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La Justicia inicia un año con ajuste de cinturón

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Corte: tres mujeres en 107 años: Sara Fons, Jacinta Balbela y Sara Bossio. Foto: A.Colmegna.
Fachada Suprema Corte de Justicia en Plaza Cagancha por asuncion de Felipe Hounie como nuevo ministro Suprema Corte de Justicia, foto Ariel Colmegna, Archivo El Pais, nd 20150209
Archivo El Pais

Recortan papel, servicios de limpieza y seguridad y postergan las obras edilicias proyectadas.

El Poder Judicial reclamó durante el debate presupuestal de 2015 más recursos, pero no tuvo suerte. Según la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es la primera vez que el Poder Judicial "no figura" en una ley de presupuesto. Hoy recibe el 1,2% de los dineros públicos; al finalizar los cinco años del actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez lo adjudicado será de 0,80% del global. Ese porcentaje es menor al que disponían luego de la crisis de 2002.

No habrá nuevas obras, se postergará la finalización de algunas, comenzará a escasear el papel en los juzgados, la limpieza y se resentirá la seguridad en los juzgados.

Los operadores judiciales están furiosos y quieren que el Ministerio de Economía reaccione. El juez penal Ricardo Míguez, presidente la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El País que la situación es "preocupante". "Ya hay dificultades en los juzgados, por ejemplo con el papel. Yo antes sacaba tres copias de las sentencias, una para llevar mi propio registro, otra para el expediente y la tercera para el decreto complementario. Ahora saco dos y bajé un 30% el consumo de papel", contó.

El problema se presenta cuando se debe notificar a la defensa y al fiscal sobre una sentencia, hay que hacer copias. "Hay que esperar entonces que nos manden una segunda tanda de hojas", lamentó. Además, Míguez está preocupado por la cercanía de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. "Sin dinero se retrasará. No es una alarma sino la constatación de la realidad", afirmó.

Uno de los problemas mayores en los juzgados es cuando se debe contratar a un perito, a un forense o a un traductor. Estos gastos se incrementarán con la vigencia del nuevo Código, apuntó el magistrado. También recordó que se necesitará dinero para contratar a más defensores de oficio. En su juzgado hay tres defensores para trabajar con cuatro jueces por turno.

En los cinco años de la actual administración, la SCJ recibirá $ 640 millones menos de lo que presupuestó para la obras que dice que necesita para funcionar adecuadamente. Las inversiones proyectadas para los cinco años eran $ 1.386 millones, y el Ministerio de Economía se las bajó a $ 746 millones. Casi la mitad de lo previsto por la Corte (47,8%) se iba a destinar a terminar el Centro de Justicia de Maldonado. Al no contar con sede propia en la capital fernandina, la Corte paga US$ 25.000 de alquiler mensual, unos $ 750.000.

El otro gran rubro con que los ministros contaban es para Informática. Se llevaría el 15,5% de su presupuesto quinquenal, $ 215 millones en todo el período, pero eso también fue recortado.

Los funcionarios del Poder Judicial coinciden con los ministros y por eso intentan formar parte del comité de crisis que se formó en la Corte. Advierten problemas con los recortes que afectarán el servicio a los usuarios y, sobre todo, la seguridad en los juzgados donde muchas veces delincuentes y víctimas están cara a cara.

Carlos Fessler, vocero de la Asociación de Funcionarios Judiciales (Afuju), prevé un panorama bastante complicado. "Una de las cosas que planteamos cuando el conflicto de 2014 es que pretendemos que se mejore el funcionamiento del Poder Judicial. Pero el 2016 lo empezamos con malos augurios porque a la formación del comité de crisis se agregaron versiones de que los recortes serán importantes", dijo a El País el sindicalista.

Un documento del Poder Judicial presentado al Parlamento cuando se discutió su presupuesto, al que tuvo acceso El País, señala que además del Centro de Justicia de Maldonado (47,8% del presupuesto pedido), las inversiones edilicias iban a implicar el 16% y el reacondicionamiento de inmuebles el 4,4%. Todo postergado.

"No pretendemos el 100% de los reclamos" pero "necesitamos salir del estado de estancamiento", dijo el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, luego de la ceremonia de asunción, el lunes 1°.

Los funcionarios apoyan este pedido. Fessler dijo que como la Corte "no tiene expectativas de final feliz, va tomando decisiones. Si no hay refuerzo presupuestal los servicios básicos se verán afectados".

Cuando hacen pedidos de insumos en general se responde que no hay recursos. "Hablo de, por ejemplo, cuando pedimos cambiar la botonera en un ascensor, si el ascensor demora o se tranca, queda sin efecto. También mejoras de iluminación o cableados para informática que no se están haciendo", explicó Fessler.

Los Defensores de Oficio lo ven por el lado de la falta de personal. Fuentes de la organización indicaron a El País que están necesitando un 40% más de personas que desempeñen esa actividad pero no hay en el presupuesto judicial dinero para recursos humanos. Admitieron que no hay chances de transformar cargos porque en todas las áreas están por debajo de lo imprescindible. "Se va a notar" el presupuesto cero. "Nos van a decir cuiden el material, que es lo que venimos haciendo hace tiempo", dijeron fuentes judiciales. En su especialidad, los defensores se manejan con informes en formato informático, es decir que no usan tanto papel. Pero igual hay quienes fotocopian e imprimen por comodidad, y también por una razón fundamental: "Si se cae el sistema ¿qué hago?", preguntó uno de los informantes.

Salarios.

Luego de un largo conflicto, la Suprema Corte y los sindicatos de judiciales firmaron con el Ministerio de Trabajo un convenio por el cual cada funcionario recibirá una partida fija de $ 25.000 por el ejercicio 2015 y un incremento a partir del 1º de enero de 2016 aplicando un mismo porcentaje de aumento para todos los grados y escalafones en concordancia con la actual escala salarial.

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Corte: tres mujeres en 107 años: Sara Fons, Jacinta Balbela y Sara Bossio. Foto: A.Colmegna.

Los recortes en el Poder JudicialDANIEL ISGLEAS

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