colapso de la empresa? Y en la posterior subasta de los aviones de la ex Pluna, ¿fueron sólo Lorenzo y Calloia los que se apartaron de las normas?

¿Y los negocios con Venezuela? ¿Hay alguien trabajando en eso?

La Justicia debería ser más diligente. Las demoras afectan el buen nombre de los imputados, cuando son inocentes, y alientan la desconfianza de los ciudadanos.

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